Cerroristas

Este viernes los vecinos de Esquel se movilizaron para denunciar y repudiar que la Justicia guardaba fichas informativas de 22 vecinos, muchos de ellos militantes del "No a la Mina". El antecedente directo es la "lista negra" que la empresa Osisko confeccionó sobre asambleístas de Famatina, hallada en diciembre de 2011. En la marcha, también hubo críticas a la intención de utilizar la Ley Anti-terrorista, tal como había sucedido en enero de 2012 en el marco de un ciclo protestas contra megaminería en Catamarca.

por Eduardo Soler

Listas Negras Mineras

El archivo tenía un título llamativo: "Activistas antimineros". Cuando el defensor público Fernando Radziwilowski hizo el doble clic para abrirlo, para su sorpresa se encontró con las caras, nombres, ocupaciones y otras informaciones "de inteligencia" sobre vecinos de Esquel. Allí figuran aseveraciones sobre la postura contra la minería que se desarrolla en medios de comunicación, escuelas públicas y redes sociales, entre otras.

La radio comunitaria Kalewche fue la primera en dar a conocer el hecho: "Caza de brujas", denunció. Además de la relevancia informativa, fue por motivos propios, ya que tres de sus periodistas resultados incluidos en esta lista de espionaje. Entre los datos, se dice por ejemplo que tal persona "actúa muchas veces como vocera de la asamblea del No a la mina".

Si bien en un principio se sospechó directamente de la fiscalía pública, desde ese organismo se defendieron al decir que se trata de un material proporcionado el 28 de mayo por una persona de los "servicios de inteligencia". Y, por ese mismo motivo, no pueden brindar mayores detalles sobre su identidad ni los motivos por los cuales se confeccionó el listado.

Famatina, 2011. El antecedente directo es el hallazgo de documentación olvidada por el el gerente de la corporación minera Osisko en una hostería de Famatina. Encontrada por los vecinos, vieron con asambro un listado de "nombres de buena parte de los asambleístas de Famatina y de Chilecito, con datos personales de cada uno de ellos como edad, profesión e, incluso, referencias del tenor de `Cabecilla´; `Protagonista´, o `Muy agresiva´".

La Asamblea El Famatina No se Toca se declaró en estado de alerta: "Vemos con profunda tristeza y dolor que una de las peores prácticas de la época represiva esté de vuelta. Esta lista negra ya no es confeccionada por militares genocidas, sino por mercaderes inescrupulosos al servicio de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation", actuando con la complacencia del poder político.

Agregaban que "ante la certidumbre que nos provoca el saber que existe un aparato de inteligencia que sigue los pasos de cada uno de los individuos que conformamos el colectivo de las Asambleas Ciudadanas" es que "exigimos de las autoridades políticas, judiciales y policiales, que pongan un freno a los frecuentes actos de intimidación y persecución".

Esquel, 2003- 2015. También en esta oportunidad la Asamblea de Esquel se proclamó en estado de alerta permanente. Y por las particularidades de este caso, concentró sus críticas en el Estado, que estaría realizando espionaje sobre los vecinos. Por ello pidieron la renuncia de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de Esquel.

"Observamos que el Poder Judicial evita las investigaciones o archiva todas las graves denuncias que los vecinos venimos presentando desde hace años: decenas de agresiones y amenazas a vecinos de la Asamblea del NO A LA MINA de Esquel, represión de asambleístas en la Legislatura de diciembre de 2012, connivencia del poder político y las corporaciones mineras", argumenta el comunicado.

Para comprender la situación, uno de los asambleístas listados, Humberto Kadomoto, recordó a La Vaca otros antecedentes en el propio Esquel: “Durante 2003, hubo una serie de vecinos amenazados, otros espiados por teléfono, marcados, y en todos esos casos, el común denominador es que la Fiscalía nunca actuó en consecuencia luego de nuestras denuncias".

De terror

El descubrimiento de las listas en Esquel se dio en el marco de otra situación preocupante. Como responsable de la Oficina de Derechos Sociales y de Pueblos Indígenas de la Defensoría Pública, Radziwilowski tuvo acceso a información que tenía la fiscalía de Esquel en una causa por usurpación iniciada por la corporación Benetton sobre la comunidad mapuche de Cushamen.

En esta causa, el juez Martín Zacchino, en conjunto con la Fiscalía Pública, armaron la demanda de modo tal que incluye el delito de actos de terrorismo, por lo cual se traslada la causa al Juzgado Federal. Esta instancia deniega estas acusaciones, pero el juez local insiste por lo cual lo deriva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según sintetiza La Vaca: "En medio de este intento de aplicación de la Ley Antiterrorista es cuando en mayo se presenta el fantasmal agente, la “persona”, para suministrar información. Así las 22 fichas pasaron a engrosar el expediente mapuche". Sería la primera vez que se aplicara esta Ley -sancionada en 2011 con un tratamiento polémico- en el territorio chubutense.

Catamarca, 2012. Justamente, la primera vez que intentó aplicarse la legislación antiterrorista en el país fue contra asambleístas de Catamarca. El 27 de enero de 2012 fueron detenidas nueve personas por realizar un corte selectivo en el departamento de Santa María.

Para ejecutar la orden, el fiscal subrrogante Julio Landívar los imputó por el artículo 213 bis del Código Penal, que imputa actos que usen "la fuerza o el terror". La  Ley Antiterrorista derogó el artículo 213 ter, donde se tipificaba con mayor claridad qué es un "terrorista", por ejemplo se establecía que debía disponer de armas. La nueva Ley dejó el criterio abierto al fiscal de turno.

En aquella oportunidad, el caso informado por Comambiental tomó relevancia pública ya que el propio Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, se interesó en el tema. Por ese motivo, la causa fue luego archivada, como confirmó en su momento una abogada del equipo de SERPAJ que actuaba en defensa de los cerroristas.

Esquel, 2015. También en diálogo con La Vaca, Pablo Galperín, uno de los periodistas listados, reflexionó sobre el conflicto: "Si bien está la investigación por la reparación mapuche de los Benetton, por otro lado está la cuestión minera que, en el fondo, expresa lo mismo: persecución y judicialización de vecinos o ciudadanos que defendemos las tierras y los recursos naturales frente a las corporaciones, las mineras o los Benetton".

En este contexto, la alusión al terrorismo no es banal: "Allí metida está la complicidad de muchos medios que alimentan las versiones, y hablan de vecinos violentos y comunidades terroristas. Es parte de la misma discusión: lo que amenaza al poder es la participación de los vecinos. Y esta es una manera de amedrentar, segmentar las luchas, fracturar los colectivos y meter miedo”.

La marcha del viernes también lo dejó en claro: "Con una masiva marcha por la defensa de los bienes comunes y el territorio, este viernes los vecinos de Esquel junto a comunidades mapuche-tehuelche, dieron otra muestra de unidad. Esta nueva demostración popular de solidaridad con el pueblo originario en su lucha por la recuperación territorial, también plasmó un fuertísimo repudio a la ley antiterrorista y las acciones de inteligencia sobre vecinos y periodistas de Esquel".

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