¿Podrá la Justicia con un conflicto ambiental?

Es muy difícil que un fallo judicial logre resolver un conflicto como el que rodea al complejo ambiental de Cormecor.

por Virginia Guevara

¿Podrá la Justicia lo que no pudieron hasta ahora Cormecor, 12 intendentes del área metropolitana -comenzando por el de la ciudad de Córdoba-, la Secretaría de Ambiente de la Provincia y varios organismos técnicos universitarios, a la hora de brindar seguridad y certezas a los vecinos de Villa Parque Santa Ana?

En caso de rechazar las objeciones judiciales al Complejo Ambiental, ¿logrará la Cámara Contencioso Administrativa convencer a los vecinos de Villa Parque Santa Ana de que la cercanía de los residuos no les arruinará la calidad de vida?

En caso de darles la razón a los vecinos y establecer que el Complejo Ambiental no puede hacerse, ¿podrán los camaristas determinar qué hacer con la basura que en los próximos 30 años genere casi el 65 por ciento de la población de la provincia?

Es obvio que no se le puede pedir tanto a un fallo judicial.

Pero lo real es que la Justicia es la única que, a esta altura, puede aportar a la solución del enorme conflicto socioambiental generado en torno del futuro de los residuos sólidos urbanos de todo el Gran Córdoba. Y del todavía mayor problema que la basura representa en la Capital y en gran parte de las localidades que la rodean.

Repasemos el panorama. El Complejo Ambiental que Cormecor promete desde hace cuatro años está frenado por la Justicia hasta tanto la Cámara resuelva la situación de fondo de una de las causas en curso, que se acumularon esta semana en la Cámara.

Si el complejo es autorizado, aún deberá resolverse la licitación para su construcción y luego concretarse esas obras. Tratar y enterrar basura en ese nuevo predio nunca demoraría menos de un año.

A través de su empresa Crese, la Municipalidad de Córdoba notificó hace ya tres semanas a los intendentes de 20 localidades del Gran Córdoba que a partir del 1° de agosto ya no podrán enterrar residuos. Es decir que, lejos de resolverse, el problema del enterramiento de la basura podría multiplicarse.

La gestión de Ramón Mestre acaba de anunciar que destinará 100 millones de pesos a ampliar Piedra Blanca, el enterramiento proyectado para un año, que ya lleva siete años funcionando y que deberá aguantar un año más.

Cien millones para una medida que no implica una solución, sino que consiste en extender la precariedad de ese predio, que no cuenta con las dimensiones necesarias para permitir un crecimiento de mediano plazo y que, además, está muy cerca de Nuestro Hogar III, un barrio castigado por la pobreza y los problemas ambientales. Y también está relativamente cerca de Villa El Libertador, el gigante popular de la zona sur.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto de Cormecor es superador de todas las situaciones actuales existentes en el Gran Córdoba en lo que a residuos se trata. Lo que se discute es si puede hacerse o no en el predio ya expropiado en Alto El Durazno. Hasta ahora, los que dicen que “no puede” hacerse ahí son los vecinos de la zona y el municipio de Parque Santa Ana.

La Justicia resolverá si se ajustó a la ley la autorización para que ese complejo se haga. No tiene por misión convencer a nadie de que ese complejo sea conveniente, pero lo real es que algún poder del Estado debe encargarse de esa negociación. Si no, se impondrá un complejo por la fuerza. O se impondrá la decisión de una minoría.

Fuente:

Virginia Guevara, ¿Podrá la Justicia con un conflicto ambiental?, 27/05/17, La Voz del Interior.