por Federico J. Macciocchi
Llama la atención lo “complicado” que les ha resultado a los
medios de comunicación informar sobre lo que está sucediendo en la ciudad de
Malvinas Argentinas con respecto a la instalación de Monsanto.
Esta curiosa “dificultad” ha provocado que ciertas notas
periodísticas desviaran el quid de la cuestión. Tal el caso del diario de mayor
circulación de la ciudad, que publicó “No creen que la consulta pública sea lo
más relevante” [i]; “Monsanto, con pase libre para construir en Malvinas
Argentinas” [ii]; “Ambientalistas preparan nuevas protestas y 1.600 vecinos ya
piden trabajo” [iii]. Pero la “confusión” más grande de este medio se advierte
en el artículo “Recién en tres meses se decidirá sobre la radicación de
Monsanto” [iv]. Allí se intenta brevemente explicar qué producirá la firma
Monsanto en Malvinas y en qué consistió el planteo por parte de los vecinos.
Entonces se informa que la planta estará en el corredor de la industria
alimenticia, cuando en realidad la producción será destinada al biodiesel, y no
a la industria de los alimentos.
También se desinforma cuando, al hacer referencia al planteo
judicial relacionado al caso se señala que el fiscal rechazó el pedido de
paralización de las obras, cuando en verdad la causa judicial se inicia a
partir de una acción de amparo[v] presentada ante un juez, no ante una
fiscalía.
Se trata de equivocaciones groseras. Por eso, como abogado
de la causa, considero imprescindible explicar cómo se han planteado los
hechos.
Los ambientalistas o asambleístas, únicos que respetan la Constitución Nacional
Resulta oportuno destacar cómo el término “ambientalista” es
utilizado para denostar, ridiculizar o relativizar un reclamo que encuentra su
fundamento en una norma constitucional y legal. Se pretende de esta manera,
instalar en el imaginario colectivo que se trata de una especie de ideología
que iría en contra de cierto orden (normativo inclusive en muchos casos).
Lo que quiero decir es que hoy el ambiente es un derecho y
es una obligación, reconocidos de manera expresa por nuestra Carta Magna. A más
de 18 años de este reconocimiento, nuestros poderes públicos parecen no haber
tomado razón.
Anuncio presidencial y correspondiente reacción del pueblo
En momentos en los que se estaba llevando adelante el primer
juicio penal por contaminación con agrotóxicos en Barrio Ituzaingó, desde Nueva
York en julio de 2012 la presidente Cristina Fernández anuncia la radicación de
Monsanto en la ciudad de Malvinas Argentinas.
Los vecinos de esa ciudad se enteran a través de los medios
y comienzan a preocuparse y agruparse en asambleas para tomar conciencia al
respecto.
Informes de la cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología de
la U.N .C. y
FUNAM, y de la Red
Universitaria de Ambiente y Salud – Pueblos Fumigados dan
cuenta de cómo afectará al ambiente la industria que pretende instalarse en la
ciudad de Malvinas Argentinas.
Se realizan marchas y movilizaciones por parte de los
vecinos para manifestarse en contra del emprendimiento de una multinacional que
tiene vastos antecedentes por contaminación en distintos países.
Se solicita a la administración local que se realicen los
estudios de impacto ambiental y que se le dé participación al pueblo de
Malvinas conforme lo establece la Ley General del Ambiente.
Acción de amparo y los derechos que están en juego
Ante el silencio por parte de las autoridades, con fecha 24
de septiembre de 2012 se presenta una acción de amparo [vi] a fin de que previo
la autorización a que se instale la cuestionada empresa, se cumpla con los
procedimientos de evaluación de impacto ambiental y se articule para que el
pueblo pueda expresarse al respecto.
Ese mismo artículo de la Constitución que
reconoce el derecho al ambiente sano, establece que una ley fijará los
presupuestos mínimos de protección ambiental al cual todas las provincias
quedarán adheridas. Es decir, las provincias y municipios pueden legislar sobre
medioambiente pero no pueden reducir la protección establecida en esa ley.
De esta manera esa ley de presupuestos mínimos (Ley 25675)
establece que “toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación , sea susceptible de
degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida
de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución” (art. 11) y que “toda
persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos
administrativos que se relacionen con la preservación y protección del
ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general”
(art. 19); “las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de
consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la
autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y
significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no
será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas
presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o
consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública” (art. 20); “La
participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los
procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas
de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de
planificación y evaluación de resultados” (art. 21).
Mientras la causa se encuentra paralizada hasta tanto los
tribunales retomen su normal actividad luego del receso de la feria judicial, la Municipalidad de
Malvinas, demandada en el proceso de amparo, otorgó autorización para construir
las instalaciones de Monsanto.
Ello motivó a que presentáramos un pedido de medida cautelar
por el cual el juez dé la orden de no innovar o paralizar la obra hasta tanto
esa acción de amparo sea resuelta.
Conclusión
Entiendo que esta sucinta explicación es un aporte para que
el lector pueda conocer adecuadamente el costado jurídico del conflicto. Se ha
permitido la construcción y se está avalando la instalación de Monsanto, una
empresa denunciada internacionalmente por contaminación, y todo ello en una
flagrante violación a todas nuestras normas que resguardan el ambiente. Esta
resistencia llevada adelante por los habitantes de Malvinas Argentinas
demuestra la convicción del pueblo, que tiene claro que la oferta laboral o el
progreso económico no puede estar por encima del ambiente, de la salud, ni de
la vida.
Federico J. Macciocchi es Abogado patrocinante de vecinos de Malvinas Argentinas, Presidente del Club de Derecho.
Referencias
[i] No creen que la consulta pública sea lo más relevante, 15/10/12, La Voz del Interior.
[ii] Monsanto, con pase libre para construir en Malvinas Argentinas, 15/01/13, La Voz del Interior.
[iii] Ambientalistas preparan nuevas protestas y 1.600 vecinos ya piden trabajo, 17/01/13, La Voz del Interior.
[iv] Recién en tres meses se decidirá sobre la radicación de Monsanto, 09/10/12, La Voz del Interior.
[v] “Club de Derecho y otros c/ Malvinas Argentinas – Amparo” (expte. 218019/37).
Fuente:
Federico J. Macciocchi, Aspectos legales del conflicto Malvinas Argentinas | Monsanto, 21/01/13, ECOS Córdoba. Consultado 22/01/13.
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