Luego de que el
ministro de Ambiente, Sergio Bergman, recorriera pueblos conocidos
por su lucha socioambiental, los asambleístas denunciaron que el
gobierno opera para extender “los territorios devastados por la
megaminería”.
por Darío Aranda
“La minería es
una actividad productiva que el gobierno nacional apoya y desarrolla.
Las posiciones extremas terminan politizando y desprestigiando
actividades productivas que, cuando se hacen seriamente, traen
bienestar para la comunidad”. Las frases, en línea con el discurso
de las empresas, fueron dichas por el ministro de Ambiente, Sergio
Bergman, en su paso por Chubut. Desde su asunción, Bergman visitó
bastiones socioambientales como Esquel, Andalgalá, Jáchal y La
Rioja, con propuestas de “diálogo” para avanzar con el
extractivismo. A ocho meses de su asunción, las asambleas las
cuestionaron duramente. También definieron al ministro. “Es un
lobbista de las mineras”, afirmó Rosario Carranza, de la Asamblea
El Algarrobo de Andalgalá.
A fines de julio,
Bergman visitó Trelew y Rawson. Explicó que el Gobierno promueve
“debates serios” sobre minería y señaló que el problema es la
“falta de controles”. Señaló que era “inconsistente”
oponerse a la minería en una provincia con historia petrolera.
Empresas y
funcionarios impulsan en Chubut el proyecto de plomo y plata Navidad,
en manos de la empresas Pan American Silver. Ubicado entre Gan Gan y
Gastre, el emprendimiento ya fue rechazado por una decena de
comunidades indígenas y asambleas de toda la provincia. El 4 de
agosto hubo movilizaciones en distintas ciudades de Chubut en rechazo
a los nuevos intentos de las mineras y gobiernos.
En Esquel, lugar
emblemático donde en 2003 el 80 por ciento de la población votó en
contra de la actividad, hubo manifestaciones a pesar de la lluvia y
las temperaturas bajo cero. “Nos encontramos una vez más en esta
plaza para manifestar el repudio a la megaminería contaminante y
saqueadora. Exigimos el tratamiento del proyecto de ley de Iniciativa
Popular (presentado por los vecinos) para frenar las mineras para
siempre”, destacó el documento de la Asamblea de Vecinos de
Esquel.
Por su parte, las
Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap) repudiaron “la
continuidad del modelo extractivista” y denunciaron los intentos de
profundización del “saqueo de la megaminería”, que comenzó con
la quita de las retenciones en diciembre pasado. “Pero más nos
preocupa y alerta que los ministerios a cargo de Juan José Aranguren
(Energía) y Sergio Bergman (Ambiente) estén operando conjuntamente
para seguir extendiendo los territorios devastados por la
megaminería”, alertó Marcelo Giraud, de Ampap.
Giraud afirmó
que Bergman busca “quebrar la oposición de las asambleas,
comunidades y pueblos de las provincias cordilleranas”. Una vía en
ese sentido es el intento de los gobiernos, junto a las empresas de
mineras, de derogar las leyes que frenan la actividad, como la 7722
(en Mendoza) y 9526 (en Córdoba).
El Gobierno
pretende avanzar con los proyectos mineros Potasio Río Colorado (de
la denunciada multinacional Vale) y San Jorge. Las asambleas
mendocinas cuestionaron el accionar del subsecretario de Energía y
Minería provincial, Emilio Guiñazú, impulsor de “mesas de
diálogo para la minería sustentable”.
Andalgalá conoce
de megaminería desde hace veinte años. Allí funciona Bajo la
Alumbrera e impulsan el nuevo proyecto Agua Rica, rechazado por
amplios sectores de la población. El ministro Bergman visitó la
ciudad en mayo pasado. Y repitió lo que había hecho en Jáchal y
Chubut: propuso diálogo y “minería con controles”, y pidió
“respetar la ley” para avanzar con la actividad. Rosario
Carranza, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, dijo por eso que
el ministro “es un lobbista de la mineras”. “Su visita fue una
falta de respeto. Repite todos los mismos argumentos de las empresas
y cuestiona nuestros conocimientos, experiencias y propuestas”,
detalló.
El respeto a la
ley es el argumento recurrente de Bergman. En Andalgalá le
plantearon que existen leyes claves: Ley de Glaciares (no se pueden
realizar actividades que pongan el riesgo esas fuentes de agua) y el
principio precautorio de la Ley General del Ambiente (ante riesgo de
contaminación y afectación a la salud, se deben tomar medidas
preventivas y detener las actividades de riesgo).
“Quedó claro
que no vino a escucharnos, vino a buscar consenso para la minería”,
afirmó Carranza y recordó que Andalgalá -donde todos los sábados
marchan en la plaza de la ciudad, hubo cortes de caminos y hasta
puebladas de rechazo- ya se expresó contra la actividad
extractiva.
La Asamblea de
Ciudadanos por la Vida de Chilecito (La Rioja) también se expidió
la semana pasada. “El gobierno de Mauricio Macri y del gobernador
Sergio Casas no solo son continuidad de los anteriores, sino que
profundizan el modelo extractivista que consiste en entregar los
recursos naturales del país a las empresas transnacionales, sin
importarles los costos económicos y ambientales que deberán pagar
los pueblos y las generaciones futuras”, declaró. Los integrantes
de la Asamblea también señalaron: “La visita del mediático
Sergio Bergman, principal lobbista de las mineras, es una muestra de
la decisión del gobierno nacional de que nuestra provincia se
transforme en minera cueste lo que cueste”.
En julio pasado,
la Asamblea Jáchal No se Toca viajó a Buenos Aires para exigir el
cierre y la remediación de la mina Veladero (que derramó en
septiembre más de un millón de litros de solución con cianuro a
ríos de San Juan). También reclamaron la aplicación de la Ley de
Glaciares y cuestionaron al Ianiglia (Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que -según la
misma ley- debiera haber finalizado el inventario de glaciares de
todo el país.
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