En una sala repleta, los movimientos campesinos y sociales llevaron al Congreso de la Nación su voz: La semilla es vida, es cultura y no puede privatizarse. Esta puede ser la síntesis de las razones por las que se oponen al ante-proyecto de Ley de Semillas que se elabora en el Ministerio de Agricultura y beneficiaría a corporaciones como Monsanto. Al mismo tiempo, rechazaron la posibilidad de coexisistencia entre ese modelo del agronegocio y las prácticas de los campesinos.
Cuestiones de fondo. Para las empresas, la cuestión es clara: se trata de números. De pesos y de dólares. Según publicó ayer mismo el portal InfoCampo: "La industria semillera está en alerta: como consecuencia de la pérdida de rentabilidad del campo, este año los productores compraron menos semillas fiscalizadas de soja y, en cambio, se volcaron a usar más semillas propias guardadas luego de la última cosecha".
Más allá de que pueda indagarse este cálculo de rentabilidad como cierto o falso, el transfondo es evidente. Las corporaciones del agronegocio no se conforman con la actual legislación que regula el uso de semillas transgénicas con propiedad intelectual a través del "derecho del obtentor". La Ley actual permite formas de "uso propio", donde el productor tiene derecho a guardarse unas semillas para cultivar en la próxima siembra.
Por el contrario, según explicó durante la audiencia pública, Silvia Ferreyra (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana) las empresas quieren aplicar el modelo de la "extensión de regalías". Esto significa que el productor estaría a obligado a pagar cada vez que utiliza las semillas que tienen una patente, por supuestas mejoras que fueron financiadas por la industria semillera.
Alguna persona ajena al debate puede pensar que se trata de una cuestión justa: sólo pagarían regalías quieren utilicen las semillas patentadas. Sin embargo, hay otro factor a considerar. Como manifestó Juan Cáceres (APPO, MAELA), luego de contaminar el agua y la tierra, "ahora nos están contaminando genéticamente". Esto significa que el maíz criollo está siendo contaminado por los cultivos transgénicos vecinos.
Esta cuestión de la contaminación por supuesto es profunda. Y tiene que ver con el riesgo de que un alimento ya no sea más sinónimo de salud. Así Damian Verceñazzi (Red Universitaria de Ambiente y Salud - Médicos de Pueblos Fumigados) dedicó la jornada de lucha a la memoria de Andrés Carrasco. Del mismo modo, enfatizó que preocupa esta ley porque "tiene incidencia en la vida de las personas", en nuestros "territorios biológicos" que son nuestros cuerpos.
Por eso, para el movimiento campesino también la cuestión es clara: "Por un puñado de dólares que puden conseguir ahora, se está hipotecando la alimentación de las futuras generaciones". Así lo expresó Gastón Mazzalay (Asamblea “Malvinas Lucha por la Vida”), que resiste activamente hace más de un año a la instalación de una nueva planta de Monsanto. Es decir, la empresa que controla el 90 por ciento del mercado de semillas.
Y de hecho, la actual iniciativa oficial para imponer una nueva Ley de Semillas se remonta a agosto de 2012. Como contexto de ese anuncio, unos meses antes, la Presidente de la Nación, Cristina Fernández, había anunciado la "nueva inversión" de Monsanto en el país. Según interpretó Javier Souza Casadinho (Red Rapal), no es casual que lo haya hecho en el mismo momento en que se desarrollaba un juicio histórico por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba.
Sinvivencia. Este anteproyecto es entonces el tercer intento que hubo en esta década y es el que más lejos llegó, pero fue frenado también por las resistencias de los movimientos sociales. En esta negociación que se abrió incluso con un sector interno del oficialismo, se plantea hacer excepciones a la aplicación de regalías a quienes estén incorporados al registro de agricultura familiaro aquellos que el INASE (Instituto Nacional de Semilla) considere conveniente.
Esto tiene relación con la política de la Secretaría de Agricultura Familiar liderada por Emilio Pérsico, del Movimiento Evita. Según se difundió oficialmente en septiembre: "Empresarios de los agronegocios y organizaciones nacionales campesinas avanzaron en el compromiso de construir instrumentos de convivencia en el marco de la Mesa Nacional de Diálogo por una Agricultura Sustentable". La iniciativa cuenta con el amparo de la Pastoral Social.
"El planteo de la coexistencia es una burla", aseguró Carlos Vicente (GRAIN) durante la audiencia. Recordó los casos de conflictos por la tierra, como ocurre en diversos parajes del norte argentino, sobre todo. El contexto actual nos habla también del juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra del MOCASE.
El domingo pasado en una columna en Página/12, Norma Giarracca, del Grupo de Estudios Rurales (IIGG-UBA), puso en perspectiva histórica este debate para concluir: "Por razones agronómicas, económicas, antropológicas, históricas, la Agricultura Familiar no puede coexistir con el agronegocio". El agronegocio pone en peligro al actor histórico que representa el campesinado, heredero en estas tierras de los pueblos indígenas.
En el mismo sentido, durante la Audiencia, Fernando Frank (Asociación Campesina del Valle de Conlara) enfatizó justamente la importancia de la "identidad campesina" porque tiene una historia de siglos. Llamó entonces a contraponer el modelo del agronegocio con la agroecología. Y se lamentó al decir que "parece mentira que haya que explicar la importancia de las semillas libres luego de 12 mil años de producción. Pero parece que hay gente extraviada".
También Manuel de Jesús Aguirre (ACINA) reinvidicó la semilla como la "herencia que nos dejaron nuestros abuelos". Así contó como su abuela, que falleció saludable a los 107 años, le enseñó a cuidar y plantar las semillas. Se sabe elegir qué mazorca de maíz guardar para el próximo año. Y si llega a existir algún problema, en el mundo campesino se habla y se practiva el "convidar" las semillas para que a nadie le falte.
"Cuando la semilla está en riesgo, la vida y la cultura están en riesgo", enfatizó Alicia Além (MAELA). Y por eso llamó a construir en la biodiversidad, enfatizando que esa cultura significa compartir y regalar.
El paso del No al Sí. En el inicio de la audiencia, Carla Poh hizo un recorrido histórico del modelo de los agronegocios, que tuvo un hito importante en 1996 con la aprobación de los cultivos transgénicos durante el menemismo. A partir de allí, tuvo un impulso el modelo agro-exportador en base a la soja, que significa concebir el país como "productor de granos para el consumo de carne de los países desarrollados".
En el cierre de la audiencia, Tamara Perelmuter (Patria Grande) explicó que nos rige aún la Ley de Semillas de 1973, modificada en 1991. Bajo este marco pudo prosperar el agronegocio hasta hoy. Sin embargo: "Es una ley que deja algunos espacios para producir y circular semillas libres del cerco de las corporaciones" Y por ello: "Lo que busca la nueva ley es cerrar este cerco" para profundizar la rentabilidad de las corporaciones semilleras.
Para Carlos Vicente (GRAIN), el centro del debate son los derechos de propiedad intelectual, y rechazó tanto la "horrible Ley del 73 de Lanusse" con el actual ante-proyecto. Si una fue impuesta por una dictadura militar, el presente ante-proyecto puede representar una "dictadura de las corporaciones". En tal sentido, advirtió que "la democracia está en jaque" y llamó a un frente común de lucha.
Para ello, Vicente se refirió al caso de Venezuela, donde "hace dos años llegó una ley que traía beneficios a los pequeños agricultores, pero inclucía las patentes de propiedad intelectual". Por ello los movimientos sociales se opusieron y hace un mes se generó un nuevo proyecto: "Una ley popular de semilla que rechaza la propiedad intelectual". Así reafirmó que "la única manera de logar una soberanía alimentaria es con las semillas en manos de los pueblos y no de las corporaciones".
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