12/8/2018
COMUNICADO DE PRENSA
ASOC. CIVIL GRUPO
DE MADRES DE BARRIO ITUZAINGÓ ANEXO
Desde la Asoc.
Civil Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo reclamamos por la
paralización de la causa “Amuchástegui y otros sobre delito de
contaminación ambiental”, radicada en la Cámara 7ma del crimen y
anunciamos que el pasado viernes 10 de agosto constituímos como
nuestro nuevo abogado, al Dr. Germán Matheu de la Fundación
Lucadesa (Lucha contra la Contaminación Ambiental en defensa de la
Salud). El resto de las y los querellantes del barrio, incluidos
nuestros hijos, siguen con el patrocinio del Dr. Nayi.
El próximo 22 de
agosto se cumplen 6 años de la primera condena en Argentina, América
Latina y el mundo a un productor y un aeroaplicador por el delito de
poner en peligro la salud de la población con fumigaciones
agrotóxicas. Sin embargo, el 2do juicio por hechos que también
pusieron en peligro la salud de una población declarada en
emergencia sanitaria, se encuentra paralizado hace casi 5 años en la
Cámara 7ma del crimen. En esta causa, además de los ya condenados,
el productor Francisco Parra y el aeroaplicador Edgardo Pancello,
también están imputados los empresarios Javier y Fernando
Amuchástegui, directivos de la empresa Tecnocampo S.A., (con sede
central en Montecristo), la ingeniera agrónoma Alejandra Mendizábal
Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya (también aeroaplicador). La causa
se encuentra radica en la Cámara 7ª del Crimen, presidida por
Victor Velez.
Para movilizar la
causa hemos incorporado como abogado del grupo al Dr. Germán Matheu,
abogado de la Fundación LUCADESA, confiando en que podamos realizar
un trabajo mancomunado para que se realice efectivamente el juicio,
porque la justicia que es lenta no es justicia. Y en nuestro barrio
cientos de personas siguen padeciendo las consecuencias de la
contaminación sin contar con tratamientos a las y los afectados, sin
equipos médicos especializados para un seguimiento de cientos de
personas expuestas y con enfermedades y afectaciones varias asociadas
a la contaminación agrotóxica.
Los defensores de
los condenados han interpuesto muchos recursos para que la condena
del 2012 no quede firme pero no lo lograron. En 2015 el Tribunal
Superior de Justicia de la Provicia ratificó la sentencia con una
ejemplar argumentación en la resalta el bloque normativo que
sostiene la figura del delito de peligro, reconoce la declaración de
la emergencia sanitaria del barrio y advierte sobre la falta de
controles de parte del estado, en especial del Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba, que nos tiene en estado de abandono pese a
que el juicio puso a luz pública los testimonios de las afectaciones
a nuestra salud y de nuestras familias y vecinos. En 2017 esta
condena también fue ratificada por la Corte Suprema de la Nación.
La condena del
año 2012 en la causa Gabrielli y otros, al productor Parra y el
aeroaplicador Pancello se estaría cumpliendo según información
brindada sin detalles en la ventanilla del Juzgado de Ejecución de
Sentencia N°2 a cargo de Cristóbal Laje, 8hs de trabajo no
remunerado en hospitales públicos e inhabilitación de registros,
sin embargo no nos consta aún dónde ni cómo están cumpliendo la
condena, algo que también exigimos conocer públicamente, como parte
de las medidas que son necesarias para reparar la salud y la memoria
colectiva por el delito que cometieron en el barrio. El 2do juicio no
puede seguir esperando.
Sabemos que
tenemos toda la verdad de nuestro lado, y el respaldo del TSJ y la
Corte Suprema en la condena anterior, ya es hora que la Cámara 7ma
del Crimen ponga fecha para que se haga justicia.
A nivel
internacional acompañamos la lucha global contra Monsanto y
celebramos la histórica condena a la multinacional de los
agrotóxicos por ocultar la toxicidad del glifosato y lograr así la
aprobación así tanto en EEUU como en Argentina y toda la región.
Al igual que el tribunal de California, exigimos que el Poder
Judicial actúe en vida de las y los querellantes, porque algunos ya
han fallecido.
Llamamos también
a la solidaridad de las luchas en nuestro país y toda América
Latina, de madres y maestras, de comunidades indígenas, campesinas y
urbanas, de investigadores independientes en las universidades
públicas que defienden los derechos a la vida, la salud y el
ambiente y le dicen no a los agrotóxicos en el agua ni en nuestros
alimentos, ni el aire ni la luvia ni en la tierra donde juegan y
estudian nuestras hijas e hijos, nuestras nietas y nietos, que le
dicen no a los desmontes y exigen la erradicación de silos y
depósitos de agrotóxicos del medio de pueblos y ciudades, de
fábricas de químicos y biocombustibles y termoeléctricas y
depósitos de residuos de agrotróxios en medio de barrios y áreas
pobladas. Basta de agrotóxicos en la sangre de nuestras niñas y
niños, basta de enfermar y poner en peligro a las actuales y futuras
generaciones, basta de la invisibilización del problema por parte de
los ministerios de salud y ambiente y las cámaras empresariales y de
profesionales.
Asoc. Civil Grupo
de Madres B° Ituzaingó Anexo
Córdoba Capital,
12/08/2018
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