Las inundaciones y la política

Foto: Natacha Pisarenko / AP

por Eduardo Anguita

Unas 650 urbanizaciones llamadas barrios privados o countries circundan la Ciudad de Buenos Aires y ocupan un espacio geográfico dos veces mayor que ésta. Un dato que debería ayudar a pensar qué tipo de sociabilidad genera este sistema que implica vivir encerrado para evitar la inseguridad y pertenecer a algún segmento de la comunidad que asocia ascenso social con identidad exclusiva.

No todos, pero algunas de esas urbanizaciones se asentaron en extensos terrenos comprados por los desarrolladores inmobiliarios a bajos precios sencillamente porque se trata de tierras bajas -anegadizas, o directamente humedales- que luego son elevadas artificialmente para construir las casas.

La Pampa Húmeda tiene ríos de llanura de bajo caudal con lechos de ríos que ante las inundaciones se ensanchan naturalmente. Cuando a las márgenes se construye, el curso de las aguas cambia y contribuye a las inundaciones. Quizá no sea un factor determinante, pero es conocido por las autoridades municipales y provinciales de Buenos Aires que, ante cada proyecto de barrio privado, deben autorizar los planes de obra.

La Dirección de Saneamiento e Hidráulica provincial tiene competencia sobre los ríos y el municipio sobre el territorio. Basta que una de las dos utilice criterios restrictivos, acordes a lo que dicen ingenieros hidráulicos y académicos de otras ramas, para que esas obras no se hagan. Pero la lógica consumista y constructivista dice que cada hormigón que se hace genera trabajo y cada casa que se instala genera un ingreso para la provincia y el municipio. En una Argentina que necesitaba salir del infierno, una parte de los habitantes periurbanos y urbanos queda bajo el agua. Buena parte de la sociedad se enteró en estos días que las cifras de inversiones en obras para mitigar las inundaciones son insuficientes.

Pero el geólogo Eduardo Malagnino, como muchísimos otros expertos, advierte que antes de encarar obras es preciso entender los fenómenos naturales. Porque las obras son caras y hay que mantenerlas, lo cual encarece los presupuestos futuros. Claro, ya no se puede volver atrás y la relocalización parece imposible, aunque el camino de reasignar a largo plazo ciudades enteras es el que siguen algunos de los países llamados desarrollados.

En la Argentina hay ejemplos, algunos más que traumáticos. Federación -un pueblo entrerriano de unos 5.000 habitantes, ubicado sobre el río Uruguay- sufrió las consecuencias de la puesta en marcha de la represa de Salto Grande. En plena dictadura, 1977, se construyó una ciudad entera a cinco kilómetros de la original, que fue demolida e inundada. Hoy Federación no se inunda y es un centro turístico por los centros de aguas termales.

Pero Luján tiene 100.000 habitantes y no hay un sistema dictatorial que pueda expropiar terrenos y formar en fila a ciudadanos para decirles cómo y dónde mudarse. Tampoco hay recursos fiscales para promover políticas como pudieron hacer en las poblaciones de las orillas del río Misissippi después del huracán Katrina en 2005. Sin embargo, en una escala mucho más pequeña, tras las inundaciones de La Plata, el municipio y la provincia encararon la relocalización de algunas de las familias muy pobres que viven en las márgenes del arroyo El Gato.

En la Ciudad de Buenos Aires hay un caso reciente y muy importante: una ley de 2014 permitirá que 1.300 familias de la Villa 21-24, asentadas en el camino de sirga del Riachuelo, sean relocalizadas en terrenos fiscales de la Ciudad. La ley establece la construcción de viviendas dignas para estas casi 10.000 personas. Claro, esta ley surgió muchos años después de la intervención de la Corte Suprema de Justicia con el fallo del llamado caso Mendoza ocurrido en 2007. Ese fallo puso bajo la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) el cumplimiento de un número de medidas que producen cambios drásticos en el Riachuelo, que estaba entre los 10 ríos más contaminados del planeta, al igual que el Reconquista.

La provincia de Buenos Aires el año pasado logró que finalmente se concretara un crédito por 230 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y ya comenzaron las obras para cambiarles la vida a decenas de miles de habitantes que viven en condiciones ambientales horrorosas y con barrios cercanos que se inundan constantemente. Pasaron décadas sin que se hiciera nada y que el Reconquista estuviera contaminado por desechos industriales, basura y hasta autos cortados en los desarmaderos, con villas en las márgenes cuyos habitantes hicieron lo indecible para ser escuchados. Hay que decirlo, uno de los que luchó por sanear el Reconquista fue Eduardo Mondino, que era defensor del Pueblo de la Nación, y se basaba en el artículo 41 de la reforma constitucional de 1994, que “garantiza el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

Mondino renunció en abril de 2009, tras haber tenido fuertes cruces con el gobierno nacional por sus posturas a favor de las protestas de los empresarios rurales contra las retenciones. Su alejamiento causó tranquilidad en los sectores que sabían que las retenciones móviles son vitales para, justamente, financiar derechos sociales y ambientales. Pero, la mala noticia fue que nadie ocupó el lugar de Mondino: la Defensoría del Pueblo de la Nación está vacante desde entonces. No hay voluntad política en el oficialismo ni la oposición para ponerse de acuerdo en un nombre que cuente con el respaldo del Senado.

Más allá de que el largo plazo y las políticas de Estado son difíciles de concebir en la Argentina, finalmente se dieron pasos decisivos en los últimos 10 años en las dos cuencas más deterioradas de la zona metropolitana de Buenos Aires. También en la Ciudad, con las obras proyectadas durante la gestión de Aníbal Ibarra y concretadas por Mauricio Macri, se realizaron obras en zonas inundables de Belgrano y Palermo.

A esta altura, conviene aclarar que este cronista no es especialista en estos temas. Apenas tiene un antecedente: a fines de 2007, junto a Alberto Elizalde Leal y un numeroso equipo, recorrimos durante semanas el Matanza Riachuelo y el Reconquista, lo que dio por resultado dos capítulos del documental Río adentro, que fue emitido por la Televisión Pública y repartidas miles de copias en dos ediciones de Miradas al Sur. Muchos docentes de muchos colegios de ambas cuencas utilizaron ese material para sus actividades. Los periodistas que realmente saben de estos temas son Nicolás Fogolini y el equipo que hace el ciclo “Elemento vital - El agua en el siglo XXI”, que se emite sólo por un canal de cable de La Plata, lo cual muestra la poca visibilidad que tiene este tema vital en esta región inundable. Este cronista pudo ver el capítulo 3, realizado mucho antes de la actual inundación y disponible en YouTube. Allí están todos los alertas -particularmente sobre la situación en Luján- en las voces de especialistas como Patricia Pintos, Pablo Romanazzi, Eduardo Malagnino, Guillermo Jelinsky y Daniel Bacchiega entre otros.

En medio del dolor por las miles de víctimas de estas inundaciones, se puso de relieve una solidaridad extraordinaria cuyos protagonistas son los bomberos voluntarios, los de Defensa Civil, los prefectos, policías, médicos y tantísimas personas que les tocó acudir a dar ayuda como funcionarios públicos. Ni qué hablar de Juan Carr y la Red Solidaria, que es un ejemplo de temple y capacidad de organización. Sin perjuicio de las medidas tomadas por las autoridades provinciales para mitigar los daños con líneas de crédito y eximición impositiva, es preciso que las emergencias hídricas tengan una envergadura mayor y cuenten con protocolos serios.

Las leyes de Defensa y Seguridad Interior establecen que las Fuerzas Armadas pueden participar en situaciones de emergencia ambiental o de catástrofes. No es lo mismo un grupo de kayakistas voluntarios que los ingenieros militares que tienen lanchas o gomones o las unidades que pueden proveer generadores eléctricos, equipos para buscar agua potable y que tienen helicópteros, drones de observación y toda la logística adecuada más la preparación profesional. En Chile, país de terremotos, por protocolo, de inmediato aparecen en escena los carabineros y los militares. En la Argentina parece que todo está por inventarse y se pierde un tiempo muy valioso antes de proceder de acuerdo a la emergencia. De ningún modo puede creerse que la actuación de las Fuerzas Armadas despierta fantasmas. Antes bien, pone en valor la democracia.

En estos días, se habló más de si Aníbal Fernández habla con Daniel Scioli o si el gobernador estuvo 12 o 14 horas en Roma o cuáles son las maneras de encauzar el agua y dar un alivio a los miles de castigados por las lluvias y las inundaciones. Es cierto que hacen falta plata y obras. Pero sobre todo hace falta entender la naturaleza y darles crédito a los que saben de ríos y de cómo prevenir inundaciones.

Los geólogos y los ingenieros hídricos no siempre son votos ni grandes contrataciones de obra, pero pueden ayudar a salir del anegamiento. Por ahora, el temporal cobró cuatro víctimas fatales y hay tres personas que permanecen desaparecidas. María Angélica Llanos murió en Navarro, ahogada. Juan Ramón Bruera y su hijo cayeron al Riachuelo a la altura del puente Bosch en su auto y son buscados. En Lobos, no se tiene noticias de un muchacho de 23 años: que las víctimas no sean un número, que sus nombres y sus rostros queden grabados, que se haga memoria y que el dolor de esas pérdidas reciban el tributo que merecen. Uno de ellos es que aspiremos a que estas cosas no pasen Nunca Más.

Fuente:

Eduardo Anguita, Las inundaciones y la política, 16/08/15, Miradas al Sur.