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| Entre ruinas. La casa de Paola se encuentra en la manzana donde explotó el depósito clandestino en Alta Córdoba. Aún no fue reconstruida. Foto: Ramiro Pereyra. |
A dos años de la explosión del depósito clandestino, varios sitios siguen destruidos. Los trabajos de reconstrucción apenas alcanzan a tres de las 14 viviendas afectadas.
por Diego
Marconetti
El paisaje de la
manzana delimitada por las calles Góngora, Rodríguez Peña,
Avellaneda y Argensola todavía les recuerda a sus habitantes lo
ocurrido el 6 de noviembre de 2014, a las 20.41.
A esa hora, un
principio de incendio en un depósito clandestino de la empresa
Química Raponi provocaba una explosión que se escuchó no sólo en
Alta Córdoba, sino también en el resto de la Capital.
Angélica Cueto
falleció por las heridas que le produjo una cortina metálica que la
aplastó. Una decena de viviendas fueron destruidas, 130 inmuebles
resultaron con daños estructurales y 263 con vidrios rotos.
Hoy, las huellas
son tan visibles como entonces. Pese al tiempo transcurrido y las
promesas gubernamentales, la explosión de la química sigue latente,
así como sus consecuencias.
Al 900 de Góngora
se puede ver el galpón donde funcionaba un taller de autos de lujo,
y las fachadas de muchas viviendas no pueden disimular las grietas
que provocó la onda expansiva.
En Avellaneda y
pasaje Cordeiro, en el local de al lado de donde funcionaba la
Química Raponi, las cortinas metálicas abombadas y los vidrios
rotos están como hace exactamente dos años.
Lo mismo sucede
por Rodríguez Peña, donde se había instalado una imprenta.
En el pasaje
Cordeiro vive Hugo Barrionuevo, quien asegura que Dios lo protegió
la noche de la explosión. “La vida en la cuadra cambió, hubo
gente que falleció. Y otros que no volvieron más”, cuenta el
hombre.
“Quedamos con
bronca, los vecinos están desanimados. Antes había más vida, todo
está muy apagado. No dan ganas de hacer nada”, relata Hugo.
A pocos metros se
interrumpe el paso por el pasaje. Allí están las casas sin terminar
que se levantaron donde vivía Ramón Perdiguero y su familia.
El año pasado ya
se habían terminado los cimientos y siete obreros trabajaban a toda
máquina. Doce meses después, no se terminó la obra prometida por
la Municipalidad.
“Mi abuelo
levantó esas casas con sus propias manos y no entiende cómo no las
terminan”, afirma Débora Luna, nieta de Perdiguero. El hombre, de
87 años, tiene cáncer. “Queremos volver antes del desenlace, él
quiere eso”, agrega Débora, quien alquila gracias a un subsidio
provincial.
Walter Ferreyra,
secretario de Desarrollo Social del municipio, prometió que para fin
de año o principios de 2017 estaría terminada. Sin embargo, los
trabajos abarcaron sólo tres unidades de las 14 afectadas.
“Hay 11
inmuebles más, estamos viendo el mecanismo para que se puedan
ejecutar, podría ser en forma de subsidio”, indicó el
funcionario.
En otras
palabras, dos años después, el municipio no pudo aún terminar ni
una sola de las viviendas dañadas por la explosión. Es más, en la
mayoría ni siquiera comenzaron los trabajos.
La misma foto
Al final de
Cordeiro, está la casa de Diego Di Pasquale. La destrucción está
intacta.
“Lo que quedó
no es habitable, me han robado las ventanas. Estamos esperando
solución, no pasó más nada. No se mueve nada. Estoy alquilando
porque Desarrollo Social de la Provincia nos da todos los meses para
alquilar”, comentó el hombre, que inició un juicio a Sergio
Raponi y a la Municipalidad.
Lo mismo pasa con
el complejo de departamentos de Paola Planka Morasetti. Las unidades
más cercanas al depósito están totalmente destruidas. “La parte
de adelante la reconstruimos a partir de nuestro ahorro. La Provincia
y la Municipalidad no hicieron nada”, subraya la mujer.
Esos
departamentos fueron construidos por sus padres y eran el ingreso que
tenían para complementar su jubilación.
“Mi mamá
falleció el 13 de
junio y mi papá, en septiembre. Les agarró
una depresión total. Esos eran sus ingresos, ellos
trabajaron
toda la vida, se quedaron sin nada. Eso los ayudaba bastante, nos
costó demasiado”, remarcó. “El Estado se lavó totalmente las
manos”, añadió. La mujer se pregunta cómo hará para recuperar
los departamentos dañados.
Un Estado que
siempre llega tarde o no llega
No se trata sólo
de ladrillos, de puertas o de ventanas que faltan. La investigación
judicial está demorada y parece que sólo se acelera un poco con
cada aniversario de la tragedia.
por Javier Cámara
La investigación
judicial que se llevó adelante en la Fiscalía de Distrito 3 Turno 3
determinó, hace seis meses, que no hubo otro responsable de la
explosión en la Química Raponi, de barrio Alta Córdoba, que el
propio Raponi. Y que los estamentos del Estado, tanto del nivel
municipal (la Dirección de Habilitación de Negocios, por ejemplo)
como del provincial (la Dirección Bomberos), hicieron lo que tenían
que hacer en cuanto a controles preventivos.
Claro que la
investigación que determinó la “inocencia” del Estado abarcó -como es lógico- lo que los funcionarios hicieron antes de la
explosión.
Si se analiza la
actuación posterior de los organismos estatales -todo lo que
ocurrió con la “reconstrucción” de las viviendas destruidas o
dañadas, con la asistencia a las víctimas y con las reparaciones
materiales y jurídicas-, la conclusión es que, en esos casos, el
Estado llegó tarde o con incumplimientos evidentes.
No se trata sólo
de ladrillos, de puertas o de ventanas que faltan. La investigación
judicial está demorada y parece que sólo se acelera un poco con
cada aniversario de la tragedia.
Este letargo, que
a dos años no ha podido determinar culpabilidades, no sólo deja a
las víctimas en una situación de indefensión, sin poder avanzar en
reparaciones materiales y morales; también mantiene al imputado
Raponi en un estado de sospecha permanente que pone en riesgo el
principio de inocencia.
Raponi: entre la
cátedra de Ética y el juicio por estrago
Es muy probable
que los abogados del imputado vuelvan a oponerse, lo que determinará
que el expediente (y el pedido de juzgamiento) sea resuelto por la
Cámara de Acusación.
La explosión de
la Química Raponi, ocurrida hace dos años, se produjo, según se
desprende del expediente judicial, por una mala combinación en el
almacenamiento de sustancias en un depósito nunca
declarado y por una conexión ilegal al sistema cloacal.
Por ese motivo,
hace siete meses, la entonces fiscal Eve Flores le atribuyó la
responsabilidad de lo ocurrido a Sergio Raponi, el abogado que tenía
a su cargo el establecimiento, quien fue detenido días después de
la explosión y liberado luego del pago de una fianza.
Junto con la
atribución de responsabilidad, la fiscal, quien ahora es camarista,
también pidió que Raponi fuera juzgado con el cargo de “estrago
doloso agravado doblemente calificado por el peligro de muerte por el
resultado fatal”.
Flores dijo que
Raponi, “priorizando en todo momento el funcionamiento de su
empresa por sobre el peligro para la seguridad pública, ocultó las
condiciones reales en que operaba su industria química para así
obtener la habilitación por parte de la autoridad administrativa”.
Y que una vez
obtenida esa autorización “continuó operando su industria
omitiendo realizar acciones positivas tendientes a enervar el riesgo
creado con su conducta precedente”.
El acusado se
opuso a su juzgamiento y mientras el juez de Control N° 3, Esteban
Díaz Reyna, analizaba el expediente, Raponi retomó su actividad
docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC).
En esa casa de
altos estudios, el acusado por el estrago doloso es profesor titular
de Ética y de Filosofía y da clases cinco días a la semana, lo que
generó varias polémicas éticas, jurídicas y académicas, incluso
con algún debate en el Consejo Directivo de esa unidad académica,
donde primó el principio de inocencia a los pedidos de
apartamiento de la cátedra.
El viernes
último, mientras Raponi dictaba su cátedra, el juez Díaz Reyna
confirmó la elevación de la causa a juicio, con la misma acusación.
Es muy probable
que los abogados del imputado vuelvan a oponerse, lo que determinará
que el expediente (y el pedido de juzgamiento) sea resuelto por la
Cámara de Acusación.
“Acá todo el
mundo se borró”
Jorge Sasía
tiene una pollería en calle Góngora. Su local quedó destruido por
la explosión del depósito de la Química Raponi.
Jorge Sasía
tiene una pollería en calle Góngora. Su local quedó destruido por
la explosión del depósito de la Química Raponi. Asegura que desde
entonces festeja dos cumpleaños: el 23 de abril, su nacimiento; y el
6 de noviembre, cuando volvió a nacer.
La onda expansiva
derribó el techo del comercio, que se desplomó sobre las balanzas y
las heladeras, dejando pérdidas totales.
Cuenta que se
pudo reponerse gracias a la ayuda de vecinos, proveedores y de un
subsidio.
“Pero acá,
lamentablemente, está todo igual. Esto es duro para mucha gente. Si
recorrés el sector, vas a encontrar que no hubo cambios”, relata.
El comerciante
recuerda a los vecinos que fallecieron en los últimos dos años,
como los propietarios del complejo de departamentos ubicado al 950 de
Góngora. “Si vos recorrés la manzana, hay mucha gente que ya no
está, que murió”, comenta. “No sé si fue por el estrés o por
la depresión, pero no fue casualidad”, agrega.
Jorge recuerda
que los días posteriores había autoridades provinciales y
municipales, “pero después todo el mundo se borró”.
“Es duro, hay
que remarla y seguir adelante. Del complejo de departamentos, muchos
no se recuperaron, no se cómo irá a terminar todo esto”, concluye
el comerciante.
Confirman
elevación a juicio de la causa por la explosión de la Química
Raponi
Lo dispuso el
juez de Control N° 3, Esteban Díaz Reyna. La disposición puede ser
apelada ante la Cámara de Acusación.
por Javier Cámara
El juez de
Control N° 3 de la ciudad de Córdoba, Esteban Díaz Reyna, confirmó
la elevación a juicio de la causa en la que está imputado Sergio
Raponi, el responsable de la química de barrio Alta Córdoba que
estalló hace dos años atrás con un saldo de una persona fallecida,
decenas de heridos y destrozos al por mayor.
La causa, que
tiene a Raponi imputado por estrago doloso doblemente calificado por
el peligro de muerte por el resultado fatal, había sido elevada a
juicio hace casi un año por pedido de la entonces fiscal Eve Flores.
Pero Raponi se
opuso y el juez Díaz Reyna analizó el expediente durante varios
meses.
Acusación
La resolución,
firmada el viernes último, no está firme, y como la acusación es
grave, es muy probable que el abogado de Raponi vuelva a oponerse al
juzgamiento.
En consecuencia,
el caso pasará a la Cámara de Acusación para que defina si
corresponde o no el juicio oral y público.
Mientras tanto, a
pesar de la imputación, Raponi permanece en libertad bajo fianza,
situación que aprovechó para retomar su actividad docente en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba como
profesor de Ética y de Filosofía.
Fuentes:
Diego Marconetti, Alta Córdoba aún muestra huellas de la explosión de la química, 07/11/16, La Voz del Interior. Consultado 08/11/16.
Un Estado que siempre llega tarde o no llega, 08/11/16, La Voz del Interior. Consultado 08/11/16.
Raponi: entre la cátedra de Ética y el juicio por estrago, 08/11/16, La Voz del Interior. Consultado 08/11/16.
“Acá todo elmundo se borró”, 08/11/16, La Voz del Interior. Consultado 08/11/16.
Javier Cámara, Confirman elevación a juicio de la causa por la explosión de la Química Raponi, 08/11/16, La Voz del Interior. Consultado 08/11/16.

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