Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia

Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.

Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.

Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.

Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.

Reflexión postergada

La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.

Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.

Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.

Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?

Fuente:

Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia, 23/04/17, La Voz del Interior.