Rivadavia tiene más de 200.000 hectáreas degradadas. El
ganado criollo no tiene pasturas.El ambiente acorrala a familias
campesinas. El 80 % de los jóvenes emigra a centros urbanos.
por Antonio Oieni
Argemina
Gutiérrez, de 50 años, es una puestera criolla de Rivadavia a la
que la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia le abrió un
sumario por desarbustar sin permiso 24 hectáreas con las que los
ingresos de su ganadería de subsistencia pasaron de 4.000 a 16.000
pesos por mes.
La superficie que
desbajeró para poder sostener su hacienda con pasturas representa el
7 % de las 350 hectáreas que un grupo de propietarios de Buenos Aires
le donó en Capitán Pagé, a pocos kilómetros de Los Blancos, por
los derechos posesorios que ella había heredado de su padre en la
finca El Palo Santo.
La cesión,
escriturada el 9 de octubre de 2013, no fue un acto de caridad, sino
el resultado de un acuerdo en el que la campesina chaqueña renunció
a reclamos por la ocupación anterior de tierras que los donantes
(seis condóminos) adquirieron en 2008 sobre la ruta 81.
A los criollos
nadie les regala nada. Están marginados hasta en las leyes de la
Nación, y por eso más de uno se autorreconoció como aborigen para
no terminar desterrado.
Por si fuesen
pocos sus pesares, el ordenamiento territorial que se sancionó con
la supuesta finalidad de garantizar manejos más racionales y
sostenibles del ambiente los condena a seguir inmersos en la pobreza
generacional de Rivadavia.
Argemina
Gutiérrez viajó dos veces a la capital salteña con uno de sus
hijos para gestionar un permiso en la Secretaría de Medio Ambiente,
pero no se lo dieron porque su finca está pintada de amarillo en el
mapa de ordenamiento territorial. "Ella hizo un cambio de uso de
suelo sin autorización y por eso tiene abierto un sumario",
señaló la jefa del Programa de Fiscalización y Control del
organismo ambiental de la Provincia, Silvina Borelli, tras recordar
que la ley de ordenamiento territorial prohíbe desmontes o
desbajerados en las superficies categorizadas con mediano valor de
conservación (amarillo).
Borelli precisó
que hay cerca de 500 expedientes en trámite contra pequeños,
medianos y grandes productores. "La ley provincial 7.543 de
ordenamiento territorial de bosques rige para todos por igual",
subrayó la funcionaria, y explicó que en áreas de mediano valor de
conservación solo están permitidos aprovechamientos forestales y
planes de manejo. Para estos últimos, los interesados deben
presentar proyectos que luego de evaluaciones en campo se aprueban o
rechazan.
Manejo
recomendado
En su descargo,
Argemina Gutiérrez sostuvo que no hizo ningún cambio en el uso del
suelo de su propiedad, sino una mejora de manejo de la actividad con
la que a duras penas subsiste. "Lo que hice en mi tierra fue un
desarbustado recomendado por el INTA", afirmó la puestera
chaqueña, en referencia a un rolado selectivo de baja intensidad
(RBI) con el que raleó un poco de duraznillo para poder sembrar
pasto.
El ingeniero
agrónomo Fernando Cenci, quien asesoró a la puestera en su defensa,
aseguró que "el desmalezado del monte y la implantación de
pasturas equilibró la armonía vegetal que tenía el ambiente
original de la zona hace un siglo". Según el profesional, la
fracción en la que se ordenó a Argemina suspender las actividades
se considera de mediano valor de conservación, pero no se aclara
cuál es el valor a conservar. "Según el mapa que categoriza a
la provincia de Salta, el catastro se encuentra en el amarillo
social, ya que no tiene limitantes de pendiente, suelo ni otro factor
que impida una producción ganadera sustentable con prácticas de
manejo adecuadas", recalcó Cenci.
En Rivadavia
Banda Norte cerca de 650 familias campesinas viven con necesidades
básicas insatisfechas (NBI).
El paisaje común
de sus espacios peridomésticos está definido hoy por grandes
peladares y madrejones que cada vez tienen menos capacidad de reserva
de agua, por los suelos que arrastra la erosión hídrica y se
sedimentan en sus lechos. Cenci, quien asistió en implantaciones de
pasturas a un medio centenar de puesteros de la zona, advirtió que
los procesos de enlame “van en aumento tanto en intensidad como en
superficie”.
En el municipio
de Santa Victoria Este, otras 460 familias criollas conviven en
iguales condiciones con más de 90 comunidades originarias de las
etnias wichi, chorote, toba, tapiete y chulupí. En el extenso
espacio de los ex lotes fiscales 55 y 14 se expresa otro de los
problemas centrales del Chaco salteño: los conflictos de tierras. La
inmensa mayoría de criollos no cuenta con títulos de propiedad,
aunque sus posesiones se remontan a tres e incluso más generaciones.
El Estado poco hizo en un siglo para regularizar la situación
dominial de sus puestos. “Yo pude obtener mi título de propiedad
por un acuerdo que firmé para poder estar tranquila, producir y
vivir dignamente de mi actividad, como querían mis padres y mis
abuelos, pero no me dejan hacer nada”, lamentó Argemina Gutiérrez.
Fuente:
Antonio Oieni, La desertificación condena al Chaco salteño a la pobreza, 29/07/18, El Tribuno. Consultado 01/08/18.
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