Desalojos, casas destruidas y reclamos de justicia

Dos familias fueron violentamente corridas de terrenos que decían poseer desde hacía un siglo en un campo cercano a Tres Esquinas. Hay una batalla judicial por los predios.

por Lucía Guadagno

Rolando González y su familia vieron cómo les tiraban abajo su casa mientras sus muebles, sus animales y sus pocas cosas se mojaban bajo la llovizna. No tenían más pertenencias que esas. La escena se repitió en la casa de sus vecinos, los Bulchi. La demolición, esta vez, fue ante las miradas de Juan Pablo, 
de 11 años; Melisa, de 13, y Alexis, de 17.

Los desalojos de estas dos familias ocurrieron el 11 de abril pasado, en un campo cercano al paraje Tres Esquinas, a 30 kilómetros al oeste de Córdoba, sobre la ruta nacional N° 19. Fueron echados por una orden judicial que disponía restituir las tierras a Sara Jabase. Del operativo participaron la Policía y un oficial de justicia. Ahora, las familias desalojadas reclaman en Tribunales.

Ni ellos, ni sus vecinos, ni las autoridades comunales de Monte Cristo y Piquillín (las dos localidades más cercanas) salen de su asombro por la brutalidad con que fueron corridos. “Más allá de los papeles, acá ha habido un atropello a la dignidad de las personas. A veces el tema legal escapa al común de la gente. Estas personas no tenían nada más que eso que les destruyeron”, sostuvo Sergio Torres, el cura de Monte Cristo, consultado por este diario.

Los González afirman ser los poseedores de la tierra desde hace un siglo. “Acá ya vivía mi bisabuelo, después mi abuelo, mi viejo, y ahora mi hermano, mi tío y yo”, afirmó Rolando. “Pero nunca tuvimos los papeles (escrituras)”, reconoció. Los Bulchi, en cambio, sí dicen tener sus títulos de propiedad.

A los terrenos, que suman unas siete hectáreas, los rodean cientos de hectáreas sembradas con soja. Esos campos son los que se disputan en un juicio Jabase y Henri Cattáneo desde hace más de una década.

En 2009, el juez José Sartori dictaminó que las tierras eran de Jabase y que debían serle restituidas. La decisión fue apelada por Cattáneo. De todos modos, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2da nominación ordenó a la jueza María Olariaga que ejecute la sentencia porque -según explicó la magistrada- la apelación no tiene efecto suspensivo. Olariaga, entonces, ordenó la restitución de 182 hectáreas y el lanzamiento (desalojo) de Cattáneo y de todas las cosas puestas por él. Y aquí está el punto clave, que ahora dirimirá la Justicia.

Jabase afirma que los González y los Bulchi eran empleados de Cattáneo, puestos por él para trabajar y cuidar el campo. Pero ambas familias niegan esa versión y afirman haber vivido toda la vida ahí.

Sin embargo, en el acta labrada por el oficial de justicia José Acebal, representante del Poder Judicial durante el desalojo, se afirma que uno de los González (Eduardo, tío de Rolando) declaró ser empleado de Aldo Cattáneo (quien falleció) y que Ramón Bulchi dijo ser cuidador del campo de Cattáneo. La jueza Olariaga explicó que si estas personas no hubiesen declarado tener relación con 
Cattáneo, no hubieran sido desalojadas.

Consultado por este diario, Eduardo González negó haber realizado tales declaraciones. Por este motivo, representados por abogadas del Movimiento Campesino, los González presentaron el pasado viernes en Tribunales II de la Capital una impugnación del oficio realizado por el oficial de justicia y una denuncia penal. La abogada Victoria Gauna informó que harán nuevas presentaciones durante esta semana.

Por su parte, Irma Monje, exesposa de Ramón Bulchi, que habitaba con sus seis hijos la segunda casa volteada, dijo a este diario: “Hace 22 años que vivimos ahí y antes había vivido mi abuela. Nos mudamos cuando ella falleció”. Asimismo, negó que Ramón haya dicho que era cuidador de Cattáneo. “Ramón llegó al lugar conmigo, porque los dos estábamos cuidando a una de nuestras hijas en el Hospital Córdoba”, contó.

Este diario intentó ubicar sin éxito al oficial de justicia Acebal. En tanto, Henri Cattáneo no quiso hacer declaraciones.

Guardia permanente. Jabase reivindica la propiedad de los terrenos en función de lo que la Justicia ordenó en primera instancia. “Soy la propietaria. El campo me fue usurpado y después de muchas vicisitudes logré recuperarlo”, dijo Sara.

Al lado del terreno donde vivían los González hay un pequeño monte y luego, los restos de una casona antigua, donde funcionaba, décadas atrás, un almacén de ramos generales de los Jabase. Allí se encontraba el lunes pasado Marcos Werler, sobrino de Sara, quien permanecía en una casilla para cuidar la propiedad. “Tenemos que quedarnos porque si no vienen a ocupar”, explicó. A 300 metros de allí, había apostados dos policías en un auto particular.

Dos días después del desalojo, los González y los Bulchi volvieron al terreno con gente del Movimiento Campesino, quienes contactaron con ellos al día siguiente de las demoliciones. Las familias y los activistas se instalaron en el lugar, pero el fiscal Víctor Chiapero ordenó su detención por violar la propiedad privada.

Unas 16 personas fueron llevadas a la comisaría de Río Primero. Dos fueron liberadas por ser menores; las demás, imputadas por usurpación y liberadas al día siguiente.

Repudio a la forma. El intendente de Monte Cristo, Fernando Gazzoni, reconoció la conmoción que hay en parte del pueblo porque los desalojados eran gente conocida. “Los González siempre vivieron ahí. Reclaman cosas mínimas, seis o siete hectáreas. Supongo que la Justicia lo resolverá”, sostuvo.

Su par de Piquillín, Horacio Rubiolo, admitió no conocer los detalles del litigio, pero igual remarcó: “De lo que estoy más que seguro es de que esa no era la manera de proceder”.

También se mostraron sorprendidos agentes del Ministerio de Desarrollo Social provincial. “Generalmente asistimos a gente desalojada, pero nunca vimos algo así: que les tiren las casas abajo de esa manera”, dijo un vocero de ese ministerio.

Los González viven ahora en casas de parientes y en una pieza alquilada. La familia Bulchi, en tanto, permanece en una casa de campo prestada.

Ley 9.150

De 2004. La Ley de Saneamiento de Títulos y Registro de Poseedores de Inmuebles busca atender, desde 2004, la problemática de los poseedores antiguos de las tierras que no tienen los títulos de propiedad. La norma se sancionó en respuesta al caso emblemático de Ramona Bustamante, quien se resistió al desalojo de sus tierras en la localidad de Sebastián Elcano, al norte de la provincia.

Autoridad de aplicación. Es la unidad ejecutora para el Saneamiento de Títulos, que depende del Ministerio de Justicia, y está a cargo de Antonio Ruotolo. Ante la consulta de este diario, funcionarios del área dijeron que durante esta semana darán información sobre las acciones que lleva a cabo esa dependencia provincial.

El Movimiento Campesino, impulsor del reclamo judicial

Está formado por distintas organizaciones que defienden y brindan apoyo legal a los poseedores ancestrales de tierras.

El Movimiento Campesino, que asesora y representa a la familia González, está formado por distintas organizaciones de la provincia de Córdoba que defienden los derechos de los poseedores ancestrales de las tierras. Brindan apoyo legal e impulsan movilizaciones y reclamos públicos.

Según explicó Germán Pez, uno de los integrantes, el movimiento se formó en 2005. “Donde más conflictos de este tipo se registran es en la zona del valle de Traslasierra, San Javier, Mina, Pocho Río Seco y Tulumba. Con el avance de la frontera agropecuaria hay una presión muy fuerte sobre los campesinos”, sostuvo.

Explicó que la organización no tiene referencia político partidaria y que se mantiene con proyectos solventados por los gobiernos, con apoyos de organizaciones internacionales y el aporte de los mismos campesinos, entre otros recursos.

“Cada compañero aporta a un fondo común”, explicó.

Fuente:

Lucía Guadagno, Desalojos, casas destruidas y reclamos de justicia, 05/05/13, La Voz del Interior. Consultado 07/05/13.

El Movimiento Campesino, impulsor del reclamo judicial, 05/05/13, La Voz del Interior. Consultado 07/05/13.