Lo impulsa la Defensoría del Pueblo de la Nación, en pos de lograr un manejo integral sobre el sistema hídrico del Salí Dulce. Se propone involucrar la participación social en todas las tareas de gestión sobre los ríos.
La experiencia de participación de la Defensoría del Pueblo de la Nación en problemáticas vinculadas a las cuencas hídricas del país trajo aparejado cambios sustanciales en la merma de la contaminación industrial. Así lo hizo saber a Nuevo Diario Leandro García Silva, integrante del equipo técnico de la Defensoría, quien consideró necesario reactivar un plan integral para la recuperación ambiental de la cuenca Salí-Dulce, propuesta que hizo pública durante su participación en el simposio titulado “El abordaje multidisciplinario de las problemáticas ambientales de cuencas: los casos Matanza-Riachuelo y Salí-Dulce”, realizado en la UNSE.
Asimismo, planteó la creación de un nuevo ente que contemple la integralidad ambiental de la cuenca hídrica de la que es parte Santiago.
- ND: ¿Cuál fue la experiencia impulsada en la cuenca Matanza-Riachuelo?
- GS: Antes de la sentencia de la Corte Suprema organizamos una serie de informes que permitieron describir el estado de la cuenca, junto a la participación de organizaciones civiles y las universidades, para poder hacer un diagnóstico participativo, que permitió tanto a terceros y a la Defensoría a participar ante la Corte. Hoy, después de la sentencia del máximo tribunal, coordinamos un cuerpo colegiado que tiene como función controlar que se cumpla con la sentencia que condenó al Estado nacional y a la Provincia de Buenos Aires a llevar adelante un plan integral para la recuperación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.
- ND: ¿Y de qué manera puede ser útil este trabajo en la cuenca Salí-Dulce?
- GS: La Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un trabajo muy activo junto con la de Santiago en el seguimiento del cumplimiento del acuerdo tripartito, en pos de llevar adelante un plan de gestión y reconversión industrial para evitar vuelcos en el río Salí y que afecten a Santiago. La experiencia del Riachuelo puede servir para la intervención en la región, ya que el Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, expresó que es necesario crear una autoridad de cuenca para el Salí-Dulce, un proceso que está marcha, aunque sabemos que existe el Comité de Cuenca, pero es necesario la participación no sólo de todas las provincias que comparten la cuenca, sino también involucrar la participación del Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.
- ND: ¿Un organismo paralelo al desarrollado por el Comité de Cuenca?
- GS: En realidad forma parte de un acuerdo que todavía no se ha institucionalizado y funcionará en forma permanente, tendrá competencias para regular todas las actividades en la cuenca, incluyendo la participación de la sociedad. Sería una experiencia similar al aplicado en la Matanza-Riachuelo, un camino necesario a recorrer, porque es necesario garantizar en todo el procedimiento la participación de la ciudadanía.
- ND: ¿Cómo se instrumentaría el trabajo de este ente?
- GS: En todas las cuencas interjurisdiccionales debe existir un comité y diseñar competencias para tomar definiciones en lo que deben hacer las provincias en concurso con la Nación. Por supuesto que ya hay un antecedente con el Comité de Cuenca Salí-Dulce, pero la Defensoría impulsa que se avance en la institucionalización de una autoridad de cuenca con los poderes suficientes como para poder regular toda las actividades, no sólo las de las industrias, sino los vuelcos de la actividad agropecuaria y demás factores que afecten el ecosistema de este sistema hídrico.
Adoptar una iniciativa de solución
Leandro García Silva explicó el caso de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), organismo creado por una ley nacional a la cual adhirieron las provincias de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Creemos que Santiago y las provincias que integran la cuenca pueden adoptar un camino similar posible, que debería hacerse en el marco de un acuerdo interjurisdiccional, como exige la ley nacional de agua y la ley de presupuestos mínimos para la gestión integral del agua”, explicó.
Destacó los esfuerzos impulsados por el defensor del Pueblo de la provincia, Martín Díaz Achával, “con monitoreos en rios e inspecciones en los ingenios, solicitando la definitiva reconversión industrial de las empresas de Tucumán”, concluyó.
Fuente:
Solicitan la creación de un ente de control de la cuenca, 06/11/13, Nuevo Diario de Santiago del Estero.
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