Horas antes de
que tuviera lugar la audiencia pública autoconvocada por la ley de
bosques, el oficialismo valló la legislatura y convocó a una
reunión de comisión sólo para legisladores.
por Ruth Benitez
Pasado el
mediodía del martes comenzaron a ser valladas las calles de acceso a
la legislatura y la Infantería se hizo presente en las puertas de
acceso y en los pasillos. El motivo de este exceso de seguridad era
la audiencia pública autoconvocada por legisladores de la oposición
y diversos actores sociales que cuestionan el proyecto de
modificación del mapa de zonas protegidas.
Sumado a esto, el
oficialismo de Unión por Córdoba llamó a una reunión de Comisión
de Agricultura y Recursos Renovables, a la misma asistieron tres
técnicos que explicaron sobre la recolección de datos y los
criterios que se tendrán en cuenta para la elaboración del nuevo
mapa.
La perlita de
esta comisión no sólo fue que se desarrolló al interior de un
recinto vallado, sino que sólo podían asistir los legisladores y
sus asesores habituales, nada de invitados, nada de especialistas,
nadie por fuera. “Ese es el criterio que acordamos” sostuvo Oscar
González, presidente provisorio de la Unicameral y legislador de UPC
por el departamento San Javier ante el requerimiento de legisladores
del Frente de Izquierda y de Córdoba Podemos.
Las parodias del
diálogo
El “criterio”
expresado por el legislador de UPC pone blanco sobre negro los
intereses que privilegia el proyecto de modificación de ley de
bosques: el agronegocio, la ganadería, la especulación inmobiliaria
por sobre las necesidades del pueblo trabajador, que termina
sufriendo los crímenes sociales de las inundaciones, y de los
pequeños campesinos que son expulsados de sus lugares.
Es por la misma
razón que la mesa de diálogo que se había conformado terminó
siendo abandonada por el mismo gobierno, que la autoridad de
aplicación pasó de ser la Secretaría de Ambiente al Ministerio de
Ciencia y Tecnología y que serán los legisladores quienes asignaran
las prioridades de conservación del bosque.
El secretismo y
el lobby por sobre una invitación amplia a todos los sectores
sociales involucrados, “esos 200 revoltosos que están ahí
afuera”, según González.
Consultada la
legisladora del PTS por el Frente de Izquierda, Laura Vilches
expresó: “Quieren imponer una ley que avanza sobre el ya
deteriorado bosque nativo, proponiendo un nuevo ordenamiento
territorial a la medida de los desarrollistas urbanos y el
agronegocio. Ya vimos con las inundaciones de Sierras Chicas en 2015
y con los períodos de sequía que hemos sufrido en otros años, cómo
impacta el retroceso de nuestro bosque. Cualquier ley votada tiene
que avanzar en la recuperación de las áreas deforestadas y no
permitir que se desmonte una hectárea más en nuestra provincia.
Buscan, por otro lado, legitimar el desmonte ilegal ya producido por
barrios privados, sojeros, productores ganaderos bajo la actual ley
con penalizaciones que serán perdonadas acorde al nuevo mapa que
proponen. Cuando los sectores rurales aceptaron sin mucha queja el
aumento del impuesto inmobiliario rural, dijimos que ésta podía ser
la prenda de negociación con Unión por Córdoba. Hoy lo estamos
confirmando”.
Fuente:
Ruth Benitez, Ley de Bosques en Córdoba: entre el apuro y los negocios, 14/12/16, La Izquierda Diario. Consultado 14/12/16.
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