Mediante
la ordenanza 029, los concejales de Andalgalá prohibieron la
actividad minera metalífera a cielo abierto y la extracción de
minerales nucleares. También prohibieron el uso de aguas para la
actividad extractiva.
por
Darío Aranda
La
localidad catamarqueña de Andalgalá conoce de megaminería hace
veinte años, desde que se instaló el primer proyecto en Argentina
(llamado Bajo la Alumbrera). Desde hace más de quince años que la
comunidad denuncia las falsas promesas y rechaza nuevos proyectos. El
Concejo Deliberante, por impulso de los vecinos, acaba de dar un
golpe impensado: prohibió la megaminería y cerró el pasó al
proyecto Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Es un
logro de la lucha de la comunidad. En materia ambiental los pueblos
tienen autodeterminación frente a gobiernos provinciales y
nacionales, y Andalgalá ya dijo no a la megaminería”, afirmó
Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo.
“Prohíbase
la actividad minera metalífera (oro, cobre, plomo, plata, etc.), en
la modalidad denominada a cielo abierto y la actividad minera de
minerales nucleares, uranio y torio, bajo cualquiera de sus formas,
en las modalidades a cielo abierto o por galería, en todas sus
etapas: cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo,
preparación y extracción en toda la cuenca hídrica del río
Andalgalá”, determina el artículo 1° de la ordenanza 029 del
Concejo Deliberante. El artículo 2° prohíbe el uso de cianuro,
mercurio y los ácidos sulfúrico, clorhídrico, fluorhídrico y
nítrico.
La
ordenanza, de 16 carillas, señala en el artículo 3° la prohibición
del uso de agua de ríos, arroyos y de depósitos naturales de agua
(tanto superficiales como subterráneos) para la actividad
extractiva.
Rosario
Carranza es parte de la Asamblea El Algarrobo. Explicó que la
ordenanza tiene el mismo valor que el plebiscito que nunca les
permitieron realizar y señaló que los concejales actuaron por “la
presión popular” que desde hace años exige que se vayan las
mineras.
El
jueves 8 a la mañana, y de manera imprevista, los siete concejales
de Andalgalá aprobaron la ordenanza 029/16, que prohíbe la
megaminería en la localidad pionera de la actividad. En 1994, de la
mano de Carlos Menem y del gobernador Arnoldo Castillo, llegó Minera
Alumbrera, un consorcio de multinacionales canadienses y suizas para
explotar el oro y cobre del oeste catamarqueño. Las promesas
iniciales fueron un barrio para 5000 personas, 2000 puestos de
trabajo, un hospital de alta complejidad, cuidados del ambiente y
desarrollo local.
Nada
se cumplió. Sólo 50 personas de Andalgalá trabajan en el
yacimiento y se confirmaron roturas del dique de colas (un enorme
piletón de residuos tóxicos que filtra contaminación al acuífero)
y hubo al menos cuatro roturas del mineraloducto (caño de 300
kilómetros de extensión que transporta los minerales) con
contaminación en distintas localidades de Catamarca.
En
2009 se conoció un proyecto minero (llamado Pilciao 16) que afectaba
a gran parte del centro de la ciudad. Y en 2010 se produjo el corte
de camino para cerrar el paso al proyecto Agua Rica (a sólo 17
kilómetros de la ciudad y donde nacen las vertientes de agua). El
proyecto, en mano de la multinacional canadiense Yamana Gold, lo
califican como “el tiro de gracia para Andalgalá”. De ahí la
férrea oposición. En febrero de 2010 sobrevino una feroz represión
sobre el corte de camino de la minera y la población respondió con
una gran movilización popular. En 2010 estuvo a punto de realizarse
un plebiscito, pero el Poder Judicial (por intervención del gobierno
provincial) lo suspendió.
El
intendente Alejandro Páez asumió con discurso crítico a la minería
y sostiene que Agua Rica no se hará. Hace años le exigen un gesto
político claro, la ordenanza. En 2015, asambleístas presentaron un
proyecto de ordenanza, pero no tuvo tratamiento. El jueves pasado fue
aprobado por unanimidad, incluso los tres concejales del Frente para
la Victoria, alineados con la política provincial de apoyo a la
actividad.
Desde
la Asamblea El Algarrobo, espacio de referencia frente al
extractivismo minero, lo explican como un paso más para cerrar el
paso a Agua Rica.
La
última semana de agosto, el juez de Control de Garantías de la
Segunda Circunscripción, Rodolfo Cecenarro, falló a favor de un
amparo presentado por asambleístas y suspendió todas las
actividades del proyecto Agua Rica. Lo hizo luego de la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en marzo había
resuelto en favor de los vecinos pero envió la causa a la provincia.
Sergio Martínez, también de El Algarrobo, recordó que el mismo
juez fue el que ordenó la represión de 2010, lo cuestionó por
criminalizar a los vecinos y pidieron su apartamiento. También
aclaró que exigen la paralización definitiva de Agua Rica (no sólo
la suspensión).
El
mismo jueves de la ordenanza, la gobernadora Lucía Corpacci,
acompañada por el secretario de Minería de la Nación (Daniel
Meilán) respondió: “Estamos dispuestos a pagar el costo político
del desarrollo de la minería”. Y anunció que avanzará con nuevos
proyectos. El secretario general de la Gobernación, Edgardo Macedo,
cuestionó a los concejales, advirtió sobre “graves implicancias”
y adelantó que la provincia analizará la legalidad de la ordenanza.
Aldo
Flores, de la Asamblea El Algarrobo, recordó que la minería no
tiene licencia social en Andalgalá, y afirmó que los proyectos de
la región violan la Ley de Glaciares y de Bosques. “El fallo
judicial y la ordenanza nos hacen aún más fuertes, seguiremos con
la movilización e impulsamos a otros municipios a ordenanzas
similares”, destacó.
La
ordenanza recuerda la vigencia de la Ley General del Ambiente y el
principio precautorio: ante el peligro de daño grave o irreversible,
la ausencia de información o certeza científica no deberá impedir
la toma de medidas de protección para la población y el ambiente.
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