Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.
por Darío Aranda
En Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”, reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) alertó sobre la “extinción” de los pueblos originarios y definió la grave situación diciendo que “bien podría calificarse como genocidio”.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas. Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
La primera semana de agosto, las comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron topadoras en el municipio de Ballivián (departamento salteño de San Martín), para defender el único monte que les quedaba. En septiembre, las mismas comunidades escribieron una carta pública al gobernador, Juan Manuel Urtubey. “El monte nos da comida, es nuestra farmacia a cielo abierto, también es nuestra fuente de trabajo, nos provee el chaguar para nuestras artesanías. Le solicitamos retire los permisos de desmonte que otorgó”, reclamaron y le recordaron la vigencia de la Ley de Bosques (que protege el monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los desalojos indígenas y ordena relevar los territorios). No tuvieron respuesta.
La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alerta.
Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque, sino que el monte hace a su vida. Los antropólogos de la UNSA precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: “Sus acciones no respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no repara en los costos ambientales y humanos”.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta denuncia la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Salta se desmontaron, desde 2006, 654.000 hectáreas. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja) de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. “Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”, alerta el documento de la Escuela de Antropología.
Catalina Buliubasich, de la Escuela de Antropología y codirectora de la Maestría de Derechos Humanos de la UNSA, destacó la necesidad de puntualizar en el “aspecto humano” del desmonte, evaluó la situación como “muy preocupante” e insistió en que “está en riesgo la supervivencia” de los pueblos originarios. “Soja, desmontes, desalojos, desnutrición, pérdida de cultura e identidad, enfermedades. Es una transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida indígena. No puede haber silencio ante esta situación que urge revertir”, instó Buliubasich.
En noviembre pasado, más de 100 organizaciones sociales y científicos enviaron un documento a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente para que intervengan frente a los desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno salteño derogó dos decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar la Ley de Bosques y pasar topadoras en territorios protegidos. Según Greenpeace, con esa metodología se habían arrasado 130.000 hectáreas de monte nativo.
La derogación de los decretos fue bien recibida por las organizaciones sociales, académicos y comunidades campesinas e indígenas. Pero el 29 de diciembre volvieron a desmontar. El wichí Jhonatan Félix, de la comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras arrasaron el monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre empresarios y pueblos originarios.
El Estado nacional ante las deforestaciones
Ante la publicación del miércoles pasado de “Los desmontes de la soja”, donde se cita información de organismos ambientales no gubernamentales y de la Universidad de Salta, considero que debemos informar a la ciudadanía sobre qué rol ha tenido el Estado nacional como Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley 26.331, conocida como la ley de bosques. Esta autoridad lleva adelante el monitoreo continuo del Estado de los bosques nativos que publicamos en nuestra página web, pues la transparencia de la información pública colabora con la construcción de una democracia participativa.
Ejercemos el control de los ordenamientos y los acreditamos si cumplen con los criterios de sustentabilidad definidos por la ley; actualmente existen 51 millones de hectáreas bajo ordenamiento territorial; fiscalizamos los 4380 Planes de Manejo que están siendo financiados y que cubren más de cinco millones de hectáreas; elaboramos propuestas sobre los contenidos mínimos de los planes de manejo forestal y de uso múltiple del bosque; contamos con guías de participación ciudadana para las consultas ante los cambios de uso del suelo o de elaboración de los ordenamientos; hemos propuesto pautas para la aprobación de los planes a través de los certificados de obra; controlamos la extracción de palo santo y concedemos permisos de exportación. Todas estas acciones las consensuamos en el Consejo Federal de Medio Ambiente, donde participan todas las provincias, que son las que poseen el dominio de sus recursos naturales.
Ante la situación de la provincia de Salta, la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Nación ha intervenido en múltiples ocasiones, ya sea a través de notas oficiales y de evaluaciones in situ, planteando nuestra preocupación por lo que entendíamos una flagrante violación a la ley de bosques en la aplicación del decreto provincial 2211/2010. En las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente quedaron constancias en sus actas del reclamo de esta subsecretaría ante el secretario de Ambiente de Salta.
Hemos controlado y fiscalizado varios casos de recategorizaciones que han fundamentado nuestra posición. Tal es así que en el expediente Nº 27 532/2014, donde se tramitaba la transferencia de los recursos asignados de 2014 a Salta para la aplicación de la ley, solicitábamos al secretario de Ambiente de la Nación a través de una providencia que no les sean transferidos los recursos si la provincia de Salta no derogaba el decreto mencionado. Ante la decisión del gobernador de Salta de derogar los decretos que permitían las deforestaciones en zonas protegidas por la ley, nos hemos puesto a disposición de la provincia para realizar un trabajo en conjunto, con miras a preservar el bosque nativo salteño y respetar los derechos ancestrales de los pueblos originales consagrados por la Constitución Nacional.
Silvia Alicia Révora es subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación.
El Estado nacional ante las deforestaciones
por Silvia Alicia Révora
Ante la publicación del miércoles pasado de “Los desmontes de la soja”, donde se cita información de organismos ambientales no gubernamentales y de la Universidad de Salta, considero que debemos informar a la ciudadanía sobre qué rol ha tenido el Estado nacional como Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley 26.331, conocida como la ley de bosques. Esta autoridad lleva adelante el monitoreo continuo del Estado de los bosques nativos que publicamos en nuestra página web, pues la transparencia de la información pública colabora con la construcción de una democracia participativa.
Ejercemos el control de los ordenamientos y los acreditamos si cumplen con los criterios de sustentabilidad definidos por la ley; actualmente existen 51 millones de hectáreas bajo ordenamiento territorial; fiscalizamos los 4380 Planes de Manejo que están siendo financiados y que cubren más de cinco millones de hectáreas; elaboramos propuestas sobre los contenidos mínimos de los planes de manejo forestal y de uso múltiple del bosque; contamos con guías de participación ciudadana para las consultas ante los cambios de uso del suelo o de elaboración de los ordenamientos; hemos propuesto pautas para la aprobación de los planes a través de los certificados de obra; controlamos la extracción de palo santo y concedemos permisos de exportación. Todas estas acciones las consensuamos en el Consejo Federal de Medio Ambiente, donde participan todas las provincias, que son las que poseen el dominio de sus recursos naturales.
Ante la situación de la provincia de Salta, la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Nación ha intervenido en múltiples ocasiones, ya sea a través de notas oficiales y de evaluaciones in situ, planteando nuestra preocupación por lo que entendíamos una flagrante violación a la ley de bosques en la aplicación del decreto provincial 2211/2010. En las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente quedaron constancias en sus actas del reclamo de esta subsecretaría ante el secretario de Ambiente de Salta.
Hemos controlado y fiscalizado varios casos de recategorizaciones que han fundamentado nuestra posición. Tal es así que en el expediente Nº 27 532/2014, donde se tramitaba la transferencia de los recursos asignados de 2014 a Salta para la aplicación de la ley, solicitábamos al secretario de Ambiente de la Nación a través de una providencia que no les sean transferidos los recursos si la provincia de Salta no derogaba el decreto mencionado. Ante la decisión del gobernador de Salta de derogar los decretos que permitían las deforestaciones en zonas protegidas por la ley, nos hemos puesto a disposición de la provincia para realizar un trabajo en conjunto, con miras a preservar el bosque nativo salteño y respetar los derechos ancestrales de los pueblos originales consagrados por la Constitución Nacional.
Silvia Alicia Révora es subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación.
Fuente:
Darío Aranda, Los desmontes de la soja, 14/01/15, Página/12.
Silvia Alicia Révora, El Estado nacional ante las deforestaciones, 16/01/15, Página/12.
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