La resistencia de un pueblo riojano ante una minera
canadiense, apoyada por su intendente municipal en abierta confrontación con el
gobierno de la provincia, ha tenido entidad suficiente como para que el
periodismo de los grandes medios se ocupe profusamente del hecho. Es que el
suceso no puede ser ignorado ya que consiste en la oposición directa y abierta
a la explotación, aurífera principalmente, del yacimiento de Famatina, conocida
desde mucho tiempo atrás, pero con funcionamiento escaso, esporádico y teñida
de oscuros manejos.
La historia de estos aprovechamientos cordilleranos es,
desde hace una década, repetida y conocida. En general estos proyectos se
apoyan en leyes dictadas durante el menemismo que, en el decir de los
especialistas, afectan directamente la soberanía sobre nuestros recursos
naturales, en algunos casos a tal punto que la extracción y exportación de
minerales se convierte prácticamente en un robo al fisco. El caso se repite a
lo largo de la cordillera, en algunos casos con enfrentamientos ríspidos que
rozaron la violencia, como en el caso de Esquel. Es que la megaminería, que de
ella se trata, no se interesa por los daños que puede causar al medio ambiente,
inmersa como está en su afán de ganancias. La actitud se potencia cuando se trata
de extraer oro, cuyo procedimiento más rentable incluye la utilización de
cianuro, peligrosísimo para la vida porque conlleva un alto riesgo de
contaminación de aguas.
Precisamente el agua es otro componente esencial en la explotación minera y ese es un elemento escaso en la cordillera, a excepción de la vertiente patagónica. Los arroyos que bajan de las cumbres de los Andes Aridos constituyen un bien enormemente valioso, esencial a la vida de las comunidades que habitan en los valles desde hace milenios. La queja de los lugareños de Famatina apunta a que habrá una contaminación por partida doble: por la demolición de sectores de la montaña, y por su lavado con agua que se contaminará con cianuro. Además tienen ejemplos muy cercanos que resultan inquietantes: allí nomás, al otro lado de la cordillera, la firma Barrick Gold -cuya instalación se cuestionó y frenó enLa Rioja- por seguir un filón aurífero pretende nada
menos que desplazar glaciares donde están las nacientes de un río, intensamente
aprovechado aguas abajo. Los riojanos encuadran la situación con un argumento
de hierro: por una actividad similar a la que se pretende llevar a cabo en
Famatina, en el yacimiento de La
Alumbrera , en Catamarca, se utilizan 100.000 metros cúbicos
de agua por día, algo así como la sexta parte del escurrimiento promedio del
río Colorado en una hora.
Precisamente el agua es otro componente esencial en la explotación minera y ese es un elemento escaso en la cordillera, a excepción de la vertiente patagónica. Los arroyos que bajan de las cumbres de los Andes Aridos constituyen un bien enormemente valioso, esencial a la vida de las comunidades que habitan en los valles desde hace milenios. La queja de los lugareños de Famatina apunta a que habrá una contaminación por partida doble: por la demolición de sectores de la montaña, y por su lavado con agua que se contaminará con cianuro. Además tienen ejemplos muy cercanos que resultan inquietantes: allí nomás, al otro lado de la cordillera, la firma Barrick Gold -cuya instalación se cuestionó y frenó en
Como era de esperar ya han aparecido cantidad de argumentos
y contra-argumentos respecto a la minera, que se ve favorecida desde el Estado
provincial. Entre otras cosas los manifestantes acusan a la compañía de
exagerar enormemente la cantidad de puestos de trabajo que se habilitarán.
También de realizar espionaje entre la población, al tiempo que elabora listas
negras que incluyen a los opositores al emplazamiento.
A esta altura de los acontecimientos, con situaciones -como
decíamos- ya repetidas y que hacen a futuros inciertos, no hay dudas de que
debería ser el gobierno nacional quien fije las reglas del juego en función de
los intereses del país. Sorprendentemente no ha habido hasta ahora acciones que
apunten a correcciones en la legislación o bien que, sin detener esos
proyectos, sean capaces de controlarlos a través de una normativa que no
perjudique los intereses nacionales y, muy en especial, su medio ambiente.
Mientras tanto, los pobladores de la zona piden directamente la anulación del
convenio y enarbolan carteles con su indiscutible verdad: "Podemos vivir
sin oro. No podemos vivir sin agua".
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