Monsanto presentó más de 2.500 páginas de estudios y trámites sobre su proyecto de planta acondicionadora de semillas de maíz, pero la Provincia no permite verlas. Universidades analizaron el poco material al cual accedió este diario.
por Edgardo Litvinoff
Hasta hoy, el Gobierno de Córdoba no permitió el acceso público a ninguna de las 2.500 páginas de estudios y trámites que Monsanto presentó a la Secretaría de Ambiente antes y durante la construcción de su planta en Malvinas Argentinas. La empresa, por su parte, aportó 42 páginas ante el requerimiento de La Voz del Interior.
Este diario accedió por su cuenta a las 90 páginas que integran el Aviso de Proyecto, presentado por la empresa a Ambiente el 2 de julio de 2012, y base de los informes que permitieron que comenzara la construcción de la planta, en diciembre de ese mismo año.
También se copió y distribuyó a la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba y Universidad Nacional de Río Cuarto.
Especialistas tanto de la UCC como de la UNRC lo analizaron y realizaron observaciones respecto de los temas que más dudas les generaron. Algunos de ellos se transcriben a continuación, con la correspondiente respuesta de Monsanto.
Estudios. Faltan los antecedentes de estudios epidemiológicos realizados a obreros y vecinos de emprendimientos similares.
La empresa lo admite, pero señala que “en ningún emprendimiento similar se han producido enfermedades ocupacionales entre los empleados”. En referencia a los vecinos, realizará un estudio de línea de base tanto referido a indicadores de salud como medioambientales, el cual repetirá anualmente.
Derrames. No figuran medidas de mitigación ante eventuales derrames de plaguicidas ni plan de contingencias ante este posible evento.
Monsanto asegura que cuenta con detallados procedimientos de manipulación de agroquímicos que minimizan la probabilidad de un potencial derrame. Y que todos esos sitios contará con pisos impermeables de hormigón.
Ubicación. En la ordenanza municipal 741, de adhesión a la ley provincial 9.841, no coincide la ubicación de la planta con el mapa de ordenamiento territorial de regulación del uso del suelo en la región Metropolitana Córdoba, ya que esa zona figura como “Área de producción agropecuaria no contaminante y/o área recreativa”.
Monsanto no contesta esta objeción. Sólo recuerda todas las autorizaciones locales y provinciales obtenidas para la obra.
Toxicología. Los productos comerciales citados como curasemillas no fueron presentados con su clasificación toxicológica ni su respectivo marbete y hoja de seguridad.
La compañía señala que se presentaron las hojas de seguridad (MSDS) de los agroquímicos que son utilizados como curasemillas. Son parte de los documentos a los que no pudo acceder este diario.
Tránsito. La ruta A88, que es entrada y salida del predio, ya tiene un gran caudal de tránsito por camiones de YPF. Se prevén obras para mitigar el impacto que producirán los camiones que entren y salgan de la planta, aunque no se menciona quién realizará las inversiones.
Monsanto asegura que asumirá el costo de tales obras.
Residuos. No se especifican características ni cantidad de residuos peligrosos. Se dice que serán transportados para ser incinerados en un horno cementero local. Pero la única empresa en Córdoba que lo hacía cerró su horno hace meses. No se indica dónde estarán los contenedores de residuos peligrosos.
Monsanto asegura que la provincia de Córdoba cuenta con una empresa productora de cemento cuyo horno se encuentra habilitado para el tratamiento de residuos. Y que en realidad dicha firma abrió uno de mayor capacidad para recibir este tipo de residuos.
Construcción. Se indica la superficie cubierta de la primera etapa, pero sólo en forma total la de las otras dos etapas. Para monitorear el impacto, es necesario establecer la superficie de cada implantación.
Desde la compañía señalan que “el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) posee el detalle de la superficie a ocupar en cada etapa. Es uno de los documentos a los que no se puede acceder.
Predios. Prevé utilizar predios vecinos, por ejemplo para estacionar camiones, pero no especifica cuáles.
Según Monsanto, no se prevé utilizar predios vecinos para ninguna actividad. El proyecto cuenta con un área exclusiva de estacionamiento de camiones.
Ruidos. Falta especificar ruidos que producirían algunos procesos. Faltan características de máquinas.
Nuevamente, Monsanto acude al EIA, que “posee información detallada sobre el nivel de ruido de las distintas áreas del proyecto”. Es uno de los documentos a los que no se puede tener acceso, ya entregado a la Provincia. También dice que se prevé instalar una cortina forestal y que se llevarán a cabo mediciones del nivel sonoro tanto en los puestos de trabajo como en la comunidad vecina.
Indicadores. No se visualizan estudios de indicadores suficientes de agua, aire, suelos, fauna, vientos y ruido.
“El EIA presentado posee indicadores de agua, aire, suelos, fauna, vientos y ruido”, dice Monsanto, y que allí también se prevé un programa de monitoreo ambiental dentro de las instalaciones. “Actualmente, debido al bloqueo de las instalaciones, no es posible realizar la toma de muestras para realizar los análisis”, señalan.
Agua. No está claro en qué se usarían los 100 mil litros diarios de agua que se extraerán.
“Incluye agua para proceso, industrial, sanitarios, cocina y riego”, dice la empresa.
Agroquímicos. No se especifica con qué agroquímicos se trabajará, ni la cantidad de kilos de materia activa a utilizar.
La respuesta es similar a las anteriores: “La cantidad de producto a utilizar en el proceso de curado y las hojas de datos de seguridad se encuentran detalladas en el EIA”.
Comunidad. No hay ningún análisis sociológico ni de percepción de la comunidad.
“El EIA contiene un análisis sociológico de la comunidad. Monsanto también ha diseñado y comenzado a implementar diversos programas de desarrollo comunitario en Malvinas Argentinas, como cursos específicos y capacitación en oficios, además de donaciones en beneficio de la comunidad”. No hay acceso a ese informe.
Prohibición. El aviso de proyecto indica que Monsanto utilizará clotianidina en uno de sus procesos. Desde el 1º de diciembre de 2013, esta sustancia está prohibida parcialmente en la Unión Europea por un período de dos años, por sus efectos nocivos sobre las abejas.
Monsanto dice que sólo utilizará productos aprobados por Senasa, de lo que se desprende que sí utilizará clotianidina, no prohibida en la Argentina.
Información pública a la que no se puede acceder
Es imposible conocer los estudios ambientales y los proyectos que Monsanto presentó al Gobierno.
Es curioso que aún no se pueda acceder públicamente a alguna de las 2.500 páginas que Monsanto presentó a la Provincia, entre el aviso de proyecto, estudios ambientales, fotos satelitales e información complementaria.
El Gobierno de Córdoba no muestra esos documentos. Monsanto, en tanto, envió a este diario 42 páginas con algunos detalles.
Con esta actitud, el Gobierno provincial incumple en especial la ley 8.803, que en su artículo primero consagra el derecho de toda persona a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada, oportuna y gratuita, de cualquier órgano perteneciente a la administración provincial y municipal.
A esto se agregan las denegaciones de esa información a asociaciones civiles y vecinales que hace meses solicitaron el acceso a dichos informes, sin suerte. Por ejemplo, el Foro Ambiental Córdoba, que realizó el pedido en octubre de 2012, sin respuesta.
Vale aclarar que los observatorios de derechos humanos de las tres casas de altos estudios ya señalaron su crítica a la forma en que la Provincia autorizó la construcción de la planta de Monsanto sin presentar previamente el estudio de impacto ambiental.
Esta es una de las razones, por ejemplo, para que la Universidad Nacional de Córdoba no haya participado del análisis que motiva esta nota, ya que considera que el proceso es inválido desde el inicio.
Por la UCC, participaron del análisis los especialistas Diego Fonti, vicerrector académico; Mónica Heinzman, Laura Collette, Federico Kopta, Francisco Picchio, Hernán Amabet, Ariel Uema y Luis Conci. Desde la UNRC, estuvieron Nelson Doffo, Delia Aiassa y Fernando Mañas.
Entre los documentos presentados por Monsanto a este diario figura un estudio de la UTN Córdoba que analiza la incidencia que las emisiones de fuentes puntuales puedan ejercer sobre la calidad del aire. Concluye que está dentro de los niveles aceptados en el Estándar de Calidad del Aire Ambiental.
Una multinacional que fluctúa entre la desconfianza y la innovación
Es parte del modelo productivo de desarrollo en el país. Pero sigue inmersa en controversias por la toxicidad de sus productos y su utilización.
Cuando este diario le preguntó a Juan Jure qué fue lo que percibió en Río Cuarto para prohibir la instalación de Monsanto en esa ciudad, el intendente respondió: “Desconfianza de la gente hacia esta empresa”. Y agregó: “La confianza se fundamenta en la historia de uno”.
La historia de Monsanto dice, entre otras cosas, que junto con industrias químicas como Diamond Shamrock o Dow Chemical fabricó el agente naranja, un potente herbicida utilizado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam para defoliar selvas y bosques. Los efectos fueron devastadores en el ambiente y en la población, según documentó la Cruz Roja.
Consciente de ello, Monsanto le dedica un apartado a este tema en su sitio en Internet, en el que cita jurisprudencia que atribuye la responsabilidad exclusiva al gobierno estadounidense y al uso que este hizo de ese elemento.
Monsanto nació en Estados Unidos, a principios del siglo 20. A la Argentina llegó en 1956. En 1978 inauguró una planta de semillas híbridas de girasol y en los ‘80 comenzó a envasar herbicidas. En Córdoba está presente casi desde el comienzo, como proveedor de miles de productores agrícolas.
En la década de 1990, el país comenzó a implementar la siembra directa, un sistema que economiza agua e insumos pero que incrementa de manera significativa el uso de herbicidas a base de glifosato. Monsanto es uno de los principales productores del mundo de ese agroquímico bajo la marca Round Up.
En 1994 inauguró una acondicionadora de semillas de maíz híbrido en Rojas, Buenos Aires -muy similar a la que proyecta en Malvinas Argentinas- y en 1998 construyó en Zárate una planta productora de glifosato.
Hasta hoy, siguió expandiéndose en el país, al tiempo que concentró cada vez más su actividad en la biotecnología aplicada a las semillas y en la producción de agroquímicos. Estos desarrollos, muchos de ellos innovadores y de desarrollo propio de la empresa, contribuyeron en buena medida al avance de la frontera agrícola y al logro de producciones crecientes de granos y oleaginosas.
Según el Instituto Nacional de Semillas, en el país hay otras 12 procesadoras de semillas similares en tamaño a la que se quiere instalar en Malvinas.
Después de 10 años de utilización de herbicidas a base de glifosato en el país, médicos e investigadores comenzaron a registrar impactos negativos en la salud y en el ambiente, que atribuyen a las fumigaciones cerca de las poblaciones.
Los perjudicados comenzaron a organizarse, sobre todo en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y a reclamar normas más estrictas. En Córdoba, es emblemático el juicio de las Madres de barrio Ituzaingó Anexo, de la Capital, por el cual en agosto del año pasado la Justicia condenó a un productor agropecuario y a un aviador por fumigar cerca de las casas.
En este contexto, el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de Malvinas Argentinas consideraron que no era necesario un estudio de impacto ambiental previo al comienzo de la construcción de la planta. Decidieron no aplicar la Ley General del Ambiente N° 25.675, que es nacional, y utilizar la normativa provincial, más permisiva. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba los avaló, y el Gobierno nacional y la mayoría de diputados y senadores hasta ahora no se pronunciaron.
¿Hubiera ese estudio, en caso de dar un resultado positivo para la empresa, evitado el bloqueo a la planta y la movilización en contra? No se sabe. Quizá sí hubiera dado legitimidad al proceso por el cual se autorizó la construcción de la planta, que hoy es cuestionado por grupos ambientalistas, por observatorios de derechos humanos y ambientales de las universidades Nacional de Córdoba, Católica de Córdoba y Nacional de Río Cuarto, y por varios constitucionalistas.
La asamblea de vecinos Malvinas Lucha por la Vida reclama una consulta popular por el sí o el no a la planta. En tanto, el conflicto continúa y en el acampe frente al predio hubo dos incidentes con patotas que intentaron desbloquear las entradas. La Policía reprimió y hubo decenas de heridos.
Más de 800 mil firmas
La protesta contra Monsanto tiene su epicentro en Internet. La cantidad de información -muchas veces de dudosa calidad- es abrumadora. El sitio Avaaz.org tomó la causa y juntó firmas en la Red para exigir un referéndum sobre la radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas. Hasta ayer había reunido más de 800 mil firmas en todo el mundo.
Documentos para descargar
Fuentes:
Edgardo Litvinoff, Las principales dudas sobre Monsanto, 22/12/13, La Voz del Interior.
Información pública a la que no se puede acceder, 22/12/13, La Voz del Interior.
Una multinacional que fluctúa entre la desconfianza y la innovación, 22/12/13, La Voz del Interior.
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