“Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres” dispone de $ 1463 millones, pero está virtualmente paralizado.
por Pablo Taranto
Las
aguas bajan turbias. No las detienen los bosques nativos ni la
barrera natural de los humedales, arrasados unos y otros por la
expansión de la frontera agrícola, eje del único modelo productivo
que impulsa como un credo el gobierno nacional. Pero tampoco
encuentran dique en la gestión de prevención y/o mitigación que
este debería desplegar ante catástrofes que ya son recurrentes. Al
mismo tiempo que un informe del propio Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable le apunta al descontrol del avance
agroindustrial como causa principal de las inundaciones, el área que
debe remediar el efecto devastador de estos fenómenos está
virtualmente paralizada.
El
programa "Acciones de Protección Civil, Prevención de
Emergencias y Alerta Temprana a Desastres" del Ministerio de
Seguridad tiene un presupuesto de 1463 millones de pesos. Es el más
importante de la cartera que comanda Patricia Bullrich: reúne poco
menos de un tercio de los 4857 millones que tiene asignados en 2017.
Entre las tareas de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje
Integral de Emergencias y Catástrofes está la de implementar
acciones "tendientes a prevenir, evitar, disminuir o mitigar los
efectos de los desastres naturales o aquellos causados por el
hombre", coordinando "el empleo de los recursos humanos y
materiales del Estado Nacional en las etapas de mitigación,
respuesta y reconstrucción", en el marco del Sistema Nacional
para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil
(SINAGIR). Sin embargo, y a pesar de las recurrentes inundaciones que
en lo que va del año ya afectaron a once provincias, el programa que
debe paliar estas calamidades solo llevaba ejecutados al día 20 de
abril unos 37.410.000 pesos, apenas el 2,56 % de su presupuesto.
El
coronel (R) Emilio Renda, licenciado en Estrategia y Organización y
veterano de decenas de catástrofes -desde la inundación de Santa
Fe en 2003, durante la gobernación de Reutemann, hasta la erupción
del Puyehue en 2011-, lidera la Secretaría que coordina la
asistencia a damnificados por los anegamientos en todo el país, y
días atrás acompañó al presidente Mauricio Macri a Tucumán.
Recorrieron las zonas inundadas y analizaron las obras necesarias
para prevenirlas. El grupo de trabajo del SINAGIR, que incluye a
funcionarios de Recursos Hídricos, Vialidad Nacional y Agroindustria
y cuyo objetivo primordial es reducir el impacto de las inundaciones
en poblaciones de la llamada "zona núcleo" (sudeste
cordobés, centro y sur de Santa Fe, norte bonaerense y La Pampa), se
reunió dos veces este año. En septiembre prevé presentar un Plan
Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres.
De
momento, las actividades del área, amén de la fuerte subejecución
presupuestaria, se centran en la asistencia a evacuados, que suman
varios miles en lo que va del año. Y las eventuales políticas de
prevención naufragan frente a la apuesta a un modelo agrícola,
abiertamente patrocinado por el gobierno pero también objetado por
documentos oficiales. El extenso Informe del Estado del Ambiente
presentado el jueves por la cartera que conduce Sergio Bergman da
cuenta del progresivo deterioro de los humedales, que sirven como
amortiguadores para las inundaciones, y concluye que la principal
causa es "la conversión o el drenaje para el desarrollo de la
agricultura". Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales, celebró la presentación del informe
pero señaló como principal déficit de la gestión Cambiemos “la
ausencia de un actor institucional que lidere la agenda ambiental",
en referencia a las tensiones insolubles entre los ministerios de
Ambiente, Agroindustria y Energía y Minería.
Con
motivo del Día de la Tierra, celebrado ayer, la organización
ecologista Greenpeace renovó su reclamo al gobierno de una política
ambiental que proteja los bosques nativos, señalando la
responsabilidad del modelo agropecuario en el proceso de
deforestación (2 millones de hectáreas menos desde 2014), principal
causa de los anegamientos. "Desde el comienzo de 2017 somos
testigos, mes a mes, de las inundaciones en nuestro país -sostuvo
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de
Greenpeace-. Una hectárea con bosques absorbe diez veces más
precipitaciones que una hectárea con soja. Más desmontes es
sinónimo de más inundaciones”.
La
Nación ya se comprometió con los gobernadores a invertir $ 1000
millones para obras de prevención de inundaciones en la zona núcleo,
y anunció otros $ 1500 millones para reconstruir la castigada
Comodoro Rivadavia. Pero el germen de la catástrofe está en su
propio dogma agroexportador. Aún no respondió al pedido de $ 600
millones que le hizo el gobierno tucumano. En paralelo, asignó $
1000 millones al programa de "Estímulo Agrícola del Plan
Belgrano", subsidios para productores de soja de esa provincia y
otras nueve del norte argentino, casi todas afectadas por crecidas,
pero a cuyos rindes se apuesta este año para apuntalar un modelo que
no tiene plan B
Menos
catástrofes y más armas
La
subejecución del programa destinado a prevenir desastres contrasta
fuertemente con las erogaciones que viene realizando el Ministerio de
Seguridad en otras áreas, como la de "Acciones Inherentes a la
Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad", que en
tres meses y medio ya comprometió 592,5 millones de pesos para
equipar a las distintas fuerzas de seguridad, el 75 % de un total de
793,3 millones asignados. Parte de esos fondos se destinaron a
comprar equipamiento antidisturbios, con la mira puesta en la
represión de protestas y piquetes. El martes pasado, el
relanzamiento de la Policía Federal le permitió a la ministra
Bullrich mostrar los flamantes pertrechos. Los miembros del GEOF
lucieron sus nuevas ametralladoras Minimi Saw M249 belgas y cámaras
GoPro en los cascos. También hubo drones para filmaciones y
seguimientos, un blindado antidisturbios con tronera lanzagases y
hasta trajes anti-radiación para la brigada de Riesgos Especiales.
Fuente:
Pablo Taranto, Solo se ejecutó un 2,56 % de un programa para prevenir inundaciones, 24/04/17, Tiempo Argentino
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