Universidades, biólogos e intendentes dieron su opinión en
la Unicameral. También lo harán el agro y los industriales, entre otros.
por Lucía Guadagno
Evitar la conflictividad social por reclamos ambientales,
¿depende de un nuevo marco normativo? ¿Sirve de algo una ley que no prevé
sanciones a quienes dañen el ambiente? ¿Habrá personal idóneo y suficiente
presupuesto para hacer llevar a cabo una política ambiental en Córdoba?
Estos y otros cuestionamientos fueron planteados en los
últimos 15 días en la Unicameral por especialistas, autoridades de
universidades, la Academia Nacional de Ciencias, organizaciones civiles e
intendentes en las reuniones de las comisiones que discuten el proyecto de
nueva ley de ambiente enviado por el por el Poder Ejecutivo.
Las entidades del sector productivo se expresarán en la
Legislatura a partir de hoy. Consultados por este diario, dirigentes como
Emilio Etchegorry, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos,
plantearon, entre otros puntos, su temor a ser sometidos a excesivas obligaciones
y costos.
En las rondas de consultas, el rector de la Universidad
Nacional de Córdoba, Francisco Tamarit, cuestionó, entre otras cosas, la
generalidad y ambigüedad del texto, y expresó la voluntad de la UNC de
participar de la reglamentación posterior. En similar sentido se expresó
Roberto Pepino Minetti, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien
planteó que si bien es necesario que se exijan estudios de impacto ambiental y
audiencias públicas, deben estar claros en qué casos y cómo, para no demorar
proyectos productivos.
Julio Bañuelos, intendente de Mina Clavero y representante
del foro de intendentes de Unión por Córdoba, planteó tres temas: la necesidad
de que se destine presupuesto para aplicar la política ambiental, que haya personal
capacitado en las áreas de Ambiente y que se dispongan sanciones para los
incumplidores, incluso para los intendentes que no garanticen el cumplimiento
de las leyes.
En cuanto al presupuesto y los recursos humanos, tanto la
Fundación en Defensa del Ambiente (Funam) como el Foro Ambiental Córdoba
plantearon la necesidad de que se profesionalice la cartera de Ambiente
mediante el ingreso de personal por concurso, y que se destinen los fondos para
que el Estado pueda instrumentar efectivamente la política ambiental.
Por su parte, Darío Sbarato, exsecretario de Ambiente de la
Provincia y representante de la UTN Regional San Francisco, advirtió: “En la
Secretaría de Ambiente hay unos diez mil expedientes atrasados y el promedio de
los trámites está entre los tres y cuatro años. Como muestra citamos a
Monsanto, que
es un tema que tiene premura
y gravedad y, sin embargo, van dos años y todavía no se puede
resolver”, dijo a los legisladores. “Es necesario recuperar la transparencia y
credibilidad, ya que son por todos conocidas las corruptelas y el
descrédito de la Secretaría de Ambiente”.
Con respecto a las sanciones, Raúl Montenegro, biólogo de
Funam, fustigó: “Sin penalidades esta norma es teatral”.
Los jefes comunales de la UCR y el Frente Cívico no participaron
de las reuniones porque dicen haber recibido
las
invitaciones entre 12 y 24 horas antes y que no llegaron a consensuar una
posición. Pero expresaron su voluntad de participar.
¿Es necesaria?
La mayoría de los expositores ante las comisiones
legislativas señalaron que el proyecto se queda en un enunciado de buenas
intenciones. “No está del todo claro en qué circunstancias la autoridad de
aplicará la participación ciudadana”, sostuvo Marcelo Cabido, de la Academia
Nacional de Ciencias. Para el especialista, es importante precisarlo.
Federico Kopta, biólogo del Foro Ambiental Córdoba, planteó:
“Si la nueva ley no va a dejar claro esos aspectos, ¿es realmente necesaria? No
sería suficiente con modificar la reglamentación o algunos artículos de la
ley provincial de modo que no quede desactualizada con la nacional?”
Montenegro, quien participó de la redacción de la actual ley
provincial de ambiente N° 7.343 (de 1985), consideró: “Más atinado sería que la
Provincia mediante una ley, adhiera en su totalidad a la ley nacional e
incorporara a la legislación vigente todas las instituciones, mecanismos y
procedimientos que garanticen su cumplimiento efectivo”, sostuvo ante los
legisladores.
Y previo a ello, había advertido. “En Córdoba no necesitamos
nuevas normas, podemos mejorar las ya existentes (…) Acá lo que está fallando
realmente es la autoridad de aplicación de las normas vigentes y, a su vez,
asumir que el principal violador de la legislación ambiental vigente es el
Estado. Y no solamente el gobierno de De la Sota, sino también todos los
anteriores. De hecho tenemos una larga colección de acciones judiciales que
siguen reposando en la fiscalía anticorrupción”.
Legislación actual de ambiente
Hoy. Córdoba cuenta con la Ley Provincial de Ambiente N°
7.343, de 1985, considerada una norma modelo en el país, pero que pide estudios
ambientales por etapas y no incluye audiencias públicas obligatorias antes de
autorizar proyectos. Ambos puntos se contradicen con la Ley General del
Ambiente N° 25.675, que es nacional. La norma exige una sola evaluación
ambiental previa y dispone la obligatoriedad de la participación ciudadana.
Esta ley rige desde 2002.
Puntos de vista
F. Tamarit. Rector de la Universidad Nacional de Córdoba.
“Hubiéramos preferido que el proyecto de ley dispusiera aspectos normativos más
específicos (....) En muchos puntos hay contradicciones con la Ley General de
Ambiente”.
D. Sbarato. UTN San Francisco y exsecretario de Ambiente.
“En la Secretaría de Ambiente hay expedientes atrasados y los trámites demoran
entre tres y cuatro años (...) Es necesario recuperar la transparencia y
credibilidad”.
E. Etchegorry. Cámara de Industriales Metalúrgicos (CIMCC).
“Nuestra preocupación no está en el marco conceptual, sino en cómo se
instrumentan los decretos reglamentarios (...) Que se exija lo justo y
necesario, sino habrá sobrecostos”.
R. Pepino Minetti. UTN Córdoba. “El estudio de impacto
ambiental tiene que ser previo a cualquier inversión, justamente porque el
objetivo es detectar los impactos ambientales y minimizarlos (...) Ahora,
cualquier inversión productiva no puede estar esperando años para decidir si lo
va a realizar o no (...) Estamos muy preocupados por cómo se va a llevar
adelante”.
M. Cabido. Academia Nacional de Ciencias. “No queda claro en
qué circunstancias la autoridad aplicará la participación ciudadana. Queda
establecido de manera vaga y bastante sujeto a la reglamentación de la ley”.
R. Montenegro. Fundación en Defensa del Ambiente (Funam).
“Acá lo que está fallando realmente es la autoridad de aplicación de las normas
vigentes y, a su vez, asumir que el principal violador de la legislación
ambiental vigente es el Estado”.
De la Sota quiere consultas populares para "temas vitales"
de Córdoba
El gobernador hizo el anticipo por Twitter. Después de
reunirse con Mestre e intendentes radicales, no dio detalles de qué cuestión
puede ser pero admitió que puede tratarse de la radicación de Monsanto.
por Magdalena Da Porta
El gobernador José Manuel de la Sota anticipó que analiza
llamar a consulta popular por "algunos temas vitales" para Córdoba.
Sin dar a conocer los temas y antes de recibir a Ramón
Mestre y otros intendentes radicales, De la Sota hizo este anticipo desde su
cuenta de Twitter.
El gobernador no hizo otra precisión pero la especulación es
que puede relacionarse con cuestiones ambientales, ante la polémica que generó
la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas.
En tal sentido, De la Sota dijo hace un par de semanas que
estaba a favor de llamar a una consulta para que los vecinos de Malvinas
opinasen sobre el tema Monsanto.
Otras conjeturas se enfocan en la posibilidad de consultar a
la ciudadanía sobre el frustrado proyecto de limitar las protestas en los
servicios públicos escenciales, que el delasotismo presentó en la Legislatura y
luego cajoneó por la oposición gremial.
Después del encuentro, De la Sota evitó abundar sobre el
tema pero volvió a reconocer que la radicación de Monsanto puede ser sometida a
consulta de los vecinos.
Con radicales
De la Sota, Mestre y otros integrantes del Foro de
Intendentes Radicales se reunieron en el Centro Cívico, entre ellos Daniel
Arzani, de Malvinas Argentinas.
También se encuentran Hugo Romero (Villa de Soto), Gerardo
Belloc (La Cautiva), Mauricio Cravero (Arroyito), Juan Ochoa (Villa Giardino),
Javier Monte (Río Segundo) y Víctor Molina (Cañada de Luque).
La Provincia entregó cinco ambulancias, dos camiones y cinco
Ayudas del Tesoro Provincial (ATP), de los que aún se desconocen los montos.
El encuentro arrancó con una reunión privada del gobernador
con los intendentes y luego se hará un acto protocolar en la explanada del
Centro Cívico.
Fuente:
Lucía Guadagno, Diversos sectores objetan proyecto de ley, 31/03/14, La Voz del Interior. Consultado 01/04/14.
Magdalena Da Porta, De la Sota quiere consultas populares para "temas vitales"de Córdoba, 31/03/14, La Voz del Interior. Consultado 01/04/14.
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