Una nutrida movilización marchó ayer por la tarde por el centro de la ciudad de Córdoba, para exigir al Gobierno de la Provincia que declare la emergencia socioambiental.
La protesta tuvo por bandera varias luchas ambientales, y fue convocada por la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra, en la que confluyen varias asambleas de vecinos de distintas localidades.
Fue esa Coordinadora la que, en un manifiesto que se leyó ante el Centro Cívico ayer, exigió la expulsión de Monsanto de Córdoba y Argentina, entre otros puntos.
Desde las 18, tres columnas de manifestantes confluyeron en Colón y General Paz. La más numerosa había partido de la Cañada con Sofía Gatica y la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida a la cabeza. Agrupaciones sociales y políticas se sumaron provenientes de Humberto Primo (donde anteriormente habían protestado simultáneamente en los puentes Antártida, Centenario y Alvear).
La movilización, que sumaba unas 4 cuadras y que los organizadores calculaban en más de 4 mil personas, hizo un parate frente al Centro Cívico cerca de las 20, donde se leyó un documento, para después trasladarse a Tribunales 1 y exigir a la Justicia respuestas por las agresiones que sufrieron la semana pasada los asambleístas en Malvinas Argentinas.
“No puede ser que aún no haya un detenido de las 60 personas que vinieron a patotearnos”, explicó Matías Marizza, de la Asamblea Malvinas lucha por la Vida a La Mañana.
Marizza, además, señaló que “hoy (por ayer) marchamos en Córdoba, pero el jueves lo haremos en Malvinas, y nos iremos hasta la Municipalidad a pedir explicaciones al intendente Daniel Arzari”.
Es que los asambleístas de Malvinas Argentinas siguen exigiendo que se llame a referéndum en esa localidad. “Consulta popular, con Monsanto no hay paz social” será la consigna de ese día. La frase hace referencia al principal argumento utilizado por el intendente de Río Cuarto, Juan Jure, para no autorizar la instalación de Monsanto en esa ciudad.
La marcha de ayer coincidió con el Día mundial del No Uso de Agrotóxicos, y en ese marco, se responsabilizó al gobernador, el intendente de Malvinas Argentinas, y al intendente Ramón Mestre (por el conflicto de los vecinos de Bouwer contra el Cormecor) de recurrir “a la tercerización para ejercer la represión contra los asambleístas”. Al mismo tiempo, la Coordinadora en su manifiesto, denunció a la Uocra como parte de “un plan de amedrentamiento dirigido a acallar a los acampistas”.
El pedido de la declaración de la emergencia socioambiental está centrado no sólo en la problemática del Ambiente sino además se basa en el escándalo de la narcopolicía, el asesinato de Jorge Reina, la aplicación del Código de Faltas, entre otros de los puntos mencionados en el manifiesto. Además, se solicitó la prohibición de los loteos especulativos que generan las crisis hídricas y los incendios, y la derogación de la Ley de Bosques, entre otros.
“No queremos un Mariano Ferreyra en Malvinas Argentinas”
Desde Córdoba. Monsanto avanza con represión y el aval de Provincia y Nación.
por Leonardo Rossi
“Fuera Monsanto de Córdoba, Argentina y América Latina”, gritaron más de 5.000 personas este martes. En el día internacional de la lucha contra los agrotóxicos, colectivos sociales y ambientales reclamaron en la capital cordobesa por la emergencia ambiental. El tema central fue la instalación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Luego de una brutal golpiza sufrida a manos de una patota de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentia) y la policía provincial el jueves pasado, desde la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Gastón Mazzalay advierte: “No queremos un Mariano Ferreyra y estuvimos muy cerca de un hecho similar”. Tres rectores de universidades nacionales piden a la Presidenta que intervenga.
Desde hace más de dos meses, la localidad de Malvinas, situada al noreste de la capital, es escenario del bloqueo al predio que la empresa de semillas más grande del mundo tiene en la ruta A88. Asambleístas impiden que siga la construcción de una planta acopiadora de semillas de maíz transgénicos sin precedentes: 216 silos que almacenarán 137 toneladas cada uno. La asamblea pide ser consultada frente al peligro sanitario y ambiental del emprendimiento. Según la página 13 del aviso de proyecto que realizó la empresa, se usarán 350.000 litros de agroquímicos por año en la primera etapa, cuando sólo esté al 20 por ciento la capacidad operativa. En un informe, cuatro cátedras de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba advirtieron que este proyecto será un “golpe a la salud ambiental” de este pueblo.
En estos más de sesenta días de bloqueo, hubo represiones, amenazas y el silencio de los organismos públicos. El jueves pasado, apenas clareaba, unas sesenta personas irrumpieron para destruir las casillas, carpas, y todo lo que permite sostener el acampe. La violencia organizada dejó más de veinte heridos. La policía provincial dio vía libre a la golpiza. “Vino una patota orquestada por la Uocra, a robarnos, golpearnos y amenazarnos con armas de fuego”, cuenta Mazzalay.
El Gobierno provincial no dialoga. En la asamblea temen un caso Ferreyra: “De seguir esta postura se va a generar una violencia mucho mayor”. Tan sólo reclaman seguridad jurídica, institucionalidad. “Lo único que pedimos es democracia, una consulta popular”.
Estado Monsanto
El bloqueo se inició el 19 de septiembre. Pasado un mes, una comisión veedora con representantes provinciales, nacionales e internacionales, con Nora Cortinas y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, buscó mediar con el gobierno de José Manuel de la Sota. Ante la falta de devolución, esta comisión publicó el 1 de diciembre una carta con destino Cristina Fernández. Los firmantes explican la necesidad de intervención, frente a la no aplicación de la Ley General de Ambiente (25.675), de orden nacional. Adhieren al texto Francisco Tamarit, Marcelo Ruiz y Rafael Velasco, rectores de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Católica, respectivamente.
Una cronología: El 16 de marzo de 2012, el intendente radical Daniel Arzani de Malvinas Argentinas otorgó la prefactibilidad de la obra y el 13 de junio el Concejo Deliberante autorizó las tareas preliminares. Tres días después, Cristina Fernández celebró la inversión de Monsanto, de la que dijo estar “orgullosa”. Lo hizo en un acto realizado en Nueva York en el marco del Concejo de las Américas. Ambiente de la Provincia autorizó el aviso de proyecto para la primera etapa, el 24 de agosto del año pasado. El 10 de enero de este año, el Concejo Deliberante de Malvinas sancionó la ordenanza 821 que autoriza las obras de construcción.
Frente al abroquelamiento de arco político, nacional, provincial y municipal, los vecinos apelaron a la vía judicial: presentaron un amparo para que la Municipalidad se abstenga de autorizar la puesta operativa hasta que no se cumplan todos los requisitos dispuestos por Ambiente. Tras fallos y apelaciones, el Tribunal Superior de Justicia negó el amparo.
La semana pasada, el Observatorio sobre prácticas en Derechos Humanos de la UNC publicó un análisis sobre el conflicto. El documento da cuenta de las sistemáticas irregularidades en el proceder del Ejecutivo y el Poder Judicial cordobés a favor de Monsanto. “Tanto la empresa titular del proyecto, como los organismos provinciales y municipales intervinientes, así como de las diversas instancias judiciales intervinientes, dan expresamente por sentado -erróneamente- que la celebración de consultas o audiencias públicas previas” de los potencialmente afectados, “constituyen un resorte facultativo de la Secretaría de Ambiente”. Por el contrario, esa participación “es una instancia obligatoria consustancial a la legalidad y razonabilidad del acto administrativo aprobatorio”, enfatiza el documento en alusión a la Ley General del Ambiente, que prima sobre normativas locales que sean menos progresivas.
Otro punto crítico es que al fragmentar el proceso de autorización en diversas fases, es decir que se autoriza a construir y dejar la planta lista para funcionar, y recién entonces hacer el estudio de impacto, el derecho ambiental pierde todo sentido. En este marco, la evaluación “ya no será previa” sino posterior a la “emisión de sucesivos salvoconductos amoldados a los requerimientos y etapas delineados por la propia empresa”.
Proyecto Nacional
La inversión de Monsanto encastra a medida de los objetivos de la Nación delineados en el Plan Estratégico Agroalimentario 2020, que perfila al país como jugador estrella en el mercado de los comodities agrarios. Dentro de las 9 millones de hectáreas de granos que se deben incrementar, la siembra de maíz pasaría de 3,7 millones, en 2010, a 5,7 millones de hectáreas para 2020. La nueva planta de la trasnacional tendrá una capacidad de producción para 3,5 millones de hectáreas.
Por ahora, “la Nación no ha dialogado para aportar alguna solución”, remarca Mazzalay. Mientras Monsanto tiene el visto bueno de Nación, Provincia, Municipio y el Poder Judicial, la ciudadanía organizada pide decidir su futuro y no ser reprimido por eso.
En estos más de sesenta días de bloqueo, hubo represiones, amenazas y el silencio de los organismos públicos. El jueves pasado, apenas clareaba, unas sesenta personas irrumpieron para destruir las casillas, carpas, y todo lo que permite sostener el acampe. La violencia organizada dejó más de veinte heridos. La policía provincial dio vía libre a la golpiza. “Vino una patota orquestada por la Uocra, a robarnos, golpearnos y amenazarnos con armas de fuego”, cuenta Mazzalay.
El Gobierno provincial no dialoga. En la asamblea temen un caso Ferreyra: “De seguir esta postura se va a generar una violencia mucho mayor”. Tan sólo reclaman seguridad jurídica, institucionalidad. “Lo único que pedimos es democracia, una consulta popular”.
Estado Monsanto
El bloqueo se inició el 19 de septiembre. Pasado un mes, una comisión veedora con representantes provinciales, nacionales e internacionales, con Nora Cortinas y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, buscó mediar con el gobierno de José Manuel de la Sota. Ante la falta de devolución, esta comisión publicó el 1 de diciembre una carta con destino Cristina Fernández. Los firmantes explican la necesidad de intervención, frente a la no aplicación de la Ley General de Ambiente (25.675), de orden nacional. Adhieren al texto Francisco Tamarit, Marcelo Ruiz y Rafael Velasco, rectores de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Católica, respectivamente.
Una cronología: El 16 de marzo de 2012, el intendente radical Daniel Arzani de Malvinas Argentinas otorgó la prefactibilidad de la obra y el 13 de junio el Concejo Deliberante autorizó las tareas preliminares. Tres días después, Cristina Fernández celebró la inversión de Monsanto, de la que dijo estar “orgullosa”. Lo hizo en un acto realizado en Nueva York en el marco del Concejo de las Américas. Ambiente de la Provincia autorizó el aviso de proyecto para la primera etapa, el 24 de agosto del año pasado. El 10 de enero de este año, el Concejo Deliberante de Malvinas sancionó la ordenanza 821 que autoriza las obras de construcción.
Frente al abroquelamiento de arco político, nacional, provincial y municipal, los vecinos apelaron a la vía judicial: presentaron un amparo para que la Municipalidad se abstenga de autorizar la puesta operativa hasta que no se cumplan todos los requisitos dispuestos por Ambiente. Tras fallos y apelaciones, el Tribunal Superior de Justicia negó el amparo.
La semana pasada, el Observatorio sobre prácticas en Derechos Humanos de la UNC publicó un análisis sobre el conflicto. El documento da cuenta de las sistemáticas irregularidades en el proceder del Ejecutivo y el Poder Judicial cordobés a favor de Monsanto. “Tanto la empresa titular del proyecto, como los organismos provinciales y municipales intervinientes, así como de las diversas instancias judiciales intervinientes, dan expresamente por sentado -erróneamente- que la celebración de consultas o audiencias públicas previas” de los potencialmente afectados, “constituyen un resorte facultativo de la Secretaría de Ambiente”. Por el contrario, esa participación “es una instancia obligatoria consustancial a la legalidad y razonabilidad del acto administrativo aprobatorio”, enfatiza el documento en alusión a la Ley General del Ambiente, que prima sobre normativas locales que sean menos progresivas.
Otro punto crítico es que al fragmentar el proceso de autorización en diversas fases, es decir que se autoriza a construir y dejar la planta lista para funcionar, y recién entonces hacer el estudio de impacto, el derecho ambiental pierde todo sentido. En este marco, la evaluación “ya no será previa” sino posterior a la “emisión de sucesivos salvoconductos amoldados a los requerimientos y etapas delineados por la propia empresa”.
Proyecto Nacional
La inversión de Monsanto encastra a medida de los objetivos de la Nación delineados en el Plan Estratégico Agroalimentario 2020, que perfila al país como jugador estrella en el mercado de los comodities agrarios. Dentro de las 9 millones de hectáreas de granos que se deben incrementar, la siembra de maíz pasaría de 3,7 millones, en 2010, a 5,7 millones de hectáreas para 2020. La nueva planta de la trasnacional tendrá una capacidad de producción para 3,5 millones de hectáreas.
Por ahora, “la Nación no ha dialogado para aportar alguna solución”, remarca Mazzalay. Mientras Monsanto tiene el visto bueno de Nación, Provincia, Municipio y el Poder Judicial, la ciudadanía organizada pide decidir su futuro y no ser reprimido por eso.
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Piden a Cristina la intervención de la Nación en el conflicto por Monsanto
Lo solicitóuna comisión formada por los rectores Tamarit (UNC) y Velasco (UCC), entre otros. También exigieron respuesta de la Provincia.
Una comisión formada por los rectores de las principales universidades de Córdoba, junto con referentes académicos y de derechos humanos solicitaron a la presidenta Cristina Fernández la intervención del Gobierno nacional para garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas en el conflicto desatado por la instalación de una planta de Monsanto en Malvinas Argentinas.
Piden que se haga cumplir la Ley General del Ambiente N° 25.675 y que, en consecuencia, se suspenda la construcción de la acondicionadora de semillas. Sostienen que el pedido “reviste carácter de urgente” debido a que corren riesgo la integridad física de los manifestantes, trabajadores y miembros de las fuerzas de seguridad, al tiempo que alertaron sobre las amenazas de muerte y agresiones físicas que sufrió Sofía Gatica.
Además, advirtieron sobre las expresiones de representantes de Monsanto que “exigen la represión para continuar la obra” y expresaron su preocupación por la falta de respuesta por parte del Gobierno provincial al pedido de audiencia de esa comisión.
El documento está firmado por el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Francisco Tamarit; el de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), Rafael Velasco; y la investigadora del Conicet y escritora Maristella Svampa (Universidad Nacional de La Plata); entre otros.
“Las violaciones a la normativa denunciadas han determinado a los ciudadanos cordobeses a tener que ocurrir a la vía de hecho (protesta frente a la planta) como última herramienta eficaz para garantizar la plena vigencia del Estado de derecho”, sostienen.
Documentos para descargar
Carta a la Presidenta (119.15 KB)
Carta a la Provincia (117.41 KB)
Defensor del Pueblo pidió la intervención del Gobierno nacional por la instalación de Monsanto
El ombudsman nacional recomendó una evaluación de los posibles impactos ambientales sobre la salud de la población, y en caso de autorizarse la planta, poder realizar un monitoreo a partir de una línea de base y un sistema de información epidemiológica.
Tras una serie de reuniones con ONG ambientalistas de Córdoba, y "atento al conflicto social" motivado por la instalación de Monsanto en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, la Defensoría del Pueblo de la Nación pidió la intervención de las autoridades nacionales al respecto, según informó mediante un comunicado.
De esta manera, el Adjunto I a cargo de la Defensoría nacional, Anselmo Sella, recomendó al Ministerio de Salud de la Nación que adopte, a la brevedad posible, "aquellas medidas que considere necesarias para trazar una línea de base de salud en el Municipio de Malvinas, con especial atención al registro y seguimiento de aquellas patologías que puedan estar relacionadas con los riesgos ambientales que generan las actividades productivas presentes y proyectadas para la zona".
Dado que el proyecto aún no está en marcha, porque el procedimiento de evaluación ambiental de la etapa de producción, a cargo de la empresa y del gobierno provincial aún no está concluido, "es indispensable contar con una evaluación sistemática del estado de salud de la población de Malvinas Argentinas, a modo de línea de base para llevar adelante una visión completa de los posibles impactos ambientales sobre los pobladores de esa localidad".
Hace unas semanas, funcionarios de la Defensoría nacional mantuvieron un encuentro con distintas ONG de Córdoba que se oponen a la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas.
De la misma, participaron: Luciana Gagliardo, integrante de la ONG Conciencia Solidaria; Eduardo Quispe, miembro de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y el periodista Oscar Alfredo Di Vincensi, oportunidad en la cual le señalaron "la negativa de los vecinos a que la empresa Monsanto se instale en esa localidad y solicitaron al defensor que intervenga para que sus derechos sean respetados".
En la ocasión, Sella destacó a los ambientalistas que era fundamental contar con el informe de impacto ambiental como paso previo a cualquier posible autorización definitiva para la radicación y funcionamiento de la planta de Monsanto.
Fuentes:
Multitudinaria movilización exigió la “expulsión” de Monsanto en Córdoba, 04/12/13, La Mañana de Córdoba. Consultado 04/12/13.
“No queremos un Mariano Ferreyra en Malvinas Argentinas”, 04/12/13, Plaza de Mayo. Consultado 04/12/13.
Piden a Cristina la intervención de la Nación en el conflicto por Monsanto, 03/12/13, La Voz del Interior. Consultado 04/12/13.
Defensor del Pueblo pidió la intervención del Gobierno nacional por la instalación de Monsanto, 02/12/13, La Voz del Interior. Consultado 04/12/13.
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