por Lucía Maina
Así lo indicaron altos funcionarios de la secretaría y el
único empleado que hacía relevamiento satelital, quien junto a otras personas
clave del área fue despedido tras un pedido de un abogado de entidades
agropecuarias a las autoridades. Ahora, habría sólo seis funcionarios
controlando delitos ambientales.
Uno de los despidos más importantes ocurridos en la Secretaría de Ambiente
en las últimas semanas fue el del biólogo Facundo Fernández, única persona
encargada de controlar mediante relevamiento satelital los desmontes ocurridos
en todo el territorio provincial y comprobar ilícitos para sancionar a los
infractores.
Fernández denunció que su contrato, al igual que el de una
abogada y un inspector clave en esta área, fue dado de baja siete días después
de que el abogado Raúl Carranza, representante de la Confederación de
Asociaciones Rurales de la
Tercera Zona (Cartez) y de la Sociedad Rural de
Jesús María, presentara una nota al secretario de ambiente afirmando verse
perjudicado por el desempeño de dichos empleados.
La información fue corroborada a este diario por un alto funcionario dela
Secretaría de Ambiente, quien afirmó que “hay una extraña coincidencia”
entre la nota enviada por Carranza y los contratos cesanteados, que según las
autoridades se debieron a que los empleados no se adecuaban a los objetivos de
la gestión actual.
La información fue corroborada a este diario por un alto funcionario de
“Lo que pasa es que este abogado hace unos negocios
fabulosos defendiendo desmontadores y como se lo condenaba a pagar la multa le
arruinaban el negocio. Él tiene sus amigos y cómplices acá adentro”, señaló un
funcionario consultado por El Puntal de Río Cuarto.
A raíz de los últimos despidos, actualmente el Área de
Control y Fiscalización Ambiental sólo está actuando ante emergencias de
desmontes puntuales ya consumados que denuncian los vecinos, pero no hay
personal dedicado a detectar deforestaciones ilegales ni a corroborar
infracciones para labrar multas.
Además, Fernández denunció que durante su desempeño el área
ya se veía desbordada por la cantidad de trabajo y el escaso personal. Y
destacó que en alrededor del 70 % de los planes de deforestación aprobados por la Provincia se cometieron
infracciones.
A esto se suma que, por problemas de logística, hasta junio
de este año -cuando fue despedido- el biólogo debía trabajar con imágenes
satelitales correspondientes a 2011 para detectar desmontes que en muchos casos
habían sido denunciados en los últimos meses, por lo que era imposible comprobarlos
con el material disponible.
Las causas de los despidos
“En total, en la secretaría se cesantearon 19 contratados,
de los cuales nueve pertenecían a áreas estratégicas de control de leyes
ambientales en relación a flora, fauna, pesca, control de feedlots y también
inspectores dedicados exclusivamente a denuncias y seguimiento de desmontes de
bosque nativo”, describió Fernández. Y destacó que esta última tarea era la que
mayor trabajo implicaba por la gran cantidad de infracciones que se cometían.
Precisamente, el biólogo se desempeñaba hasta junio pasado
en el relevamiento satelital de los desmontes en todo el territorio provincial
para corroborar la existencia de áreas deforestadas ilegalmente. Luego de
determinar las características de la superficie afectada, elaboraba los
informes que permitían sancionar a los propietarios de los campos que habían
infringido la ley.
“Ahora no tenemos cómo ver imágenes satelitales para firmar
las multas, está todo parado”, señalaron fuentes que aún trabajan en el área.
Según Fernández, el origen de su despido así como los de una
abogada y un inspector de importancia en esa dependencia, se encuentra en “una
nota que envió Cartez al secretario de Ambiente, Bocco”.
“La nota la firma el abogado Raúl Carranza y habla sobre una
supuesta enemistad manifiesta por parte del director -del Área de Fiscalización
y Control Ambiental- Alejandro Girón y sus representados para con su persona,
porque este abogado venía a la secretaría a gestionar expedientes de infracción
de varios productores”, precisó el profesional despedido.
Y agregó que en el escrito, entre otras cosas, Carranza
denunciaba que el equipo comandado por Girón tergiversaba la información
tratando de generarle algún tipo de perjuicio.
“A las tres personas mencionadas en esta denuncia en un
plazo de 7 días nos dieron de baja el contrato”, manifestó Fernández. Y
continuó: “He presentado notas al secretario de ambiente porque nunca se me
notificó ni se me dio derecho a una legítima defensa ante cualquier acusación,
por lo menos para aportar pruebas porque mi trabajo como profesional no miente:
el desmonte existe o no. Incluso envié notas al gremio, al gobernador, al
ministro y no obtuve ninguna respuesta”.
Fuentes gubernamentales consultadas coincidieron en que el
reclamo enviado por el representante de Cartez y la Sociedad Rural de
Jesús María fue la principal causa de estos despidos. “Mintieron diciéndole a
la gente que daban de baja a personas que no cumplían funciones y en realidad
le dieron de baja a la gente más importante que teníamos sin ningún sumario ni
mancha en su legajo”, afirmaron.
Sólo emergencias
Los cargos que ocupaban los cesanteados del Área de
Fiscalización y Control Ambiental aún no fueron cubiertos, por lo que las
pericias y los seguimientos que permitían aportar pruebas a las denuncias por
desmontes no se están realizando. “Lo que me decían es que todo está paralizado
y no se sabe cuál es el rumbo”, comentó Fernández.
Aunque alrededor de 17 personas estarían trabajando
formalmente en esa dependencia, integrantes del área indicaron que sólo hay 6 cumpliendo sus funciones actualmente e incluso temen que en los próximos
meses haya nuevos despidos.
“Solamente se responde a las emergencias, porque con esa
cantidad de inspectores se puede manejar muy poco”, señaló un funcionario en
relación a la actividad que hoy realiza el Área de Control y Fiscalización
Ambiental. Y agregó: “No hay forma de ver qué pasa en la provincia con los
desmontes ni de hacer patrullaje para prevenir, solamente se puede salir
corriendo ante un hecho consumado que alguien denuncie”.
A la falta de personal, se sumarían los insuficientes
recursos materiales, ya que de los cinco vehículos que antes recorrían el
territorio provincial para detectar ilícitos ambientales, hoy sólo dos estarían
funcionando.
Ante este panorama, Fernández expresó: “Honestamente, no
creo que se normalice la situación. No sabemos cuál va ser el destino del área
y la gestión y control de leyes ambientales”.
“Siempre estuvimos desbordados”
Pero según el biólogo, incluso antes de los despidos
ocurridos en el último tiempo, el control que la Provincia debe ejercer
ante la violación de leyes ambientales presentaba diversas falencias. Los pocos
recursos humanos, materiales y logísticos del área a cargo de esta tarea ya
tenían un impacto directo sobre la destrucción de menos del 5 % del bosque
nativo que aún quedaba en Córdoba.
“Tratábamos de dar respuesta con los medios que teníamos,
que siempre estaban por debajo de lo necesario”, señaló Fernández. “Ante la
poca cantidad de personal que había en el área siempre estuvimos desbordados”,
agregó.
En ese marco, destacó que durante su desempeño se recibía
una gran cantidad de expedientes por infracción a leyes forestales y desmontes
ilegales. “Teníamos un pedido diario que debe superar los 15 expedientes y en
mi caso revisar un solo expediente y hacer un informe puede llevar hasta 20
días y yo era la única persona a cargo. Es imposible llevar un trabajo
administrativo a tiempo y cumplir con el procedimiento que plantean las leyes”,
precisó.
Además, Fernández señaló que prácticamente no existía un
seguimiento en campo de los proyectos de desmonte que eran autorizados bajo los
parámetros de la ley vigente.
“Cuando se autoriza un plan de desmonte en base a un
proyecto se habilitan zonas y otras quedan como reserva, pero esas zonas de
reserva las encontrabas en parte o totalmente desmontadas”, explicó el
profesional en base a las imágenes satelitales. Y estimó que entre un 60 y un
70 por % de los proyectos aprobados incurrían en infracciones.
El biólogo también denunció que debido a problemas
administrativos internos a la
Secretaría de Ambiente encontraba serias dificultades para
obtener las imágenes satelitales actualizadas por parte de organismos externos.
“Hasta junio, que terminé de trabajar, no logré conseguir las imágenes
satelitales del año 2012; estábamos monitoreando las denuncias con imágenes
vencidas”, precisó el biólogo. Y explicó que de esta manera la constatación de
los desmontes se demoraba meses, permitiendo que los abogados de los
infractores evitaran las sanciones correspondientes.
Los departamentos del sur, sin personal a cargo
Entre los más de 50 trabajadores del Centro Cívico que
fueron cesanteados tras asumir la nueva gestión de gobierno provincial se
encontraban las únicas dos personas a cargo de Ambiente en la región. Así, los
cuatro departamentos del sur cordobés dependen ahora del ya escaso personal que
se desempeña en la capital provincial.
“Ahora tampoco hay gente de allá para responder a las
denuncias, todo quedó centralizado en Córdoba”, indicó uno de los integrantes
del Área de Fiscalización y Control Ambiental respecto a la situación de Río
Cuarto. Y agregó: “Tenemos muy pocas posibilidades de controlar esa zona. Hemos
hecho controles pero sin información de satélites es muy difícil detectar un
desmonte”.
Ubaldo Brusasca, único inspector con que contaba la región
para regular y controlar ilícitos ambientales, señaló que ya antes de ser
despedido la mayoría de las veces se recurría al personal presente en la ciudad
de Córdoba para dar respuesta a las denuncias por desmontes y otras
infracciones.
Brusasca relató que la dependencia recibía una cantidad
importante de denuncias por distintas problemáticas ambientales, ante lo cual
debía realizar diversas intervenciones en varias localidades de la región.
Además, él era el encargado de entregar licencias de caza y pesca en las 24
bocas de expendio de los departamentos del sur provincial.
Con sólo dos personas a cargo, la delegación local de
Ambiente también se veía desbordada incluso antes de los últimos despidos.
“Teníamos que dejar trabajo de lado, más aún cuando el horario se extendió,
porque comenzaba a las 8 hasta las 20, entonces yo iba a la mañana y a la tarde
iba la otra chica”, describió el inspector.
Y continuó: “Eso implicaba que yo tenía que salir a llevar
licencias o a alguna auditoría y la secretaría quedaba sola, entonces por ahí
se complicaba, tratábamos de darle forma, por ahí quedaba alguien de otra área.
Tratamos de defenderlo lo mejor posible”,
Respecto a la situación actual, Brusasca indicó: “Desde que
se nos ha caído el contrato el área ha quedado acéfala. Incluso todavía las
bocas de expendio que entregan carnet de pesca y caza me llaman a mí”.
“Hasta el momento no hay nadie trabajando y no tenemos idea
de qué va a ocurrir”, añadió.
Denuncias sin respuesta
La inexistencia de personal de la Secretaría de Ambiente
en Río Cuarto y la escasa cantidad de inspectores que trabajan en la ciudad de
Córdoba ya se hace notar en la región.
Vecinos de Alpa Corral indicaron a este diario que en los
últimos días realizaron denuncias por desmontes en distintos sectores de esa
localidad sin obtener respuesta de la Provincia.
“Nos respondieron que no tenían ni combustible ni quien
diera autorización para controlar”, afirmó una vecina del lugar. Y agregó que
desde Ambiente les manifestaron que en el último tiempo no había ningún permiso
otorgado para deforestar en la zona indicada.
Esta información, afirman los pobladores, demuestra que se
está infringiendo la actual ley de bosques, según la cual toda actividad
vinculada a los desmontes debe ser notificada en esa dependencia provincial
para ser autorizada.
Fuentes:
Denuncian que por presiones del agro, Ambiente casi no controla los desmontes, 29/07/12, El Puntal de Río Cuarto.
Los departamentos del sur, sin personal a cargo, 29/07/12, El Puntal de Río Cuarto.
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