El Tribunal Federal 2 impuso condenas de prisión a los cuatro procesados por la voladura de la Fábrica Militar. La sentencia no queda firme: será apelada.
por Fernando Colautti
A casi 20 años de los hechos, la causa por las explosiones ocurridas en la Fábrica Militar de Río Tercero tuvo finalmente ayer un fallo judicial. Por unanimidad, el Tribunal Federal 2 de Córdoba resolvió condenar a 13 años de prisión a tres de los cuatro militares retirados imputados y a 10 años al restante.
Más allá de las penas, el dato saliente de la sentencia de los jueces Carlos Lascano, José Pérez Villalobo y Mario Garzón, es que vincula el siniestro con las maniobras de ventas ilegales de armas perpetradas por el Estado entre 1993 y 1995.
Aunque el Tribunal recién dará a conocer los fundamentos de su fallo el 27 de febrero próximo, en su resolución considera a los imputados “autores mediatos” del delito de estrago doloso agravado. Esa conceptualización implicaría que se los acusa de participar de un entramado planificado para provocar la voladura. Si ese es el caso, en la causa no hay otra sospecha que no sea la presunta intención de ocultar pruebas del contrabando de armas a Croacia.
El estrago doloso agravado supone penas de entre ocho y 20 años de prisión.
Jorge Cornejo Torino (exdirector de la Fábrica Militar Río Tercero) fue condenado a 13 años, al igual que Carlos Franke y Edberto González de la Vega, que ocupaban roles de directores de Producción y Comercialización, respectivamente, de Fabricaciones Militares en Buenos Aires. Para Marcelo Gatto, exjefe de la sección de la que dependían los polvorines, la pena fue de 10 años.
Se estima -el Tribunal no lo explicó aún- que la menor condena a Gatto obedecería a que ostentaba un grado militar inferior y a que resulta el único de los cuatro que no fue condenado por la Justicia Federal porteña en la causa de contrabando de armas, fallo que los demás 17 procesados (entre ellos el expresidente Carlos Menem) apelaron ante la Corte Suprema.
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Los ayer condenados seguirán en libertad, ya que la sentencia no quedará firme. Los abogados defensores ya anticiparon
que la apelarán ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Según estimaciones de diferentes fuentes, en ese ámbito una resolución demandará unos dos años. Luego, las partes podrán recurrir ante la Corte Suprema, por lo que para una sentencia que cierre verdaderamente el caso debería aguardarse entre cuatro y cinco años.
El fiscal Alberto Lozada, conforme con el fallo, marcó que “si acá hubiera habido absoluciones, se desvanecía la posibilidad” de insistir para que Menem pueda ser juzgado en esta causa. El expresidente había sido imputado pero fue luego sobreseído, decisión que fue apelada. Para resolverla, resta que se pronuncien Casación Penal y la Corte Suprema.
Los abogados de la familia querellante también se mostraron conformes con la sentencia. “Nos parece importante, porque además confirma el vínculo con la venta de armas”, planteó Horacio Viqueira. Ana Gritti, viuda de una de las siete víctimas fatales del siniestro, fue la única querellante penal en el caso pero falleció en 2011. “Mi mamá luchó mucho por esto. Entregó los últimos 15 años de su vida a esta causa”, dijo una de sus hijas, presente en la audiencia de ayer.
Los abogados defensores, que no tuvieron una estrategia unificada durante el juicio, cuestionaron el fallo. Más de uno planteó, en la previa, que si era condenatorio se explicaría “más por razones políticas que jurídicas”, apuntando que los jueces “no se animarían” a dejar un caso tan resonante cerrado sin condenas.
“La sentencia nos sorprendió”, resumió Tristán Gavier, codefensor de Cornejo Torino y Gatto, al admitir que confiaban en una absolución. “Es que hay una ausencia absoluta de pruebas que los involucre”, apuntó. Su padre Ernesto insistió en que sus defendidos “fueron víctimas y jamás victimarios” del siniestro de 1995.
Hugo Burgos, abogado oficial de Franke, consideró que la sentencia “no se ajusta a derecho”, insistió con la inexistencia de pruebas y opinó que “no cierra que se aplique la autoría mediata a este caso”.
Evangelina Pérez Mercau, codefensora oficial de De la Vega, marcó que esperarán conocer los fundamentos, aunque consideró que “no había pruebas, sólo indicios endebles y contradictorios”, y opinó que “para este caso es inaplicable la idea de la autoría mediata”.
En Río Tercero no fue centro de atención
El juicio oral no fue un tema preponderante en la ciudad y el fallo de ayer no generó mayores reacciones.
por Mariela Martínez
Río Tercero. A la vista, fue un día más en Río Tercero. El hecho de que se conociera el fallo por las explosiones de 1995, que marcaron la peor jornada de su historia, no generó ninguna reacción o repercusión visible.
El juicio oral, en los cuatro meses que duró, tampoco figuró entre los temas de conversación cotidiana en la ciudad.
En las redes sociales se vio recién ayer, tras el fallo, algún intercambio mayor entre los riotercerenses que el que tuvo el desarrollo del juicio.
Guillermo Vigliecca, músico y referente social de La Luciérnaga en la ciudad, no se asombró por ese desinterés. “Río Tercero sigue mirando para otro lado”, dijo. A renglón seguido recordó “la lucha de Ana Gritti, y su tozudez, que permitió llegar a un fallo”.
Oscar Gigena, remisero y vocero del grupo que reclama al Estado una ley de pago de indemnizaciones por daños morales, opinó que la sentencia “es muy importante después de tantos años de lucha”, pero consideró que “no están los responsables intelectuales, acá falta Carlos Menem”, e insistió en reclamar que el Congreso apure la ley para pagar a más de 10 mil riotercerenses que iniciaron demandas contra el Estado.
Danilo Cravero, abogado y concejal opositor, presente ayer en el juicio, opinó: “Que hoy se haya dictado sentencia es mérito, sobre todo, de Ana Gritti y sus abogados. La condena no devuelve nada pero cierra un capítulo de nuestra historia”.
En el día del cierre del juicio, ayer, hubo en Tribunales apenas una decena de vecinos riotercerenses presentes.
La Fábrica Militar hoy, con más expectativas que hace 20 años
La planta estatal estuvo a punto de ser privatizada o liquidada tras las explosiones de 1995.
Fábrica Militar de Río Tercero no es hoy lo que fue en su época de esplendor. Pero está muy lejos de parecerse a los restos que quedaban tras las explosiones que su sector de polvorines provocó en 1995.
Ese siniestro fue sólo un hito de su proceso de decadencia, que había comenzado varios años antes, en el marco de fuertes restricciones económicas y ajustes que fueron reduciendo su personal. Es más: poco después de las explosiones, y como otras fábricas militares, estuvo a punto de ser privatizada. Hasta los pliegos de licitación tenía listos el gobierno de Carlos Menem. Fue la Justicia la que impidió ese paso, con el argumento de que no podía transferirse un predio que estaba bajo investigación judicial y podía entregar pruebas para la causa.
La radicación de Fábrica Militar, a comienzos de la década de 1940, fue el hito que transformó a Río Tercero de pequeño pueblo rural en próspera ciudad con marcado perfil industrial.
Llegó a tener, en los años ‘70, unos 2.500 empleados. Pero en 1996, tras las explosiones, los trabajadores apenas rozaban los 300. Por varios años, deambuló en la incertidumbre, sin inversiones ni para el mantenimiento adecuado de sus plantas químicas, que suponen un riesgo adicional.
En los últimos seis o siete años el panorama varió. El Estado nacional volvió a disponer inversiones que implicaron una mejora. Hoy no tiene los 2.500 empleados de su época de oro pero tampoco los 300 de los años en que parecía extinguirse.
La planta hoy ocupa -según datos del gremio ATE- a 570 empleados directos. Ha vuelto a ser el principal generador de empleo industrial en la ciudad.
El sector químico sigue siendo el que sostiene sus principales negocios, pero se han reactivado, en parte, los talleres metalmecánicos que resultaron destruidos por el siniestro de 1995. Si la promesa reciente del Gobierno nacional de reparar y construir miles de vagones ferroviarios de carga se cumple, la expectativa es que la planta pueda dar otro paso para parecerse a la que alguna vez fue.
Documentos para descargar
Tráfico de armas Causa Río Tercero (314.62 KB)
Fuentes:
Fernando Colautti, 10 y 13 años de prisión por las explosiones de Río Tercero, 24/12/14, La Voz del Interior. Consultado 24/12/14.
Mariela Martínez, En Río Tercero no fue centro de atención, 24/12/14, La Voz del Interior. Consultado 24/12/14.
La Fábrica Militar hoy, con más expectativas que hace 20 años, 24/12/14, La Voz del Interior. Consultado 24/12/14.
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