Lo resolvió el
Gobierno a través de la reglamentación de la ley 27.179, sancionada
en 2015.
El Gobierno
reglamentó la ley 27.179 que contempla la indemnización a los
damnificados por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero,
que dejó siete muertos y más de 300 heridos en noviembre de 1995.
La medida se
comunicó a través del decreto 309/2018, que fue publicado este
martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio
Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros Germán
Garavano (Justicia) y Oscar Aguad (Defensa).
De acuerdo con el
reglamento que figura en el anexo del decreto, podrán solicitar la
asignación "quienes hubieren iniciado demanda judicial con
anterioridad a su fecha de entrada en vigencia, reclamando los daños
y perjuicios ocasionados por los acontecimientos (…) y no hubieren
obtenido resarcimiento cuantitativamente equivalente o superior al
que por aplicación de esa Ley le correspondería percibir". "La
legitimación activa aquí prevista, debe considerarse extensible a
sus herederos", señala la norma.
En esa línea, el
Gobierno indicó que no se considerará causa vigente "a todos
aquellos procesos judiciales en los que la instancia judicial hubiere
sido declarada caduca o perimida por parte de los magistrados
intervinientes y esa decisión se encontrare firme y consentida".
El texto
establece una remuneración base, equivalente al salario mensual de
los agentes Nivel A Grado 0 del convenio colectivo del personal del
Sinep y reconoce varios tipos de indemnizaciones:
Lesiones
gravísimas y lesiones graves. Sólo podrá ser pretendida por quienes las
hubieran reclamado en su demanda judicial.
Daños
inmateriales. Será equivalente a la remuneración base, reducida en
un 96 por ciento.
Daño material.
Alcanzará hasta un importe máximo equivalente a la remuneración
base, reducida en un 97 por ciento.
La norma expresa
que los herederos deberán unificar representación a través de
medio idóneo a fin de la obtención del certificado judicial en
forma indivisa y universal.
En los
considerandos del decreto, el Ejecutivo recordó que el mismo mes en
que se produjeron las explosiones ya se había dispuesto el
otorgamiento de una compensación a los damnificados a través de dos
resoluciones.
Además, en 1997
la administración nacional firmó un nuevo decreto, orientado a
quienes "requerían una consideración especial porque no habían
sido contemplados expresamente por los anteriores o bien porque los
daños constatados superaban los topes fijados por ellos".
Sin embargo, esa
serie de normas resultaron "insuficientes a fin de brindar una
adecuada respuesta institucional e integral a todos los damnificados
por tan dolorosos acontecimientos", expresó la Casa Rosada.
Y en 2015, con el
impulso del kirchnerismo, el Congreso aprobó la ley que hoy se
reglamenta con el propósito de "brindar una solución estatal
definitiva a los conflictos judiciales que tuvieron su causa en los
trágicos hechos".
"Las
soluciones que se propician a partir del derecho indemnizatorio, como
contrapartida al seguimiento de las acciones judiciales iniciadas,
tienden a garantizar mayor celeridad y menor dispendio de recursos,
tanto públicos como privados", explicó el Ejecutivo.
La causa
En diciembre
pasado, los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Gustavo M.
Hornos de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal
rechazaron los planteos de los ex oficiales del Ejército Jorge
Antonio Cornejo Torino, Carlos Franke, Edberto Gónzalez de la Vega y
Marcelo Gatto y confirmaron así sus condenas por el delito de
estrago doloso seguido de muerte a 13 años de prisión -10 el
último-.
Con el fallo, se
descartó de manera terminante la posibilidad de se hubiera tratado
de un accidente. Los camaristas señalaron que el incendio fue
intencional y programado y que, además, fue colocado un artefacto
que hizo que la combustión se expandiera rápidamente por toda la
fábrica, haciendo imposible la extinción del fuego.
Asimismo, se
estableció que la motivación del atentado no fue otra que intentar
justificar la faltante de armas producida a partir del envío de
armas a Ecuador y Croacia ocurrido bajo la gestión del entonces
presidente Carlos Menem, quien también está condenado por
contrabando de material bélico.
Fuente:
El Estado indemnizará a los damnificados por la explosión en Río Tercero, 17/04/18, Infobae.
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