Ecologistas denunciaron la reforma de la ley forestal
aprobada por el Congreso brasileño y que beneficia al sector agropecuario. La
anulación de la ley está en manos de la presidenta Dilma Rousseff.
La aprobación de una ley que reduce áreas protegidas y amnistía
a quienes talaron grandes superficies en la Amazonía de Brasil, a pocas semanas de la cumbre
Rio+20, es un triunfo del sector agropecuario y una derrota de los ecologistas,
que piden el veto presidencial.
"La reforma aprobada es el mayor retroceso ambiental en
Brasil en décadas" porque "promueve una amnistía para quienes
deforestaron ilegalmente en la última década, deja grandes áreas que no serán
reforestadas y reduce lo que los productores deben proteger", denunció el
coordinador del Fondo para la
Naturaleza WWF en Brasil Carlos Rittl.
"Aprobaron un texto que presenta incentivos reales a
nuevas deforestaciones", denunció el Comité en Defensa de los Bosques, que
agrupa a 163 ONGs brasileñas.
El Congreso de Brasil aprobó la reforma de la ley que establece
el porcentaje de selva que los productores rurales deben conservar en sus
tierras, una cifra que llega a 80 % en la Amazonía , y muchos analistas ya anticipan las
críticas en la cumbre de la
ONU Rio +20, cuando más de 100 gobernantes debatirán en junio
en Brasil el desarrollo sustentable del planeta.
"Brasil no tiene la condición moral de recibir jefes de
Estado de todo el mundo para discutir la sustentabilidad si aprueba semanas
antes una ley que prácticamente destruye la conservación de la vegetación
nativa", afirmó a la prensa el ex viceministro de Medio Ambiente y
director del Instituto Democracia y Sustentabilidad, Joao Paulo Capobianco.
La Deforestación podría aumentar
El texto, aprobado por un poderoso lobby agropecuario ávido
por ampliar las tierras cultivadas y que tiene holgada mayoría en el Congreso,
no es el que esperaba el gobierno, que analiza su complicado alcance.
Un estudio divulgado por la Universidad de
Brasilia estimó que la nueva legislación podría aumentar en 47 % la deforestación
para 2020.
"La presidenta analizará con mucha serenidad, sin
animosidad" la posibilidad de vetar el texto o partes del mismo, declaró
este jueves el ministro de la
Secretaría de la Presidencia , Gilberto Carvalho. "Tenemos
mucha responsabilidad con el país", expresó.
"Cualquier cuestión que en la práctica signifique
amnistía para quienes talaron ilegalmente, creo que tiene posibilidades de
sufrir el veto" presidencial, afirmó a la prensa la ministra de Relaciones
Institucionales, Ideli Salvati.
La coalición de gobierno se dividió en la votación, y ahora
unos defienden la reforma y otros el veto presidencial.
Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente, llamó a apoyar
la campaña VetaDilma! que circula en Internet, apelando a la promesa electoral
de Rousseff de vetar una reforma que impulse la deforestación o amnistíe a
quienes deforestaron ilegalmente.
La reforma enfrenta dos caras de Brasil: la del gigante
agropecuario con exportaciones récord y cuyos cultivos ocupan el 27,7 % del
territorio, y la del país con 5 millones de km² de bosques que cubren más del
60 % del territorio de esta nación, que consiguió reducir la deforestación
amazónica de 27.000 km² en 2004
a poco más de 6.000 km2 en 2011.
Victoria del sector agrícola
"Si no hay un veto de la presidenta, Brasil perderá la
credibilidad y las conquistas que llevaron al país a reducir la
deforestación", consideró Paulo Moutinho, del Instituto de Investigación
Ambiental de la Amazonía
(IPAM).
Brasil es uno de los mayores emisores de gases nocivos al
planeta debido a la deforestación, que el país se comprometió a reducir en 80 %
para 2020.
Los agricultores aseguran que la nueva ley no impulsará la
deforestación y defienden la reforma porque la legislación anterior "era
incompatible con el grado de evolución del agronegocio brasileño", señaló
Assuero Doca Veronez, alto dirigente de la Confederación Nacional
de la Agricultura.
Agricultores y ecologistas estaban de acuerdo con reformar
la ley y el gobierno estaba dispuesto a flexibilizar algunas exigencias para
que los agricultores pudieran reforestar parte del territorio talado, pero con
la reforma actual la recuperación de bosque se reduce al mínimo y las áreas
protegidas caen.
La importancia de esta ley, que define lo que los
propietarios rurales deben proteger, se debe a que de los 5,3 millones de km² de selvas y bosques que tiene Brasil, sólo 1,7 millones están bajo protección
del Estado, y el resto en tierras privadas de productores rurales o sin
propiedad definida.
Fuentes:
Observador Global.com, 27/04/12, Dilma Rousseff, bajo presión: ¿vetará la ley forestal de Brasil?
Greenpeace, Código Forestal: Veta Dilma.
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