Alguna ley han violado

Dos fiscales de Córdoba se encargan de realizar las principales imputaciones contra manifestantes en la provincia. Uno, contra los piquetes. Y otra, contra los defensores ambientales. Ambos coinciden que la palabra policial es sagrada. Mientras las calles cuestionan esos carpetazos, los abogados de grandes funcionarios reconocen que sus clientes no cumplen con las normas.

Por Lea Ross | Ilustración Fuska.visual

Dentro de los Tribunales II, de la ciudad de Córdoba, es muy recurrente ver a los fiscales de instrucción usando ropa suelta en sus oficinas, a diferencia de sus asistentes o secretarios que se acostumbran al saco y corbata. En el caso del Distrito 4, de primer turno, uno de ellos con traje formal me acompaña a ver a uno de los funcionarios judiciales más polémicos de la coyuntura cordobesa. “Son seis las imputaciones”, me señala Ernesto de Aragón sentado en su escritorio, quien llamó a indagatoria a quienes participaron de los cortes de calle en la zona céntrica de la capital, ocurrido el pasado miércoles 5 de abril. Se trató de una jornada contra el acuerdo del FMI y la quita de remuneraciones del Potenciar Trabajo, que el Estado nacional le entregan a proyectos comunitarios.

Todos ellos están acusados por De Aragón de violar el famoso Artículo 194 del Código Penal, que es obstrucción al transporte o de otros servicios públicos, con penas de entre 3 meses a 2 años de prisión. “Por ahora, debemos asegurarnos que estas seis personas reciban las notificaciones correspondientes”, me explica.

De hecho, uno de los imputados, con identidad reservada, le comentó a La Luna con Gatillo que el maldito papel lo recibió su madre, de la mano de un empleado de fiscalía junto con uniformados policiales. “Básicamente, fue atacar a las direcciones, a la cabeza. No es casualidad que siempre somos los que damos notas a los medios de comunicación e, incluso, son los mismos que cerramos el acto de cierre”, me comenta uno de los seis en discordia. Lo mismo piensan Soledad Díaz y Emanuel Berardo, dirigentes del Polo Obrero, que también integran la lista de personas acusadas por De Aragón.

― Sabiendo que había decenas o centenares de personas en aquella jornada, ¿cuál fue el criterio para elegir a estas seis personas?, le consultó al fiscal.

― Son personas que se sabe que organizan estas actividades y que tienen cierta exposición. De cualquier manera, no se descarta que puedan identificarse más personas.

― ¿Y a grandes rasgos qué pruebas cuentan a mano?

― Yo tengo un contacto fluido con la Policía en la calle. Ellos me notifican lo que pasa. Y tenemos los registros de las cámaras de vigilancia.

― Se ha comentado que las imputaciones se basaron en aquellos que hicieron discursos, con megáfono en mano, en el cierre de la marcha, ¿es así?

― Todo registro puede ser utilizado para proceder en la investigación.

Uno de los materiales que venía recibiendo el presente cronista son los registros fotográficos y audiovisuales de aquella marcha piquetera, donde aparece un trío de desconocidos que portan la insignia de “Prensa” y que estuvieron con una filmadora, registrando los rostros de los manifestantes. Todo indica que se trató de infiltrados. “Alguna información referida a eso me ha llegado. Pero no me consta de eso”, respondió el funcionario.

Por último, se le preguntó a De Aragón si tuvo influencia la resolución judicial que aceptó el famoso habeas corpus, presentada por comerciantes del barrio Nueva Córdoba, donde exige a la Policía mayor actuación contra los cortes de calle: “Es una resolución que no la ignoramos. Pero eso salió desde la justicia de faltas. En cambio, nuestra función consiste en determinar si se ejerció o no crímenes penales en aquella manifestación”.

Jueves 20 de abril. 15hs.

Con banderas y bombos, un grupo de manifestantes acompaña al primer imputado que tuvo exposición pública: Federico Guliani, secretario general del gremio de ATE y de la CTA Autónoma de Córdoba. Lo acompañan sindicalistas que vinieron de Villa María, Río Tercero, Río Cuarto y Traslasierra. “Hay que dejar a un lado los sectarismos y los personalismos. Porque vienen por todo”, señaló Giuliani, con micrófono en mano, advirtiendo que, con “el giro a la derecha de la sociedad”, los dirigentes electorales ya no prometen un ajuste en sus primeros 100 días de gestión, sino en sus primeras 100 horas.

“Nos podrán imputar, nos podrán judicializar la protesta, pero lo que no podrán es acallar las voces de nuestro pueblo”, cerró Guliani, antes de presentarse ante el fiscal De Aragón.

La economía fría de una Córdoba caldeada

A pesar de que las protestas del personal de salud y de educación vienen marcando la agenda de las calles, es curioso que el poder judicial haya tenido la selectividad de enfocarse en aquellos que integran movimientos sociales, que reciben peor trato desde la prensa autóctona bajo la carátula de planeros.

De cualquier manera, tanto una como otra realidad son acordes al último dato expuesto por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba. Allí, el Índice de Precios al Consumidor tuvo una variación mensual en marzo del 7,99%, la más alta desde hace 21 años, cuando los efectos de la crisis del 2001 generó en abril de 2002 un pico de 10,18%. Si extendemos esas variaciones desde diciembre de 1999, cuando inicia por primera vez la gobernación José Manuel de la Sota, dando inicio al ciclo peronista cuyo cargo va en alternancia con Juan Schiaretti, vislumbramos un electrocardiograma, donde mide las pulsaciones que van in crescendo, acercándose de a poco a lo que fue la situación de la salida de la Convertibilidad.

Según las planillas del Estado provincial, el incremento del casi 8% del mes pasado tiene como principal explicación la elevación de precios de la carne y sus derivados, como así también la incidencia que tuvieron los lácteos y los huevos. Por otra parte, figura como segunda y tercera razón el capítulo referido al Transporte y Comunicaciones ―por aumentos en la compra-venta de vehículos, de combustibles y lubricantes, más los servicios telefónicos― y el Capítulo de Enseñanza -el incremento de aranceles en todos los niveles educativos-.

Los elevados precios implica una corrosión en los ingresos de las familias y, por ende, un bajo cumplimiento en que el ejercicio de sus trabajos logren cumplir con sus necesidades. Es lo que reconfirma los últimos números del INDEC, que señalan que el Gran Córdoba encabeza la urbe de todo el país con la mayor tasa de ocupados que demandan trabajo (27,4%), de subocupados (15,7%) y subocupados que demandan trabajo (13,7%), lo cual nos da un panorama que gran parte de los habitantes de la ciudad capital y pueblos de su alrededor no están conformes económicamente con su situación laboral. De hecho, son índices que duplican a la del Gran Rosario, aún cuando el mismo padece la violencia urbana fruto de los negocios del narcotráfico en los barrios.

Así como el saliente gobernador se enorgullece ante empresarios de la Fundación Mediterránea y la Sociedad Rural de ser la provincia con menos trabajadores públicos, estos mismos se manifiestan en las calles como son los educadores. Según el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), en los últimos cinco años, la paritaria de maestro y profesor llevó a una merma de sus ingresos del 10%, siendo la sexta provincia que menos invierte en educación pública. Esto lleva a que el secretario general del gremio que los nuclea, Juan Monserrat, cediera ante los reclamos de sus bases para tomar medidas de fuerza.

Lo mismo ocurre con José Pihen, líder gremial de empleados públicos provinciales que, al mismo tiempo, es legislador de Schiaretti. Por primera vez en dos décadas peronistas, la Policía de Córdoba e Infantería tuvo una dura respuesta contra una marcha que organizaron trabajadores del gremio, frente a la Casa de Gobierno, que terminó con piedras y gases lacrimógenos. También ocurre en el marco de que al sindicato se le avecina elecciones gremiales, del cual el oficialismo requiere algún hecho político que demuestre su combatividad. De cualquier manera, el fiscal Ernesto de Aragón ordenó imputar a dos manifestantes, pero le aclaró a su humilde servidor que el expediente ahora está en manos de su par José Mana.

Todas las autovías, la autovía

Ante este cúmulo, se le suman otras 18 personas imputadas, en este caso, habitantes de zonas serranas por distintos hechos referidos al poner resistencia al avance de obras de la Autovía de Punilla, por denuncias referidas a la pérdida de bosque nativo, a la alteración de cuencas hídricas, a la no consulta previa a comunidades indígenas y al impacto social por parte de las familias que habitan en las cercanías de las obras.

En ese universo, hay asambleístas, gremialistas, comunicadores, personal de salud, comuneros, etc. Uno de ellos es el representante de CTA-A en Punilla, Juan Yacobs, quien ya explicó su versión de los hechos en una entrevista realizada por Santi Rodríguez: “Cuando fuimos al lugar donde se estaban destruyendo esos sitios arqueológicos, la misma fiscalía nos detuvo, nos metió presos, nos abrieron causas y nos llevaron a juicio. La impunidad ya se instaló en las fuerzas policiales, en la fiscalía y en el fiscal general de la provincia de Córdoba, que ahora se atreve a procesar a militantes sociales en la ciudad de Córdoba”.

En uno de esos expedientes, la fiscal de instrucción Paula Kelm, pidió la elevación a juicio contra seis personas que participaron de un escrache, en el centro de la ciudad de Cosquín, contra el intendente Gabriel Musso, uno de los jefes comunales que avaló el avance de las obras y que integra el frente oficialista Hacemos Por Córdoba. El hecho ocurrió el sábado 13 de agosto de 2022, cuando durante una marcha, varios se enteraron de la presencia de la máxima autoridad de la ciudad tomando un café en un bar. La concentración se realizó en los alrededores del comercio, con cánticos y pancartas. Según el pedido de elevación, que redactó Kelm y que accedió La Luna con Gatillo, la funcionaria realizó el mismo modus operandi que el fiscal De Aragón: ceder ante la palabra de las fuerzas policiales. Además de registros en video subidos de Facebook, y de revisar mensajes de Whatsapp a las personas imputadas, Kelm privilegió como únicos testigos a quienes portaban la placa policial.

Paula Kelm fue la misma que desde su instrucción se llevó el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, quizás el primero del país donde el sector feminista organizado advirtió que la única persona procesada era inocente y que se trató de un perejil. Su principal incriminación fue una supuesta confesión del sospechoso, encerrado en un cuarto de una comisaría, rodeado de policías y sin abogado de por medio. De hecho, en los fundamentos de la sentencia, donde fue absuelto, uno los jueces consideró que las pruebas recolectadas por Kelm no solo “ha sido obtenido con vulneración de las garantías constitucionales”, sino que como consecuencia del mismo “significaría desnaturalizar la garantía lesionada, al punto tal de legalizar el fruto de su violación” de la ley.

“¿Dijo que alguna ley violó?”

A la inversa de lo que viven los activistas contra las autovías, todavía se espera la condena contra Raúl Costa, quien fue secretario de ambiente del primer mandato de Juan Schiaretti (2007-2011), que se realizaría el miércoles 26 de abril. Se lo acusa de haber avalado un loteo y una planta transformadora, violando la ley de bosques (que implicaron desmontes sobre bosque nativo), leyes ambientales (que exigen estudios ambientales y audiencias públicas, que no se hicieron) y leyes de protección de reservas (ya que ambas inversiones se hicieron sobre la Reserva Natural Valle del Cóndor).

Mientras tanto, el lunes pasado, un insólito momento se vivió en los alegatos. El abogado defensor de Costa, Darío Vezzaro, sostuvo que “no hay acuerdo si Costa violó o no violó las normas” ambientales, basándose en que en las distintas instancias que tuvo el expediente (la denuncia de la fiscalía de instrucción, los análisis del juez de control y de la cámara de acusación, y la decisión final del Tribunal Superior de Justicia) no se pusieron de acuerdo sobre cuáles fueron las leyes violadas y, por ende, debería recibir el beneficio de la duda. El fiscal Gustavo Dalma lo retrucó aseverando que esos mismos fallos tuvieron el consenso que sí hubo alguna vulneración. “Tiene razón el fiscal -respondió Vezzaro-, en el sentido de que, y por eso está sentado Costa aquí, alguna ley ha violado. ¿No es cierto? Entonces, primero es la dificultad de saber cuál son las leyes que ha violado. Y, ante la falta de claridad interpretativa, evidentemente que eso elimina el dolo. Pero, es atinada y tiene razón el señor fiscal, señor presidente”.

La sorpresa del público presente fue inevitable. “¡¿Dijo que su cliente violó la ley?!”, preguntó en voz baja un especialista en leyes, al no poder creer lo que acaba de escuchar.

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Fuente:

Lea Ross, Alguna ley han violado, 23 abril 2023, La Luna con Gatillo.