A mediados de
1924, un rumor recorrió como reguero de pólvora los diarios
porteños. Decía que la policía había incendiado una toldería en
el territorio nacional del Chaco y había matado a numerosos indios,
sin respetar sexo ni edad.
Días después se
confirmó que a unos setenta kilómetros de Resistencia efectivamente
se había producido una matanza de aborígenes tobas y mocovíes y
que el hecho había ocurrido en las primeras horas del sábado 19 de
julio. Más adelante se supo que la tragedia se había desencadenado
cuando los indios se negaron a seguir cosechando algodón por el
mísero jornal que les pagaban los terratenientes. Estos tenían como
aliado al gobernador Fernando Centeno, famoso por su altanería y
porque " nunca ganó un peso honradamente".
La noticia
impactó en el gobierno del radical antipersonalista Marcelo T. de
Alvear e hizo tambalear en su cargo al ministro del Interior, Vicente
S. Gallo.
La prensa
informaba que en las inmediaciones de la reducción indígena de
Napalpí habían ocurrido cosas "que parecen extraídas de
pergaminos del pasado". Centeno tuvo que bajar a Buenos Aires y
recorrer los diarios para presentar su historia oficial. Dijo que los
muertos fueron cuatro, todos indios criminales que se mataron entre
ellos.
La Justicia, por
su parte, habló de sublevación. Así rezaba la carátula del
expediente n° 910/24 que se abrió en el juzgado federal de
Resistencia: "Sublevación indígena en la Reducción de
Napalpí".
En el Congreso
Nacional, el bloque socialista asumió la responsabilidad de la
investigación y las pruebas empezaron a caer. Hasta llegó un frasco
con las orejas y los testículos del cacique y líder de la supuesta
sublevación, Pedro Maidana, que estaba como trofeo en la comisaría
de la localidad de Quitilipi.
Pese a los
operativos oficiales de ocultamiento, los legisladores no tenían
duda: en el Chaco hubo una masacre de aborígenes de las etnias toba
y mocoví.
Miembros del
Parlamento reclamaron la renuncia del gobernador Centeno y todo su
equipo, además de una comisión investigadora para determinar la
cantidad de muertos. Se convocó entonces a una sesión
extraordinaria para interpelar al titular de la cartera de Interior.
La interpelación, que duró seis horas, tuvo lugar el 4 de
septiembre de 1924. Comenzó a las 12 de la noche y terminó a las 6
de la mañana de ese día.
El diputado
Francisco Pérez Leirós expuso una serie de "hechos que parecen
propios de la pesadilla de un loco" y mostró el frasco con las
orejas y los testículos del cacique Maidana. Todo fue inútil. Las
pruebas fueron desestimadas por la mayoría y la causa pasó a
archivo.
Amargado, el
diputado Leirós lanzó este reproche contra el gobierno de Alvear:
"Creíamos ingenuamente que el mandón atrevido e insolente, con
todo su cortejo de bandidos, había desaparecido del escenario
político argentino, y que los sinvergüenzas habían dejado de
representar en los territorios nacionales al Ejecutivo Nacional.
Lamentablemente vemos que no es así". La causa se cerró, según
el diario Heraldo del Norte, por la sencilla razón de que "las
víctimas eran sólo unos míseros indios".
El cerco de la
impunidad
En territorio
chaqueño, paso a paso el cerco de la impunidad también se fue
cerrando. Centeno, que siguió en su cargo como si nada hubiera
pasado, separó al juez que atendía el caso, Justo F. Farías, y lo
reemplazó por uno de su confianza, Juan Sessarego. Al fiscal
Jerónimo Cello, porque se atrevió a reclamar que la causa no fuera
archivada, lo mandaron lejos, a la Cámara de Apelaciones de Paraná,
Entre Ríos.
El nuevo
magistrado, quien había sido "puesto a dedo por Centeno en
medio de la repulsa popular", sobreseyó a los 80 policías que
intervinieron en la matanza.
Trece años
después, el 6 de enero de 1937, el territorio de Resistencia
denunció que todavía se paseaban por la ciudad "algunos de
esos asesinos de indios hambrientos e indefensos".
La demanda
Gran repercusión
ganó, en noviembre del 2004, un juicio por 116 millones de dólares
de la etnia toba contra el Estado argentino como reparación
histórica por aquella masacre. Hasta el New York Times se hizo eco
de la demanda presentada ante el Juzgado Federal de Resistencia.
En mayo del 2005,
el gobierno de Néstor Kirchner rechazó la demanda en términos que
los aborígenes repudiaron "por su virulencia, discriminación,
racismo e inhumanidad".
Lo hizo a través
de la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo dictamen afirmaba
que los tobas no constituían una etnia y que la masacre de Napalpí
no podía considerarse crimen de lesa humanidad.
La demanda,
similar a la presentada por la matanza de indios Pilagá en Rincón
Bomba, ocurrida durante el gobierno de Perón, duerme en los
anaqueles del Juzgado Federal de Resistencia a la espera de un
denominado "juicio por la verdad".
Al parecer, poco
importa que la verdad ya salió a la luz hace más de noventa años.
Este 19 de julio la impunidad por la masacre de Napalpí cumple 93
años y aún goza de buena salud.
El autor es
periodista e historiador.
Fuente:
Vidal Mario, La masacre de Napalpí, una matanza que cumple 93 años de impunidad, 16/07/17, Infobae. Consultado 20/07/17.
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