Aseguran que el
gobierno nacional argentino abandonó a la sociedad civil en la
prevención de impactos negativos por el uso de químicos.
por Jorgelina
Hiba
Decenas de
organizaciones ambientalistas argentinas presentaron ante Naciones
Unidas un informe en el que se denuncia el estado de abandono de la
sociedad civil frente a las aplicaciones de agroquímicos como causa
de la total inacción del Estado para controlar, regular y prevenir
daños por las fumigaciones.El documento, llamado "Agrotóxicos:
evaluación de riesgos, salud y alimentos en Argentina" fue
elaborado por 38 ONG locales y presentado esta semana ante los
relatores especiales del Derecho a la Alimentación y Derechos
Humanos, y Sustancias y Desechos Peligrosos de la ONU, un órgano
internacional que sigue de cerca las situaciones de riesgo ambiental
derivados de malas prácticas agrícolas en el mundo.
En el documento
de 88 páginas se denuncia que la situación argentina respecto al
uso de agrotóxicos y a la presencia de organismos genéticamente
modificados (OGM) en la agricultura y en el proceso productivo de
alimentos "es grave y requiere que el Estado adopte medidas
urgentes para garantizar los derechos humanos a la salud, al agua
potable, a la alimentación adecuada y al ambiente sano".
"En el país
no hay una ley que regule el proceso de registros, autorización y
usos de los agrotóxicos. Tampoco hay una ley sobre bioseguridad y
OGM", argumentaron los ambientalistas, que puntualizaron que la
situación actual "refiere a la exposición directa de la
población a las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de
las viviendas y escuelas rurales y a la exposición indirecta de toda
la población a través del consumo de alimentos con residuos de
agrotóxicos y derivados de OGM".
Ante esta
situación, consolidada durante los últimos 20 años por el avance
de los agronegocios y el boom de los precios de los commodities, el
Estado aparece como un ente ausente que se deslinda de sus
responsabilidades o que, incluso, actúa en complicidad con las
grandes empresas del sector.
"Las
autoridades en todos sus niveles omiten de modo deliberado
implementar una política sanitaria adecuada que implique la atención
y vigilancia de la salud para analizar y evaluar la relación entre
agroquímicos y determinadas enfermedades", alertaron.
Efectos nocivos
Además
denunciaron que tampoco se atienden las externalidades del modelo
productivo, que van desde "la afectación evidente a la
biodiversidad a la supresión de los servicios ambientales del agua y
suelo, la evanescencia de la diversidad agrícola, deforestación,
avance de la frontera agropecuaria, despojo de tierras a movimientos
campesinos y pueblos originarios y un aumento visible de enfermedades
crónicas y de las tasas de malformaciones congénitas, enfermedades
neurológicas, oncológicas y hematológicas todas ellas en relación
directa y proporcional con el incremento del uso de agrotóxicos y
OGM en la Argentina en los últimas dos décadas".
También piden
que informen al Consejo de Derechos Humanos que en Argentina "se
vulnera el derecho humano a la alimentación adecuada, a la
información, a la salud, al acceso al agua potable y al ambiente
sano al permitirse el uso de paquetes tecnológicos que asocian
semillas modificadas genéticamente con la aplicación de millones de
litros de agrotóxicos cuyas cantidades van subiendo año tras año".
Los
ambientalistas recuerdan que aún en el caso de que existan dudas
respecto al nexo de causalidad entre fumigaciones y enfermedades
existe el principio jurídico de la precaución que obliga a que los
Estados "adopten medidas urgentes para despejarla".
El documento
afirma que los agrotóxicos "no son fitosanitarios, son biocidas
y el modelo del agronegocio es genocida: enferma y mata, y debe
encuadrarse en la figura de ecocidio dado que afecta a toda la
naturaleza".
Fuente:
Agroquímicos: duro informe ante la ONU por inacción del Estado, 09/12/16, La Capital. Consultado 09/12/16.
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