lunes, 23 de julio de 2012

Monsanto en Córdoba: la planta generaría más aplicación de plaguicidas y pérdida de biodiversidad

“La planta generaría más aplicación de plaguicidas y pérdida de biodiversidad”. Así lo indicó Raúl Montenegro, quien a través de un informe analizó las posibles consecuencias de la instalación en Córdoba de una de las mayores plantas de acondicionamiento de semillas a nivel mundial

por Lucía Maina

El biólogo Raúl Montenegro advirtió que la instalación de Monsanto en Córdoba significaría una profundización de los problemas ambientales presentes en la provincia.  Según un informe de Funam, la presencia en Malvinas Argentinas de una de las mayores plantas de acondicionamiento de semillas de maíz a nivel mundial acelerará el avance de la frontera agropecuaria y provocará un mayor uso de plaguicidas, con sus consecuentes efectos en la salud y el ambiente.

“Resulta ingenuo asumir que una planta procesadora de semillas es solamente una industria. También es un acelerador indirecto de los procesos de monocultivo, contaminación y desmonte”, establece el informe de la fundación. En ese sentido, su presidente señaló que la presencia de este emprendimiento en Córdoba “generaría más aplicación de plaguicidas y pérdida de biodiversidad”.

Desde Funam informaron que actualmente Monsanto posee cinco plantas en nuestro país: dos procesadoras de semillas (Planta María Eugenia en Rojas, Planta Pergamino); una productora de herbicidas (Planta Zárate) y dos estaciones experimentales (Camet, Fontezuela).

A partir de los últimos anuncios, a la lista se sumarían dos nuevas estaciones experimentales -una de ellas en nuestra ciudad- y una tercera fábrica en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. Si se concreta este último proyecto, nuestro país tendría las dos plantas más grandes del mundo para el acondicionamiento de semillas.

Duplicar la producción
Montenegro aclaró que tanto en la planta de Malvinas Argentinas como en las estaciones experimentales que se proyectan en Río Cuarto y Tucumán “las actividades tienen que ver con la producción y el acondicionamiento de semillas, por eso es que la principal objeción está más allá de los insumos que se van a usar -que obviamente hay que analizarlos-, y es cómo se termina consolidando el modelo al generar más cantidad de semillas y más potencial para cultivo”.

De hecho, la planta de Malvinas Argentinas, cuya puesta en funcionamiento se prevé para fines de 2013, trataría y acondicionaría semillas de maíz hasta lograr una capacidad máxima de producción de 3,5 millones de hectáreas.

En este sentido, Pablo Vaquero, vicepresidente de Monsanto para Latinoamérica, explicó: “En la actualidad se están sembrando 4,5 millones de hectáreas de maíz, con lo que de esta manera estaríamos casi duplicando la producción de semillas en vistas de que se duplicará la producción de hectáreas de maíz en el país”.

Ante esta predicción, desde Funam advierten: “Continuamente se registran en Córdoba operaciones de desmonte ilegal para seguir ampliando el área cultivable. Es previsible por lo tanto que las actividades de Monsanto no sólo induzcan la expansión de fronteras agrícolas, sino también procesos de uso más intensivo de los suelos”.

El debate sobre el uso de agroquímicos
A lo largo de un extenso informe, la fundación predice que una mayor presencia de Monsanto en la provincia “agravaría regionalmente los efectos indeseados” del actual modelo, tales como la “expansión de la superficie cultivada, la destrucción de ambientes nativos y, sobre todo, más enfermedades y muertes por exposición a bajas dosis de plaguicidas”.

Al respecto, desde la organización aclaran: “La planta que Monsanto pretende instalar en Malvinas Argentinas no se dedicaría a la producción de plaguicidas. Pero incentivaría indirectamente su uso a nivel provincial”.

En ese marco, el documento reconoce el atractivo que representan los puestos de trabajo prometidos por la empresa, pero contrasta estos beneficios con las consecuencias indirectas que su instalación generaría en la salud de la población “y la pérdida de puestos de trabajo en actividades incompatibles con los cultivos transgénicos”.

Montenegro celebró que “la noticia sobre la posible radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas haya coincidido con el fuerte debate social sobre los efectos de las bajas dosis de plaguicidas en la salud humana y el ambiente”. Y mencionó la importancia del juicio que se lleva adelante por fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo de la capital provincial.

Por último, el reconocido profesional opinó que “el actual modelo agrícola extractivo que se practica en Argentina debería ser asumido como una variante de la megaminería” por la pérdida de nutrientes que genera y los plaguicidas que persisten por años en el suelo.

¿Por qué en Córdoba?

El informe elaborado por Funam destaca diversos motivos por los que la multinacional Monsanto decidió instalarse en la provincia de Córdoba:
- Tiene a nivel nacional la mayor superficie cultivada con soja transgénica y pese a que sólo conserva menos del 5 % de bosque nativo, su superficie cultivada sigue creciendo.
- Desde 1996 los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales vienen apoyando esta redituable simplificación de la biodiversidad productiva para acrecentar la exportación.
- Las universidades públicas y privadas producen cada vez más especialistas en ingeniería genética.
- A nivel nacional existen escasos  controles y los gobiernos locales y buena parte de la sociedad no advierten los efectos ambientales ni las consecuencias sanitarias que se están provocando.

Según Funam, las obras no se pueden iniciar sin estudios de impacto ambiental

El biólogo Raúl Montenegro dijo que por ley la radicación de plantas de la empresa en Río Cuarto, Malvinas Argentinas y Tucumán está supeditada a evaluaciones y audiencias públicas. “Pensar un plazo de 9 meses es una irresponsabilidad tremenda”, afirmó ante los riesgos que podría implicar la actividad.

Desde la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) afirmaron que, pese a los anuncios oficiales, las plantas que Monsanto pretende instalar en Río Cuarto, Malvinas Argentinas y Tucumán están supeditadas a la realización de estudios de impacto ambiental y audiencias públicas establecidas por leyes nacionales y provinciales. “Todo lo que representa el manejo de organismos genéticamente modificados es extremadamente delicado y pensar un plazo de 9 meses es una irresponsabilidad tremenda”, expresó Raúl Montenegro, presidente de Funam.

En los últimos días, directivos de la empresa Monsanto a nivel local anunciaron que próximamente se iniciarán las obras para la instalación de dos estaciones experimentales de soja y maíz, una en nuestra ciudad y otra en Tucumán. En Río Cuarto, la planta estaría en funcionamiento en alrededor de 9 meses.

A ello se suma la radicación de la planta para acondicionamiento de semillas más importante de América Latina en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, que comenzaría a funcionar a fines de 2013.

Aunque este último anuncio fue rectificado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador José Manuel de la Sota, desde Funam advirtieron que “existen obstáculos legales y administrativos muy importantes” para que la empresa  radique obras de este tipo en nuestro país en el corto plazo.

En concreto, Montenegro indicó que ante esta clase de emprendimientos se aplica  la Ley del Ambiente 7343 de la provincia de Córdoba, así como la ley nacional 25675. “Ambas normas tienen establecida la evaluación de impacto ambiental y la audiencia pública: sólo una vez hecho el estudio de impacto y que los propios actores sociales se presenten y debatan se puede instalar una planta de estas características”, afirmó. Y aclaró que este procedimiento estaría vigente tanto para la planta que se instalará en Malvinas Argentinas como para la estación experimental de Río Cuarto.

Los pasos según la ley
Un extenso informe elaborado por Funam a raíz de los anuncios de los últimos días expresa: “Ningún funcionario público, por alto que sea su rango, puede asegurarle a Monsanto que se instalará. Como cualquier empresa pública o privada, debe presentar formalmente su propuesta en Argentina, y someterse a la ley”.

En ese marco, el biólogo y Premio Nobel Alternativo sostuvo que “es una falta de respeto que Monsanto haya anticipado una fecha de terminación de obras cuando no se sabe si los estudios van a dar positivo o no”.

Desde la fundación explicaron que la ley obliga a las empresas a elaborar los estudios de impacto ambiental, que luego pueden ser analizados por universidades o grupos consultores. “Lo importante es que estén disponibles para que en forma independiente se los pueda evaluar y obviamente va a haber una evaluación dura en este caso. Ha sido totalmente inoportuno hacer este anuncio y este apoyo gubernamental en el mismo momento que se da el conflicto en Ituzaingó. Pensemos que la planta en Malvinas Argentinas está a 9 km del barrio”, reflexionó Montenegro.

Y explicó que una vez evaluados los estudios de impacto ambiental, el resultado se debe debatir en audiencia pública con la intervención de las personas que podrían verse afectadas, aunque aclaró que para el Estado no es obligatorio cumplir lo que se defina en esa instancia.

El cumplimiento
Desde Funam destacaron que es indispensable determinar el tipo de actividades que se desarrollarán en la planta de acondicionamiento de semillas y, especialmente, en las estaciones experimentales, donde hasta ahora se desconocen las prácticas que se realizarán así como las sustancias a utilizar.

“El gobierno provincial ha violado sistemáticamente normas de impacto ambiental, pero siendo éste un tema tan tremendamente delicado las malas costumbres no se van a poder practicar tan ligeramente”, manifestó al respecto Montenegro.

Y continuó: “Todo lo que representa experimentación con material biológico transgénico requiere un más que cuidadoso impacto ambiental tanto por los efectos biológicos que puede tener sobre otras especies como obviamente si en ese predio se usan plaguicidas”.

Consultado acerca de la actitud que tomarán desde la fundación si las normativas vigentes no son respetadas en la provincia, el biólogo aseguró: “Si no lo cumplen denunciamos penalmente al gobernador o al funcionario que sea: los funcionarios tienen la obligación de cumplir la ley y también de hacer que esa ley se cumpla”.

Fuentes:
Lucía Maina, La planta generaría más aplicación de plaguicidas y pérdida de biodiversidad, 23/07/12, El Puntal de Río Cuarto. Consultado 23/07/12.
¿Por qué en Córdoba? , 23/07/12, El Puntal de Río Cuarto. Consultado 23/07/12.
Lucía Maina, Según Funam, las obras no se pueden iniciar sin estudios de impacto ambiental, 23/07/12, El Puntal de Río Cuarto. Consultado 23/07/12.

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