Mientras los vecinos afectados por el derrame marcharon hasta la capital provincial para entregar un petitorio que reclama, entre otras cosas, el fin de la explotación de la Barrick, el gobierno y la Justicia inspeccionaron in situ.
por Nicolás
Romero
Los asambleístas
de “Jáchal no se toca” marcharon los 156 kilómetros que los
separa de la ciudad de San Juan para entregar un petitorio a las
autoridades provinciales, que no les concedieron una reunión para
recibirlo. En el texto, que dejaron en las mesas de entradas de la
Casa de Gobierno y la Legislatura provincial, los asambleístas piden
el cierre de la mina Veladero, la “entera remediación del ambiente
dañado” y que se dicte la prohibición para la llegada de otra
explotación minera a la zona. Al mismo tiempo que eso sucedía en la
capital provincial, en el yacimiento de la Barrick Gold se realizaban
adelante dos inspecciones: en una, la Justicia buscaba documentación
relacionada con el derrame; en otra, las autoridades provinciales
procuraban verificar el avance de los trabajos de readecuación que
debe realizar la empresa para que se levante la suspensión de las
actividades.
La primera de las
inspecciones estuvo a cargo del juez penal de Jáchal, Pablo Oritja;
la del gobierno provincial –que a última hora de ayer aún no
había terminado– fue encabezada por el ministro de Minería,
Alberto Hensell, que estuvo acompañado por las nuevas autoridades
del área de Gestión y Control Ambiental Minero, Eduardo Machuca y
el secretario técnico Marcelo Maidana.
En diálogo con
Página/12, el abogado de los asambleístas, Marcelo Arancibia,
aseguró: “no somos optimistas”. “Pedimos el cierre de la mina
y el respeto por el medio ambiente, y la respuesta del gobierno es el
anuncio con bombos y platillos de una nueva mina, Constelaciones.
Para dimensionar el proyecto: Veladero y Pascua Lama utilizan 490
metros cúbicos de agua por segundo y Constelaciones va a consumir
500”, remarcó.
El domingo a las
6 de la mañana, los asambleístas comenzaron a recorrer los 156
kilómetros que separan a Jáchal de la capital sanjuanina. Con un
sistema de postas, hombres, mujeres y algunos niños, fueron
avanzando hacia la ciudad, con banderas y pancartas con consignas en
contra de la minería. A las nueve de la mañana de ayer llegaron a
la ciudad de San Juan para hacer entrega del petitorio. Antes de
dirigirse a la Legislatura y a la casa de Gobierno, la manifestación
pasó por el edificio de la Corte de Justicia para repudiar al juez
Oritja por su actuación. “Para ellos el oro vale más que la vida
y para nosotros el agua vale más que el oro”, dijo uno de los
manifestantes.
“Ante los
reiterados derrames de cianuro y metales pesados en las nacientes del
Río Jáchal, solicitamos el inmediato cierre del emprendimiento
Veladero, la entera remediación del ambiente dañado y la
prohibición de toda actividad futura que ponga en riesgo nuestro
derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano y que comprometa el de las generaciones futuras”, dice el
petitorio.
Arancibia aclaró
que la presentación “la hicimos por mesa de entradas, en la
Legislatura y en la casa de Gobierno, porque no nos recibió nadie”.
Pero, aclaró, “a diferencia de otras veces, sentimos mucho
acompañamiento de la gente, hubo aplausos y bocinazo al paso de la
marcha. Y la sensación de que hay un entendimiento, de que si se
contamina es porque hay corrupción”.
Con la actividad
de la mina suspendida, ayer por la mañana llegaron las dos
inspecciones, acompañadas de un pequeño grupo de periodistas de
medios televisivos y gráficos.
El juez Oritja
subió acompañado de peritos y efectivos de Gendarmería Nacional,
para secuestrar “la documentación que haya en relación al
incidente”, según informaron fuentes cercanas al magistrado.
Oritja buscaba “detalles de cómo fue la contingencia y las tareas
de remediación realizadas”, y “el listado de las personas que
estaban a cargo de la mina al momento del incidente”. Ayer no
estaba descartado que el magistrado pudiera disponer el secuestro de
parte de la cañería que resultó afectada y originó la salida de
material que había estado en contacto con solución cianurada.
El otro abogado
de la Asamblea, Diego Seguí, definió a la inspección judicial como
“una puesta en escena”. “El derrame se produjo el 8 (de
septiembre), y sube ahora, dieciocho días después. Las actas del
Ministerio de Minería ya daban cuenta que se había reparado el caño
que había generado el derrame y que las bermas habían sido elevada.
Va a constatar lo mismo que constato Hensell hace una semana”,
advirtió.
La inspección
del Gobierno provincial, por su parte, procuraba observar el avance
de “los trabajos de levantamiento del nivel de las bermas en 2,5
kilómetros del valle de lixiviación para evitar posibles futuros
derrames”, informaron voceros oficiales.
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Fuente:
Nicolás Romero, Consecuencias del derrame, en continuado, 27/09/16, Página/12. Consultado 27/09/16.
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