Leyes para todos, menos para el Estado

La Provincia podrá violar ocho leyes que les exige a los loteos privados.

por Virginia Guevara

No fue un aprendizaje fácil. Costó una verdadera tragedia en Sierras Chicas hace un año y medio. Pero la lección parecía aprendida por muchos: el desarrollo urbano sin controles y sin ley puede agravar de modo determinante los estragos que produce la naturaleza.

Desde el aluvión de Sierras Chicas, la presión social sobre los nuevos loteos y urbanizaciones fue creciente -tanto por los desmontes que suponen como por las zonas inundables donde avanzó la construcción o la carencia de servicios para los nuevos barrios- y obligó al Estado a ejercer controles que antes se pasaban por alto: estudios de impacto ambiental, factibilidad de cada servicio, audiencias públicas y, en el Gran Córdoba, planes regionales para moderar el uso del suelo y ordenar la urbanización.

La ilusión de avance -trabajoso y conflictivo, sin dudas- duró hasta esta semana. El miércoles pasado, la bancada de Unión por Córdoba resolvió que cuando el que lotea o “promueve” los nuevos loteos es el Estado, en cualquiera de sus estamentos, buena parte de los controles podrá obviarse.

En esencia, la ley aprobada anula otras ocho leyes para el caso de loteos estatales y reemplaza todos esos controles por una “factibilidad” que otorgarán los intendentes o jefes comunales.

Las excepciones apuntan -en primera instancia- a apurar el avance del plan de loteos sociales LoTengo. Lo concreto es que aquellos intendentes que le nieguen esa factibilidad a la Provincia se quedarán sin posibilidad de que se ejecute el loteo en su localidad.

Entre las leyes que no regirán para los loteos oficiales, están la 4.146 (Régimen de Fraccionamiento de Loteos), la 5.735 (Régimen de Inmuebles Fraccionados en Loteos), la 7.343 (Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente), la 8.548 (Orgánica de la Dirección de Agua y Saneamiento), la 9.595 (Convenio de Avance para el Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de Córdoba), la 9.841 (Regulación de los Usos del Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba), la 9.867 (Creación de la Administración Provincial de Recursos Hídricos) y la resolución N° 646/2005 (Certificado de Factibilidad de Agua), la 10.208 (Política Ambiental Provincial de Córdoba) y el decreto 774/02 de Epec.

La única explicación que expuso el oficialismo fue la de acortar los plazos. Toda la oposición cuestionó la ley y el Foro Ambiental Córdoba solicitó al gobernador Juan Schiaretti que la vete, con un argumento políticamente impactante: eximir a los loteos sociales del cumplimiento de las leyes de ordenamiento territorial y protección ambiental contradice la intención de beneficiar a sectores más vulnerables.

El otro costado de la discusión es todavía más álgido: que una Legislatura decida que se puedan incumplir ocho leyes es cuanto menos contradictorio. Por más que se trate del Estado.

Y luego viene el confuso mensaje que los legisladores y la Provincia envían a los urbanizadores y desarrollistas privados. Ese mensaje indica que no es importante el cumplimiento de las leyes, que la premura justifica la falta de controles y los planes de uso del suelo pueden ser letra muerta en cualquier momento.

Todo esto en una provincia donde habilitar un loteo lleva años si se respetan las leyes. ¿Cuánto pasará hasta que los desarrollistas privados ofrezcan lotes “sociales” y reclamen las mismas excepciones?

Fuente:

Virginia Guevara, Leyes para todos, menos para el Estado, 06/08/16, La Voz del Interior. Consultado 08/08/16.