Los mocovíes,
wichís y tobas denuncian que el 12 de octubre el gobierno de Chaco
hará entrega de 200 mil hectáreas de tierra a las comunidades
originarias como si fuera una reparación, pero les estarán robando
otras 100 mil que entregarán a criollos.
por Darío
Aranda
Tres pueblos
indígenas de Chaco (mocovíes, wichís y tobas -qom-) denuncian
que el gobierno provincial está a un paso de robarles 100 mil
hectáreas. Se trata del conocido territorio llamado “Reserva
Grande”, 300 mil hectáreas destinada a los pueblos originarios que
habitan el Impenetrable, a los que se les debe entregar un título
único y comunitario. Pero en sentido inverso, y mediante un decreto,
el Gobierno les otorgó 100 mil de esas hectáreas a criollos (hecho
prohibido por la Constitución de Chaco y leyes nacionales). Las
autoridades provinciales eligieron el 12 de octubre para hacer
efectivo el despojo.
La Reserva Grande
está ubicada en el Impenetrable, entre Comandancia Frías, Fuerte
Esperanza y Nueva Pompeya, al sur del río Bermejito, un codiciado
oasis ambiental, rico en fauna, flora y biodiversidad. Zona de
pueblos originarios desde tiempos inmemoriales. En 1992, por ley, se
reconoció que la Reserva era el lugar de vida y trabajo de los
pueblos indígenas. Y se debía avanzar en la titulación de la
tierra que (según las leyes nacionales e internacionales) debe ser
un dominio comunitario (no títulos individuales).
Durante veinte
años, los distintos gobiernos demoraron la entrega de tierra a las
comunidades. La mensura, finalizada en 2011, determinó que la
superficie del territorio indígena era de 306.849 hectáreas, en los
departamentos Güemes y Brown. El Gobierno provincial, aún cuando ya
estaba legalmente en condiciones de titularizar en 2011, puso como
condición que se llegara a un acuerdo con los pobladores criollos
que habitan en la Reserva. La propuesta indígena fue la permanencia
de familias campesinas (pero sin títulos de propiedad) y/o
relocalización.
En 2013 se estuvo
a punto de lograr el ansiado título comunitario, pero el Defensor
del Pueblo de Chaco, Gustavo Corregido, intervino por pedido de los
criollos que viven dentro de la Reserva Grande. El Gobierno frenó la
entrega del título.
Las comunidades
indígenas y organizaciones que las acompañan cuestionaron la
suspensión. “Los pueblos Indígenas de Chaco han sido suspendidos
en derechos durante muchos años, han sido suspendidos de las
políticas públicas durante más tiempo y han sido suspendidos de
sus libertades fundamentales desde la Conquista. La Ley del Aborigen
Chaqueño primero, y la reforma de 1994 luego, vinieron a terminar
con esta discriminación y marginación y exigen al Estado de la
Provincia que no existan más suspensiones. Alarma que el Defensor
del Pueblo haya recomendado al Gobernador una suspensión de un
derecho constitucional vigente y en proceso de concreción”,
cuestionaron la Asociación de Abogados Indígenas de Argentina
(AADI), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y
numerosas organizaciones sociales.
A fines de 2015,
mediante seis decretos, el gobernador Jorge Capitanich sorprendió
con la división de la Reserva Grande: 200 mil hectáreas para los
pueblos indígenas y 100 mil hectáreas para los criollos (las que se
entregarán a campesinos son las mejores de la Reserva, con acceso al
río y las aguadas, tierras que permiten agricultura). De inmediato,
la organización indígena Mowitob denunció la violación de los
derechos indígenas, la Constitución de Chaco, la nacional y
tratados internacionales de derechos indígenas. Recordaron que
existe frondosa legislación que prohíbe dividir el territorio
indígena y, mucho más aún, no se puede entregar la tierra
comunitaria a terceros (en este caso, criollos).
Precisaron que la
Constitución de Chaco, en sintonía con la Constitución Nacional,
en su artículo 37 “garantiza la propiedad y posesión de las
tierras indígenas, las mismas son indivisibles, intransferibles,
inembargables e imprescriptibles”.
El nuevo gobierno
provincial, a cargo de Domingo Peppo, avanzó con la política de
quitarle 100 mil hectáreas a los indígenas, entregarla a los
criollos (incluso con títulos individuales) y reconocerles el resto
a las comunidades originarias. En la maniobra participan cuatro
organismos provinciales: El Instituto de Colonización, la Dirección
de Catastro, la Dirección de Registro Provincial y Instituto del
Aborigen Chaqueño (Idach). Según el anuncio oficial, se hará
efectivo el próximo 12 de octubre, y será presentado como “un
acto de reparación” a los pueblos originarios.
Las comunidades
mocoví, wichí y toba (qom) brindaron una conferencia de prensa la
semana pasada. Volvieron a denunciar la maniobra del gobierno
provincial, rechazaron el “robo de 100 mil hectáreas indígenas”
y recordaron que “se están violando todos los derechos”
indígenas. “No entendemos por qué desconocen el trabajo de años
que venimos haciendo y no sabemos por qué dejan de lado la propia
constitución de la provincia”, reclamó Oscar Villalba, de la
organización Mowitob.
Las
organizaciones que acompañan el reclamo indígena (Equipo de
Pastoral Aborigen, Junta Unida de Misiones y el Instituto de Cultura
Popular) emitieron un comunicado: “Es una grave violación a los
derechos de los pueblos indígenas, un claro abuso de poder. Y se
deja el territorio al arbitrio de los sectores económicos ligados a
la madera, que apetecen la explotación de los recursos forestales de
inestimable valor”. Reclamaron a las autoridades provinciales que
revean su postura y eviten “la angustia e injusticia” que padecen
las comunidades indígenas.
La organización
Mowitob adelantó que el martes habrá cortes de ruta en Chaco,
reclamó audiencia urgente con el gobernador Domingo Peppo y anunció
que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
De concretarse la
iniciativa oficial, los pueblos indígenas perderán 100 mil
hectáreas de territorio, los criollos contarán con tierras y
títulos de dudosa legalidad, y el despojo a los pueblos originarios
tendrá un nuevo capítulo.
Fuente:
Darío Aranda, Una reparación que es despojo, 10/10/16, Página/12. Consultado 15/10/16.
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