por Alejandra
Dandan
Los avisos
fúnebres del día siguiente a la muerte de Luciano Benjamín
Menéndez mencionaron condolencias esperables de Santiago Omar
Riveros o de su promoción del Colegio Militar de la Nación. Pero
también otras menos previsibles, como las de la empresa española La
Moraleja S.A. y su personal, que participaron del fallecimiento “del
señor padre del Ingeniero Martín H. Menéndez” con una oración
por su memoria. El anuncio podría resultar un mensaje cifrado. Pero
no lo es. Martín Horacio Menéndez efectivamente es manager general
de La Moraleja. Lo curioso es que está compañía creada en
dictadura sobre una enorme finca de 30.000 hectáreas en la provincia
de Salta, una de las diez jurisdicciones bajo su comando, estuvo
durante los últimos años asociada al caso Gürter en España. Su
fundador es el ex tesorero del Partido Popular de España, Angel
Sanchis Perales, amigo íntimo y socio comercial de su sucesor como
tesorero del PP, Luis Bárcenas: uno de los nombres más afamados de
esa trama, detenido en España por desvío de dinero negro, tesorero
durante la era de Mariano Rajoy e investigado en Buenos Aires por
transferencias millonarias de fondos hacia la compañía de Salta. La
Moraleja S.A. hoy es tal vez la exportadora de limones más
importante del país, proveedora de Coca Cola Company, blanco de
denuncias por deforestación ilegal amparadas por el gobierno de Juan
Manuel Urtubey y parte de la reñida agenda diplomática del gobierno
con Estados Unidos.
La Moraleja S.A.
se creó el 26 de diciembre de 1978 bajo el gobierno del interventor
en Salta, capitán de navío (R) Roberto Ulloa. El desembarco se hizo
a través de una sociedad panameña llamada RedWood Finance &
Investment Corp. y de Fernando Diaz Colodrero, secretario de gobierno
de Juan Carlos Onganía, hombre del Ateneo de la República, un
importante club de la derecha nacionalista argentina desde donde se
vinculó con sectores del poder militar salteño durante la última
dictadura, según determinó una exhaustiva investigación de la
PROCELAC en 2013. El representante de RedWood Finance &
Investment Corp era Angel Sanchis Perales, tesorero del PP durante el
gobierno de Manuel Fraga Iribarne y quién atendió el negocio con
sus hijos, entre ellos Ángel Rafael Sanchís Herrero, hoy presidente
de la compañía. Con domicilio fiscal en Ruta Prov. N° 5 Km 155 de
Apolinario Saravia en Salta y domicilios alternativos en avenida
Córdoba 333 Piso 5 y Talcahuano 750 Piso 9, emplea entre 1.600 y
1.800 personas y tiene declarada como actividad principal la
elaboración de jugos naturales y sus concentrados, elaboración de
frutas, hortalizas y legumbres. Entre las actividades secundarias,
desde 2013 cultiva soja. La contabilidad general muestra aportes a la
seguridad social impagos en diciembre de 2017 y enero de 2018.
Crecimiento de deuda en 2017. Y un cambio de domicilio estatutario en
abril de 2013, año sacudido por el escándalo.
Hoy no sólo es
proveedora de Coca Cola, sino una de las principales exportadoras de
limones del país, posicionado como uno de los mayores proveedores
del globo.
La historia de La
Moraleja cubrió páginas de diarios españoles a comienzos de 2009
con el destape del caso Bárcenas, detenido en España por el desvió
de fondos y pago de sobresueldos a los más encumbrados integrantes
del Partido Popular. La investigación argentina comenzó en ese
contexto, cuando la justicia española seguía las pistas de 48
millones de euros depositados en una cuenta de Suiza parte de los
cuales se perdían en el camino hacia la compañía de Salta. En una
denuncia presentada en noviembre de 2013, el titular de la PROCELAC,
Carlos Gonella, y su área de fraudes económicos y bancarios a cargo
de Pedro Biscay, describieron que La Moraleja recibió 3 millones de
euros a través de una operación que comenzó en Suiza y pasó por
una cuenta de Estados Unidos de una compañía uruguaya de Bárcenas.
El dinero de Suiza estaba a nombre de una fundación llamada
Sinequanon creada en el despacho de Mossack Fonseca, dato que llegó
a la justicia española en 2011, mucho antes del escándalo de los
Panamá Papers.
La fundación
transfirió el dinero en dos veces a una cuenta de la empresa
uruguaya Brixco SA, localizada en la sucursal de New York City del
HSBC y de allí a La Moraleja S.A. “con la finalidad de financiar
operaciones de comercio exterior, enmascarando el origen ilegal de
los fondos transferidos”, señaló Gonella en la presentación de
la denuncia penal contra parte del directorio de La Moraleja. “A
criterio de PROCELAC la denuncia da cuenta de la existencia de una
operatoria de lavado de activos mediante la cual la sociedad La
Moraleja S.A. puso a disposición de Luis Bárcenas la estructura
contable y financiera de la firma para canalizar fondos ilícitos en
inversiones y préstamos por exportación, al tiempo que también se
pudo determinar que dentro de la firma se habrían celebrado
contratos simulados de compra venta de obras de arte (N.d.R: ya en
2006) en los que habría participado Patricio Bel, síndico de la
sociedad y estrecho colaborador de Bárcenas, junto a quién también
habría realizado viajes relámpago a la República del Uruguay, con
fines hasta el momento desconocidos”.
La investigación
sobre Bárcenas continúa en España. La Moraleja volvió a ser
noticia el año pasado cuando en enero declaró el hijo de Sanchis,
durante las audiencias del juicio oral. Allí habló sobre la
relación de su padre con Bárcenas y dijo que no sabían sobre la
procedencia del dinero. “Si el PP no dudaba de Bárcenas, ¿por qué iba a dudar yo?”
Como sea, también
fue noticia fronteras adentro. En mayo de 2017 cuando el gobierno
negociaba bajo tensión el ingreso de limones a Estados Unidos,
Greenpeace publicaba una denuncia por el desmonte de tres mil
hectáreas con el aval del gobierno de Urtubey.
“La empresa
tiene relación con el PP y con todos los gobiernos provinciales se
han llevado muy bien desde 1978, cuando compraron la finca”, dice
Hernán Giardino, responsable de Bosques de la organización. “Los
permisos de desmonte fueron otorgados de manera ilegal por el
gobierno provincial actual y la gestión anterior. Es evidente la
complicidad de los gobiernos de la provincia de Salta con la empresa
para violar la Ley de Bosques: Juan Carlos Romero, el gobernador
anterior, autorizó un desmonte en plena moratoria, una semana
después de aprobarse la ley en 2007; Urtubey no sólo no obligó a
la empresa a reforestar, sino que le otorgó otro permiso de desmonte
en zona protegida”.
El 19 de agosto
de 2011, Salta ratificó el contrato de promoción industrial que
otorga beneficios promocionales como medida de estímulo y fomento.
En ese sentido, la relación con la provincia semeja la de un
matrimonio que ninguna tormenta parece disolver.
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Fuente:
Alejandra Dandan, La muerte te da sorpresas, 04/03/18, El Cohete a la Luna. Consultado 05/03/18.
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