El verdurazo en
Plaza de Mayo fue la manifestación de reclamo por un modelo que
contemple a los agricultores familiares. El proyecto presentado por
la UTT. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, mira para
otro lado: el agronegocio.
por Darío Aranda
El verdurazo en
Plaza de Mayo, cuando se entregaron veinte mil kilos de verduras,
puso en primer plano los reclamos de agricultores familiares y
campesinos ante el gobierno nacional. La Unión de Trabajadores de la
Tierra (UTT), impulsora de la acción, presentó un proyecto de ley
que apunta a debatir el modelo agropecuario: la necesidad de
redistribución de tierras. Una decena de organizaciones rurales
exigen presupuesto para el sector mientras que desde la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian 250 despidos en la
Secretaría de Agricultura Familiar (SAF).
La entrega de
verduras, el 14 de septiembre pasado, fue una forma de reclamar
precios justos para los productores rurales y también apuntó a la
concentración de tierra en pocas manos. En Argentina, según datos
del INTA, el tres por ciento de las explotaciones agropecuarias tiene
el 50 por ciento de la tierra productiva del país.
“Constitúyese
el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar
como política de desarrollo económico y social, cuyo objeto es
facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de
tierras para la agricultura familiar”, señala el primer artículo
del proyecto de ley presentado por la UTT en el Congreso. Las
familias productoras (del Gran La Plata, Berazategui, San Vicente,
Luján y Escobar) trabajan entre media y cuatro hectáreas, y sufren
el asedio de barrios privados y especuladores inmobiliarios.
“Mas de 2000
familias salimos a mostrar la realidad en la que se vive y en la que
se produce la verdura que comen en Buenos Aires. Como ejemplo, de la
lechuga que pagás entre 20/40 pesos el kilo, al productor sólo le
llega un peso”, explicó Nahuel Levaggi, de la UTT.
El ministro de
Agroindustria, Ricardo Buryaile, cuestionó el reclamo: “En vez de
regalar en Plaza de Mayo que vayan a vender a la feria”. Y señaló
que nunca le habían pedido audiencia. La organización rural se
había manifestado en diciembre pasado, frente a la sede del
Ministerio (también lo había hecho con el anterior gobierno) e
incluso habían sido recibidos por el jefe de Gabinete, Guillermo
Bernaudo, pero no les brindó ninguna solución concreta.
El 19 de
septiembre volvieron a reunirse con Bernaudo. “Propusimos una mesa
que analice el proyecto de ley de tierras y una respuesta concreta
del Gobierno. En diez días prometieron respuesta”, explicó
Agustín Suárez de la UTT. También plantearon que la Secretaría de
Agricultura Familiar está “sin presupuesto y vaciada”. El jefe
de Gabinete de Agroindustria les reconoció la falta de fondos. “Dijo
que estaba ‘expectante y ansioso’ a la espera de presupuesto,
como si él no tuviera nada que ver”, cuestionó Suárez.
En paralelo, una
docena de organizaciones campesinas que conforman el Consejo de
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (espacio reconocido
oficialmente como asesor de la Secretaría de Agricultura Familiar)
se reunió del 13 al 15 de septiembre y emitió una declaración. “El
sector está siendo seriamente perjudicado por las decisiones
políticas del Gobierno”, afirma el documento firmado por la
Asamblea Campesina Indígena de Norte Argentino (Acina), el
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Foro de la
Agricultura Familiar (Fonaf), el Movimiento Campesino Liberación
(MCL), la Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA) y el
Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela), entre otros.
Cuestionaron el
quite (y baja) de retenciones a productos del agronegocio (como soja
y maíz) y denunciaron el vaciamiento de políticas para el sector
campesino. Las organizaciones exigen la urgente reglamentación de la
Ley 27.118, llamada de “reparación histórica de la agricultura
familiar”. La norma fue aprobada en 2014 pero nunca se le asignó
el presupuesto ni tampoco fue reglamentada para su aplicación plena.
El secretario de
Agricultura Familiar, Oscar Alloatti, no dio respuestas concretas.
“Es de suma urgencia que se tomen medidas con fondos específicos
para atender las necesidades de nuestros productores”, solicitaron
los campesinos.
El ministro
Buryaile no dio respuesta a las organizaciones campesinas, pero el
mismo día tuvo un gesto para los empresarios del agronegocio: “Para
nosotros las retenciones deben desaparecer. El compromiso del
presidente Macri es bajar las retenciones, las vamos a bajar porque
entendemos que es un mal impuesto”.
El 13 y 14 de
septiembre hubo plenario nacional de delegados de la Secretaría de
Agricultura Familiar (SAF-ATE). Con la gestión Buryaile-Alloatti ya
contabilizaron 250 despidos (en Chaco y Corrientes hubo telegramas
masivos).
Fuente:
Darío Aranda, Un modelo que no es verdurita, 03/10/16, La Página/12. Consultado 03/10/16.
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