Más por vecinos que por ambientalistas

El “acampe anti-Cormecor” agrupa y es sostenido por vecinos de Parque Santa Ana. Aunque los escuchan, mantienen distancia de políticos y de referentes “anti-Monsanto”.

por Javier Cámara

El conflicto de intereses está instalado. El proyecto para radicar el complejo de la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor) en el sur del Gran Córdoba ya tiene a quienes lo quieren impedir.

Son, en su mayoría, los habitantes de los barrios abiertos y cerrados de la localidad de Villa Parque Santa Ana, ubicada a casi cuatro kilómetros del predio donde se edificaría el complejo ambiental. Vecinos a los que les preocupan los efectos del emprendimiento que tendrá enterramiento y separación de residuos, pero también incineración controlada de gases, entre otras cosas.

Con el objetivo de que sus vidas no comiencen a parecerse demasiado a las de los vecinos de Bouwer, que padecen de distintos modos la proximidad de otros dos predios de enterramiento sanitario, se autoconvocaron y decidieron montar un acampe en el camino de ingreso al predio en cuestión, a la altura del kilómetro 20 de la ruta 36.

“Un acampe como el de los anti-Monsanto” es la comparación que más se escucha, porque el objetivo inmediato es similar: impedir que se concrete una instalación que podría provocar contaminación. Sin embargo, de acuerdo con lo que pudo constatar este diario, no se trata de lo mismo. Al menos por ahora.

Los que sostuvieron el acampe contra la radicación de la semillera era un grupo estable más ideologizado y politizado. En cambio, en el “campamento” de una carpa, dos baños químicos y un improvisado “quincho” de chapa montado en el Paraje Alto El Durazno, el único habitante permanente es Franco Reynoso, vecino de Villa Parque Santa Ana que no anda con vueltas para explicar su pertenencia: “Sólo represento a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, no a partidos políticos, ni a otros que buscan otros intereses”.

Reynoso dice que hicieron una “vaquita” (una recaudación de dinero) entre los vecinos de la localidad donde vive, de los barrios La Melinca, Mi Valle, Campos del Virrey y del paraje Alto El Durazno para montar la estructura del acampe y sostener la resistencia. “Lo de Cormecor vulnera el derecho a la salud de vivir en un ambiente sano –expresó–, por eso no vamos a permitirlo y nos vamos a quedar aquí hasta que consigamos que una autoridad venga con un papel en el que se confirme que no se hará ese complejo”, dijo.

El acampe recibe visitas permanentes de vecinos de la zona, productores agropecuarios y lugareños que apoyan la protesta. Algunos llevan criollitos y yerba para el mate. También se acercan concejales de Santa Ana, en nombre del intendente José Luis Becker, que defendió la postura de los vecinos durante la audiencia pública que se realizó hace un año.

La edila Beatriz Mayor, por ejemplo, cargó contra el “estudio de impacto ambiental” (ver aparte) y “contra los que quieren hacer política con esto, como la gente del partido ADN, del concejal Tomás Méndez, que es mi vecino en un barrio cerrado”.

¿Qué organizaciones apoyan el acampe? “Formalmente, la Biblioteca Popular la Urdimbre y la ONG ‘Mi pueblo no es una Cantera’, de la comuna José de la Quintana”, dijo Reynoso. Contó que días atrás estuvieron Raúl Montenegro (de Funam) y Sofía Gatica (Madres de Ituzaingó), “pero sólo para compartir sus experiencias. Nosotros no queremos que nos contamine Cormecor”, concluyó.

“El estudio de impacto se hizo según la ley”

Consultado sobre estas argumentaciones, el director titular de Cormecor, Hugo Pesci, defendió no sólo el informe técnico de impacto ambiental, sino todo el proceso que lo incluye. Y destacó que es la ley vigente la que establece que es el proponente quien debe pagar el estudio de impacto.

Los vecinos del sector que se han unido para “impedir” la instalación del complejo de Cormecor se apoyan en dos argumentos generales, que incluyen a otros más específicos: 1) que a nadie le gustaría tener un enterramiento de residuos en el “patio” de su casa (en un sector que ya tiene otros dos sitios similares); y 2) que el estudio de impacto ambiental -acusan- “está amañado porque lo pagó la parte interesada”, es decir, la propia Cormecor.

Consultado sobre estas argumentaciones, el director titular de Cormecor, Hugo Pesci, defendió no sólo el informe técnico de impacto ambiental, sino todo el proceso que lo incluye. Y destacó que es la ley vigente la que establece que es el proponente quien debe pagar el estudio de impacto.

“La ley -le dijo a La Voz- es la que dice que el proponente es quien debe pagar el estudio de impacto ambiental, y todo lo que hemos hecho responde a lo que establece la ley”.

Explicó que el informe técnico que cuestionan los vecinos autoconvocados es sólo una parte de lo que es toda la Evaluación de Impacto Ambiental, que se hace con una comisión de seguimiento y que se pone a consideración en la audiencia pública”, dijo Pesci.

Afirmó que “el resultado de ese proceso es que el complejo puede ser montado allí porque se cumple con todos los requisitos y las exigencias”, agregó.

Acerca del argumento vecinal que le achaca fallas y falsedades al informe hidrológico, Pesci dijo: “Se hicieron dos estudios: el de hidrología subterránea y el de hidrología superficial. Y los resultados son muy claros”, explicó Pesci. Tras señalar que el agua subterránea no se va a contaminar, aseguró que “por pendiente regional, Villa Parque Santa Ana está por encima del predio donde se construirá el complejo; en efecto, no hay forma de que el agua subterránea suba, y no hay otras poblaciones aguas abajo”.

Con el agua superficial pasa algo similar, según Pesci: “El agua que pasa por el predio no llega a Santa Ana. No obstante, vamos a mejorar la situación de los excedentes hídricos”.

Fuentes:

Javier Cámara, Más por vecinos que por ambientalistas, 29/10/16, La Voz del Interior. Consultado 29/10/16.

“El estudio de impacto se hizo según la ley”, 29/10/16, La Voz del Interior. Consultado 29/10/16.