Santiago
del Estero. Greenpeace repudió las reiteradas, y cada vez más
violentas, agresiones de grupos armados hacia familias campesinas en
Santiago del Estero con el objetivo de ocupar sus territorios y
arrasar con sus bosques. La organización ambientalista reclamó a
los gobiernos provincial y nacional que actúen en defensa de las
familias y sus bosques; y al Congreso Nacional que sancione lo antes
posible el proyecto de ley presentado la semana pasada que establece
un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo.
"A
pesar de las reiteradas advertencias y reclamos de organizaciones
campesinas y sociales, crece cada vez más la violencia por parte de
empresarios agropecuarios hacia las comunidades campesinas e
indígenas en Santiago del Estero con el objetivo de desalojarlas y
desmontar. Los que deforestan ilegalmente y agreden a las comunidades
no son empresarios, son delincuentes. Los gobiernos provincial y
nacional no pueden desentenderse de esta grave situación, provocada
en gran medida por la sistemática violación de la Ley de Bosques.
Por su parte, el Congreso debe sancionar lo antes posible la ley que
penaliza los desmontes ilegales", afirmó Hernán Giardini,
coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
En un
comunicado, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía
Campesina (MOCASE-VC) denunció que el sábado pasado "tres
camionetas de la empresa Manaos de Orlando Canido, cargadas con 15
personas armadas con pistolas y rifles, entraron nuevamente a los
tiros a la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo, provincia de
Santiago del Estero. La banda armada empezó a perseguir a las
familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte
con sus hijos e hijas, mientras veían como prendían fuego a las
viviendas y a los vehículos de la comunidad. En esta secuencia de
tiros, dispararon a los vehículos y el compañero Pedro Campos
recibió un balazo en la pierna".
La
Dirección de Bosques de la provincia autorizó el 29 de octubre de
2014 un Plan Productivo de 3.692 hectáreas a la empresa Gran
Hondonada S.A. en las propiedades Lote A, Lote A-10-2 y Lote A-11,
ubicadas en el departamento Juan Felipe Ibarra. Las mismas son parte
de un territorio reclamado por la Comunidad Indígena Iaku Cachi Bajo
Hondo ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el cual
comprende varios parajes (Campo del Cielo, Laguna Baya, Campo San
Martín y Bajo Hondo) y abarca cerca de 10.000 hectáreas. El 14
noviembre de 2014, la Dirección de Bosques suspendió el proyecto,
ante los reclamos de los campesinos. Sin embargo, ya se llevan
desmontadas más de 2.500 hectáreas en forma ilegal. (1)
El
junio de este año Greenpeace envió una carta a la gobernadora de la
provincia, Claudia Abdala de Zamora, manifestando su "profunda
preocupación por un nuevo aumento de la violencia de empresarios
agropecuarios hacia las familias campesinas en Santiago del Estero;
asociada en la mayoría de los casos con el avance de los desmontes
en los territorios que tradicionalmente habitan, muchos de los cuales
se realizan con autorizaciones otorgadas por el gobierno provincial.
(...) Permitir la deforestación en territorios campesinos e
indígenas vulnera en forma flagrante las leyes vigentes e ignora las
demandas de la sociedad. En ese sentido, el artículo 19 de la Ley
Nacional de Bosques (26.331) dicta que "todo proyecto de
desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y
respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del
país que tradicionalmente ocupen esas tierras". Por otra parte,
la organización ambientalista señaló la falta de audiencias
públicas previas a las autorizaciones de cambio de uso de suelo, que
están establecidas por la normativa nacional con el objetivo de
fomentar la participación y evitar los conflictos de tierra y la
violencia que sufren las familias campesinas, cuyos territorios son
arrasados. (2)
Un
reciente informe de Greenpeace denunció que entre enero y agosto de
este año en Santiago del Estero la deforestación ilegal alcanzó
las 10.583 hectáreas de bosques (el doble que en las zonas
permitidas). (3)
La
semana pasada, la Diputada Nacional Victoria Donda presentó junto a
Greenpeace el proyecto de ley "Régimen Penal de Protección al
Bosque Nativo", el cual establece una pena de 2 a 10 años de
prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el
desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de
bosques nativos. De la conferencia de prensa participaron indígenas,
campesinos y vecinos afectados por la deforestación en Santiago del
Estero, Salta, Córdoba y Neuquén. (4)
Notas:
- Informe de Greenpeace “Desmontes S.A. Parte 3. El mapa del delito forestal en Argentina”.
- Carta de Greenpeace a la gobernadora de Santiago del Estero
- Informe de Greenpeace "Deforestación en el norte de Argentina (enero - agosto 2016)
- Proyecto de ley "Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo"
Fuente:
Greenpeace repudia nuevas agresiones de grupos armados a familias campesinas en Santiago del Estero, 26/09/16, Greenpeace Argentina.
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