domingo, 27 de junio de 2010

Analizan cambiar la ley de fumigación

Un proyecto plantea prohibir el uso de todo tipo de agroquímicos a menos de 800 metros de zonas urbanas y ríos.

por Fernando Colautti

Mientras cada vez más ciudades y pueblos cordobeses ven surgir reclamos de sus vecinos por las fumigaciones en campos pegados a las zonas urbanas, en la Legislatura provincial se presentó un proyecto para modificar la actual ley que regula la aplicación de agroquímicos.

La iniciativa planteará el debate entre quienes creen que se debería prohibir todo tipo de uso de químicos a escasa distancia de zonas habitadas y los que sostienen que alcanzaría con aplicar la ley vigente tal como fue escrita en 2004.

El legislador Roberto Birri (Frente Cívico) presentó un proyecto que prohibiría directamente las fumigaciones "de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario en un radio de 800 metros del ejido municipal". El impedimento sería para todos los herbicidas y pesticidas, incluso los de clase toxicológica IV, considerados por el organismo nacional Senasa como los de menor riesgo. Entre ese grupo está el glifosato, conocido por ser el de uso más extensivo por ser aplicado al cultivo de soja, que hegemoniza el suelo cordobés.

El proyecto también propone como novedad esa misma zona de resguardo de 800 metros sobre los "cursos de agua" (ríos y arroyos a reglamentar).

La vigente ley provincial 9164, sancionada hace seis años, establece que no se puede fumigar con productos clase Ia, Ib y II (los de mayor riesgo toxicológico) en los 500 metros lindantes a áreas habitadas de pueblos y ciudades. Pero si se trata de los clasificados como III y IV, según la lista del Senasa, se pueden usar aunque no en forma aérea y bajo ciertas condiciones, como la obligación de elaborar la receta fitosanitaria a cargo de un agrónomo que se haga responsable de la aplicación, con personal capacitado y maquinaria habilitada, más el control del municipio respecto de factores climáticos y otros aspectos.

La misma ley prohíbe las fumigaciones aéreas de cualquier tipo en los primeros 500 metros y las que usen químicos de las tres clases de mayor riesgo a menos de 1.500 metros de pueblos y ciudades.

Quienes reclaman por mayores restricciones, citan los crecientes reclamos en diferentes localidades, a partir de dudas planteadas sobre los efectos en la salud y el ambiente de los agroquímicos, incluidos los considerados hasta ahora como de menor clase toxicológica, como el glifosato.

Para cerrar. Un cambio en la ley provincial en cuanto a los límites con respecto a zonas urbanizadas cerraría la discusión sobre la constitucionalidad de las normas que varios municipios sumaron o estudian sumar mediante ordenanzas más restrictivas. Birri planteó que si no se adapta la ley "habrá cada vez más demandas judiciales" y vaticinó fallos "que terminen fijando más limitaciones si una ley no lo hace". Recordó, en ese sentido, lo dictado ya por la Justicia para los campos vecinos a barrio Ituzaingó en Córdoba capital y una reciente sentencia en Santa Fe respecto a un barrio de la ciudad de San Jorge.

No se descarta debatir alguna flexibilización si el dueño del campo creara cortinas forestales adecuadas.

En la Legislatura. El debate legislativo del proyecto aún no fue iniciado. En principio, no aparecería como una idea que obtenga consenso inmediato entre los legisladores. Para su aprobación requeriría el aval del oficialismo del PJ, que tiene mayoría en el cuerpo legislativo. Un dato aparecerá en el centro de la discusión: la prohibición sobre 800 metros en cada periferia de pueblo, ciudad y curso de agua, sumaría miles de hectáreas en esta provincia que quedarían fuera del sistema productivo agrícola, al menos bajo el concepto hoy dominante que requiere el uso de agroquímicos. Ese argumento -como el de cómo compensar a los productores a los que no se les permita el uso de sus tierras con determinadas formas de producción- ya se anticipan como parte de la discusión.

Del otro lado, aparecen los argumentos basados en la protección de la salud, ante los riesgos planteados por la exposición a los agroquímicos, y el pedido -sostenido también por ambientalistas- de aplicar el "principio precautorio" en materia ambiental, que plantea que ante la duda sobre el impacto debería evitarse la situación de riesgo.

Distintas alternativas de los municipios
Una docena de municipios y comunas cordobesas ya han dictado ordenanzas propias, que imponen mayores restricciones para fumigar en zonas periurbanas que las establecidas en la ley provincial.

En ciudades como San Francisco, Villa General Belgrano y Las Calles, entre varias otras, están vigentes normas de ese tipo, generalmente sobre 500 metros del radio urbano. En algunas como Colonia Caroya y Jesús María se han planteado otras variantes. Y en varias más, como Marcos Juárez y Bell Ville, está el tema ahora en discusión.

Pero en algunos casos, como el de Mendiolaza, un fallo judicial dejó luego sin efecto esa norma local, al hacer lugar a un planteo de inconstitucionalidad, bajo el criterio de que una ordenanza municipal no puede "ir más allá" de una ley provincial. Un amparo judicial impidió también hasta ahora que la comuna de Villa Ciudad Parque (Calamuchita) pueda aplicar una ordenanza local en esa dirección.

En Oncativo, con el argumento de evitar que se judicialice la norma, el municipio llegó hace dos meses a un acuerdo con los productores vecinos a la ciudad, para que en los 300 metros pegados a zonas urbanas no se aplique ningún tipo de agroquímicos, a cambio de una condonación de tasas. Allí, un grupo de vecinos pedía prohibirlos sobre 500 metros.

En Alta Gracia, en tanto, se llegó a un acuerdo con otra variante: toda fumigación periurbana se debe hacer bajo el control personal de un agrónomo, elegido por los vecinos de una lista existente en el municipio, y cuya tarea paga el productor rural.

Cumplir la normativa, antes que cambiarla
El Colegio de Ingenieros Agrónomos tuvo activa participación en el debate de la ley aprobada en 2004.

Esa ley llenó un vacío legal existente hasta entonces. Desde la entidad, se remarca ahora que si se cumpliera acabadamente las exigencias y los controles que plantea la ley existente no habría mayores riesgos para la población ni para los aplicadores.

Sergio Rang, presidente de esa entidad, señaló que "el debate del tema siempre es bueno", pero sostuvo que "un cambio en la ley para prohibir fumigar a más o a menos metros no solucionaría ningún problema en serio". En cambio, planteó que debería avanzarse en "aplicar con más rigor la ley existente", agudizando los controles para que no haya abusos y para que se profesionalice la actividad. Rang consideró que la ley hoy "se cumple parcialmente", y consideró que si bien el año pasado los inspectores del Ministerio de Agricultura trabajaron "muy bien" en los controles, este año se redujo ese equipo "cuando en realidad se debería haber ampliado". En ese marco, dijo que "antes de pensar en modificar la ley, nosotros apostaríamos a hacerla cumplir acabadamente".

"En países avanzados, inclusive ambientalmente, se fumigan campos pegados a zonas urbanas, pero se respetan las leyes para un modo de aplicación segura", acotó.

Respecto a la idea de establecer una zona de resguardo en la periferia de áreas urbanas, Rang relativizó su utilidad al sostener que "una pulverización mal hecha a dos mil metros de un pueblo puede afectar a sus habitantes, y una bien hecha a 100 metros no debería implicar riesgos".

El agrónomo también admitió que "el paquete tecnológico agropecuario actual está desarrollado sobre la base del uso de agroquímicos", y admitió que uno de los desafíos hacia adelante será "la búsqueda de nuevos paquetes que impliquen ir hacia el uso de productos más amigables". En ese sentido, adelantó que el Colegio de Ingenieros Agrónomos, junto a otros sectores e instituciones, están iniciando el análisis de ideas "para ir pensando en alternativas productivas para áreas pegadas a zonas pobladas".

Fuentes:
La Voz del Interior, 26/06/2010, "Analizan cambiar la ley de fumigación" por Fernando Colautti.
La Voz del Interior, 26/06/2010, "Distintas alternativas de los municipios".
La Voz del Interior, 26/06/2010, "Cumplir la normativa, antes que cambiarla".

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