En un informe anual, un comité de las Naciones Unidas
advirtió al Estado argentino por los desmontes, agrotóxicos, soja transgénica,
minería a cielo abierto y violencia contra los indígenas.
por Darío Aranda
Desmontes, agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo
abierto. Desalojos, violencia y vulneración de derechos indígenas. Son parte de
las críticas que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)
de Naciones Unidas (ONU) realizó al Estado argentino en su último informe,
donde además hizo especial hincapié en el incumplimiento de la legislación que
protege a los pueblos originarios y sus territorios. “El Comité está preocupado
sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos
de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”,
denuncia el Comité de la ONU.
“El aumento de los desmontes ha forzado a los pueblos
indígenas a dejar sus territorios (...). El comité está preocupado sobre casos
en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja
transgénica en regiones habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han
afectado negativamente a estas comunidades”, sostiene el informe y explicita
que el modelo agropecuario atenta contra la agricultura indígena. “Es un
importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y
accesible”.
El Comité DESC es el órgano de expertos que supervisa la
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Evalúa los informes presentados y comunica recomendaciones para que
los estados cumplan el Pacto Internacional. Con el título “Observaciones
finales”, el documento de ocho carillas fue presentado el 2 de diciembre en
Suiza.
“El comité está preocupado por los casos en los cuales las
fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados han recurrido a represalias
y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en la
defensa de los DESC, en particular en el contexto de discusiones sobre la
tierra”, denuncia.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) presentaron en
noviembre, junto a una decena de organizaciones, un relevamiento de la
situación al Comité. "Es muy contundente la clara vinculación que establece entre
industrias extractivas y la violencia hacia comunidades”, resaltó Diego
Morales, director del área de Derechos Sociales del CELS. “Es importante que
Naciones Unidas se haga eco de lo que enfrentan indígenas en Argentina y
también hay que destacar que llama a que el Estado tome medidas para revertir
la vulneración de derechos”, subrayó.
El Comité de la
ONU denunció que en Argentina se registra la “violación de la Constitución y del
Convenio 169 de la OIT ”.
Explicitó su “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena
el relevamiento catastral) no se aplica “plenamente”. “El Comité insta al
Estado a que garantice la aplicación plena y coordinada de la ley”.
Por fuera de la situación rural, el informe rescató como
hechos positivos la sanción de las leyes nacionales de Migración, de Educación
Nacional, de Glaciares, de Salud Mental y de Matrimonio Igualitario.
“El comité está particularmente preocupado por la
explotación de litio en las Salinas Grandes (Salta y Jujuy) y por las consecuencias
sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y
subsistencia de las comunidades indígenas”, advierte en el punto IX. En el
lugar viven y trabajan 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la
instalación de empresas mineras.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche
de Neuquén (CMN), evaluó que el Comité DESC “saca a la luz lo que los pueblos
indígenas venimos advirtiendo desde hace décadas, las consecuencias
irreparables que genera una matriz económica basada en la explotación sin
control de la naturaleza”. Nahuel afirmó que “hay declarados enemigos” de los
derechos culturales y territoriales indígenas: “Los gobernadores de San Juan,
Formosa, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Salta y Santiago del Estero, por citar
algunos, son portavoces de las empresas que avasallan nuestros territorios.
Debemos avanzar en frentes comunes para la defensa de la madre naturaleza y de
nuestra vida”.
Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena
(MNCI), dio la bienvenida al informe DESC pero explicó que la ONU “luego de más de 50 años
hablando en códigos mercantiles empieza a aceptar lo que los movimientos le
venimos marcando, que si se quiere luchar contra el hambre hay que fortalecer
la agricultura campesina, y que la agricultura industrial y el extractivismo no
sirven porque, además del aspecto ambiental, jamás serán inclusivas porque su
naturaleza es de acumulación y concentración”.
El MNCI mantiene diálogo con sectores críticos al Gobierno
y, luego del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, compartió
opiniones con espacios oficialistas (Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Frente
Transversal, La Cámpora ).
El lunes pasado emitió un comunicado en línea con el informe DESC, en el que
cuestionó que el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos siga
cajoneado en el Congreso e interpeló: “Votar la ley antiterrorista, permitir
que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente y abandonar a los
campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con
un modelo nacional y popular”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario