Informe de la Defensoría del Pueblo sobre los bosques en Salta. El organismo presentó un informe sobre la situación rural en
el noroeste provincial. El texto advierte sobre posibles conflictos.
por Darío Aranda
El corrimiento de la frontera agropecuaria implica la
violación de derechos de campesinos y comunidades indígenas. Lo afirmó la Defensoría del Pueblo
de la Nación
en su último informe sobre la situación rural en el nordeste de Salta, donde
constató desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades,
incumplimiento de leyes nacionales y provinciales, falta de control por parte
del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI).
“Se ha verificado una clara vulneración a los derechos de
pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad
en el accionar de la provincia para la solución de los hechos observados y la
existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por
parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca
consecuencias imposibles de remediar”, alertó la Defensoría del Pueblo.
La ruta nacional 81 recorre el nordeste de Salta, desde
Embarcación hasta Formosa. En el kilómetro 1790 se ubica la localidad de Fortín
Dragones (departamento San Martín). Criollos y comunidades wichí denunciaron en
2011 ante la Defensoría
la presión para que dejaran sus tierras, tala indiscriminada, cierre de
caminos, falta de presencia del INAI, inacción del Ministerio de Ambiente,
necesidad de agua potable y de mejoras en las escuelas. La Defensoría del Pueblo
realizó tres visitas, confirmó las denuncias y acaba de publicar el informe de
situación “Vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas por
deslindes y desmontes irregulares” y envió una carta al gobernador, Juan Manuel
Urtubey.
“(La región visitada) se encuentra sometida a una alta
presión desmontadora impulsada por los altos valores de la soja, que han
‘empujado’ a la ganadería fuera de las zonas centrales de la Argentina desplazándola
hacia el gran Chaco argentino, y por lo tanto también a Salta. Estos cambios
atentan directamente contra el sistema tradicional de producción ganadera del
criollo chaqueño”, afirma la
Defensoría , que recorrió doce comunidades.
Hace hincapié en tres leyes (dos nacionales y una
provincial) que protegen a las comunidades pero que no se cumplen. La ley
26.160 (sancionada en 2006) suspende los desalojos y ordena realizar un
relevamiento catastral de comunidades. “El fracaso del relevamiento es tal que
implicó la anulación en 2011 del convenio entre INAI y el Instituto Provincial
de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), por el que se financiaba al equipo de
técnicos que efectuaría el relevamiento. Apenas una decena de carpetas había
sido presentada”, detalla.
La ley 26.331, conocida como “ley de bosques”, establecía un
reordenamiento territorial que identificara las zonas de monte en tres colores:
rojo (no se puede desmontar), amarillo (requiere autorizaciones para realizar
actividades intensivas) y verde (se puede desmontar). Las comunidades visitadas
están ubicadas en zonas rojas y amarillas.
El informe precisa que la provincia cuenta sólo con un
equipo de campo para fiscalizar y controlar la problemática de bosques de toda
la provincia. Advierte que en Salta se autoriza a desmontar “sin saber si las
comunidades están reclamando esos espacios (..). Las multas no tienen ningún
impacto sobre los desmontadores y, habiéndose retirado del predio (el equipo
provincial), las topadoras siguen su marcha”, asegura la Defensoría.
Hace especial mención al “proceso de arrinconamiento” que
padecen las comunidades mediante el cercado de fincas vecinas que limitan los
espacios de ganadería de criollos e indígenas. “Sus capacidades productivas se
ven fuertemente mermadas”, explica el informe. Los alambrados cierran los
caminos vecinales y limitan el paso de los animales hacia las aguadas, y en
consecuencia se restringe la actividad económica de subsistencia que
desarrollan las comunidades.
De la visita y los testimonios, la Defensoría señala la
“falta de presencia del INAI, circunstancia que favorecería las vulneraciones
de los derechos de los pueblos originarios”. El director de Derechos Sociales
de la Defensoría ,
Horacio Esber, apuntó a la situación nacional: “Los estados provinciales, por
acción u omisión, están ausentes en lo que respecta a los derechos de
campesinos y comunidades indígenas, y dejan amplias regiones libres al accionar
de empresarios y particulares que violan toda la legislación que protege a los
sectores más vulnerables del campo”.
Fuente:
Darío Aranda, Desmonte en zonas prohibidas, 12/11/12, Página/12.
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