Foto: Sofía Gatica |
"¡No pueden fumigar!". Una mujer fue esposada y expulsada por la policía tras irrumpir en un campo de soja en Córdoba para impedir una fumigación. Médicos aseguran que desde que se utiliza el polémico herbicida, las poblaciones de las zonas rurales registran mayor incidencia de cáncer y de malformaciones al nacer.
"¡No pueden
fumigar!", grita Sofía Gatica mientras agita los brazos en un
cultivo de soja en Córdoba, donde la utilización del controvertido
herbicida está muy difundida.
Aquel día, la
activista fue esposada y expulsada por la policía tras su irrupción
en una propiedad agrícola privada de Dique Chico, en nuestra
provincia, informó la agencia AFP.
En la Argentina,
los habitantes se enfrentan casi a diario con los productores
agrícolas por las fumigaciones con glifosato, un herbicida que según
la Organización Mundial de la Salud (OMS) es probablemente
cancerígeno, usado para los cultivos con semillas transgénicas.
Esas siembras
comenzaron a fines de los años 1990 y desplazaron paulatinamente la
cría de ganado.
Al cierre de
junio de 2018 había 18 millones de hectáreas sembradas, que
rindieron una producción de 35,8 millones de toneladas y ubican a
Argentina como el tercer mayor productor mundial, detrás de Estados
Unidos y Brasil.
Pero esa cosecha
implica millones de litros de glifosato vertido.
En Estados Unidos
el lunes comenzó el primer juicio sobre los posibles efectos
cancerígenos del Round Up, el polémico herbicida de Monsanto que
contiene glifosato.
Sin legislación
Presionados por
los habitantes y sin que haya una legislación específica, las
autoridades de las ciudades y los pueblos han emitido ordenanzas que
regulan las fumigaciones, tanto para limitar su alcance territorial
como para controlar las cantidades de tóxicos en los herbicidas. Es
el caso de San Francisco, donde en 2006 se promulgó la ordenanza
municipal Nº 5531, donde se indica la creación de una zona de
"resguardo ambiental" conformada por la propia planta
urbana o núcleos poblacionales de esta ciudad.
Pero las
ordenanzas son impugnadas por los productores y a veces reciben
medidas cautelares a su favor, lo que atiza el conflicto.
"Por un lado
hay derechos constitucionales, como el derecho a ejercer la industria
lícita, que es el que normalmente invoca el productor agropecuario.
Pero, frente a ese, hay otros como el derecho a vivir en un ambiente
sano, el derecho a la salud y el derecho a la vida", refiere
Darío Ávila, abogado ambientalista.
"En materia
de agrotóxicos, en la Argentina no existe una ley nacional que tenga
aplicación en todo el territorio. Estas normativas son atribuciones
reservadas a los gobiernos provinciales", añade.
"Entran sin
permiso"
"Yo entré a
una propiedad para impedir la fumigación que entra sin permiso a las
viviendas. Ellos pueden entrar a nuestros hogares sin permiso y
nosotros le tenemos que pedir permiso a ellos para que no nos maten",
dice Gatica indignada.
"Su
fumigación entra a mi casa, entra a mi huerto, mi huerto se seca, se
contamina y mis hijos se mueren", insiste esta mujer quien vive
en Anisacate, un pueblo vecino a Dique Chico, y hace años perdió a
una bebé de tres meses, nacida con malformaciones.
Según el
neonatólogo Medardo Ávila, de la Red de Médicos de Pueblos
Fumigados, desde que comenzó la fumigación con glifosato en la
Argentina, las poblaciones de las zonas rurales registran mayor
incidencia de cáncer y de malformaciones al nacer.
"Lo que
vemos los médicos es que las personas se enferman de manera
diferente. Se mueren ahora principalmente por cáncer, desde que se
empezó a fumigar y se usaron estos agrotóxicos de forma masiva",
indica.
"Claramente,
las poblaciones agrícolas de la Argentina tienen en este momento
tres veces más cáncer que las poblaciones de las ciudades",
asegura Medardo Ávila, al referir que además en el campo de cada
100 nacimientos seis son de niños con malformaciones, frente a una
medida de 2 % en otras zonas.
"Ecoterroristas"
Alejandro
Dalmasso, productor de soja en Dique Chico, no duda en calificar a
los activistas contra el uso de glifosato como "ecoterroristas".
"Estamos
adheridos a las buenas prácticas agrícolas. Norma que hay, norma
que cumplimos. Estos grupos están dispersos en toda la Argentina, se
alimentan de hacerle daño a este país. Nosotros los llamamos
ecoterroristas", afirma tajante.
"No hay
ningún soporte científico serio de lo que presentan. Ese producto
se desarrolló para ser utilizado en el agro. No tiene otro uso",
defiende.
Pero Fabián
Tomasi, quien trabajó en la provincia de Entre Ríos surtiendo de
herbicidas a los aviones de fumigación sin protección, asevera que
el glifosato es algo "tremendamente engañoso, una trampa que
nos han plantado gente muy poderosa".
"Va a hacer
que no quede nadie. Toda la tierra que tenemos no va a alcanzar para
sepultar tanta muerte", dice este hombre demacrado de 53 años,
que sufre de polineuropatía tóxica severa.
La enfermedad lo
ha convertido en una persona dependiente: le impide ingerir alimentos
sólidos y le ha causado pérdida de masa muscular y dolores en las
articulaciones que le limitan la movilidad.
Fuente:
En el campo, los combatientes contra el glifosato, 10/07/18, La Voz de San Justo. Traducido de AFP. Consultado 11/07/18.
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