Un video inédito
del día que desapareció Santiago Maldonado muestra a los gendarmes
circulando por la ruta 40 y una conversación entre ellos en la que
afirman que a los mapuches "hay que quemarles todas las casas".
Es una prueba que desacredita el argumento de la "flagrancia"
con el que el Gobierno justificó el accionar de los uniformados.
por Adriana Meyer
"Hay que
quemarles todas las casas", dice uno de los gendarmes. "Hay
que patearles todo, la misión es esa", replica otro de los
uniformados verde oliva que participaron de la represión del 1º de
agosto en territorio mapuche recuperado de Cushamen, cuando
desapareció Santiago Maldonado. Estaban sentados en el camión
Unimog que circulaba a baja velocidad por la ruta 40, mientras un
grupo los seguía al trote rumbo a la Pu Lof, donde ingresarían
arrojando piedras y a los balazos sin orden judicial. El diálogo que
quedó registrado en un video inédito no sólo da por tierra la
insistente justificación del gobierno de Cambiemos sobre la
"flagrancia" invocada para actuar, en la cual habrían
incurrido los mapuches que cortaban la ruta reclamando la liberación
de su lonko, Facundo Jones Huala. Además, anticipa lo que luego
sucedió: imágenes exclusivas a las que tuvo acceso PáginaI12 y que
están en el expediente evidencian el incendio y el secuestro de las
pertenencias de la comunidad. Un sector de los investigadores
sostiene que la tal flagrancia en realidad fue la excusa para
soslayar los mecanismos de un desalojo de ruta, y lo que hubo fue un
procedimiento ilegal donde la fuerza de seguridad que intervino
habría incurrido en abuso de autoridad, que derivó en la muerte de
Maldonado.
En las últimas
notificaciones del expediente que investiga el juez federal Gustavo
Lleral, Gendarmería está modificando de facto la carátula de la
causa, porque responde los oficios encabezando con "NN/averiguación
de delito" cuando el caso aún está calificado como
desaparición forzada. "Están realizando un cambio unilateral
de la carátula con una impunidad absoluta", dijo Verónica
Heredia, la abogada de Sergio Maldonado, a Nuestras Voces. El
ministerio de Seguridad y los abogados de los gendarmes intentaron
varias veces que desaparezca la figura de la desaparición forzada,
sobre todo a partir del hallazgo del cuerpo de Santiago, el 17 de
agosto, en el río Chubut. Hasta ahora Lleral no hizo lugar a tal
pretensión, pero más temprano que tarde podría haber una
modificación sobre el tipo penal con el que continuará. Ante esa
eventualidad, una fuente del caso planteó que las imágenes que
publica PáginaI12, así como otras pruebas ya adjuntadas al caso,
podrían sostener una acusación contra los gendarmes implicados por
homicidio agravado, como establece el artículo 80 inciso 9 del
Código Penal, es decir cuyo nexo causal es un abuso de autoridad de
la fuerza de seguridad que intervino. Así sucedió en el caso de
Ezequiel Demonty, el joven que se ahogó tras ser obligado por
policías a arrojarse al Riachuelo. Tres miembros de la Policía
Federal fueron condenados a la máxima pena prevista para tal delito:
prisión perpetua.
Si acaso fuera
éste el escenario posible, las pruebas para confirmar la ilegalidad
del procedimiento son evidentes porque no hubo orden judicial de
Guido Otranto para el ingreso a la Pu Lof, como tampoco para la
destrucción de las casillas de madera y chapa, colchones, juguetes,
libros y otras posesiones de la comunidad, que fueron incineradas en
una fogata en la cual la familia Maldonado también sospecha pudo
estar la mochila de Santiago. De hecho, en las primeras fojas del
expediente aparece el acta elaborada por el único imputado del caso,
el ascendido alférez Emmanuel Echazú, pero con un vicio que la
transforma en carente de valor legal: no lleva la firma de testigo
alguno. "La flagrancia implica inmediatez y urgencia, y nada
indica que haya sido esa la situación, cuando dicta Otranto la orden
de desalojar la ruta el 31 de julio", explicó la fuente.
La orden era
específica y se cumplió a las 3.30 del 1º de agosto. El jefe de
Gabinete de la ministra Patricia Bullrich, Pablo Noceti, le insistió
al magistrado para que avanzara invocando que los mapuches estaban
cometiendo delitos "in fraganti", y que entonces los
gendarmes podían avanzar con sus vehículos sobre esa porción que
figura a nombre de Tierras del Sud S.A., propiedad del magnate
italiano Luciano Benetton. En la estancia Leleque, de Benetton,
permaneció Otranto durante el procedimiento del 5 de agosto cuando
apareció bajo un arbusto la boina beige que usaba Santiago, y el
perro marcó su rastro hasta el río.
Como si tuviera
la Gendarmería la potestad de modificar la carátula, en los oficios
en que lo hizo solicita le sean devueltos discos rígidos y otros
elementos secuestrados durante los allanamientos. Lo mismo hicieron
los mapuches, a quienes nadie les devolvió hasta hoy los documentos,
carpetas, carteras y demás pertenencias que sobrevivieron a la
fogata, y que fueron cargadas en las camionetas, tal como evidencian
las fotografías que publica este diario.
En diciembre, la
Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó al fiscal Carlos Díaz
Mayer que investigue la presunta violación de las convenciones
internacionales contra la tortura, en el caso particular del grupo
étnico de los mapuches, en un expediente en el cual la APDH recusó
a la fiscal Silvina Ávila, por considerar que hay un conflicto de
intereses en tanto mantiene a Echazú como querellante en una causa
por el corte de la ruta 40, donde el gendarme habría sido herido, y
a su vez lo tiene como imputado en la referida a la desaparición
forzada de Maldonado.
A principios de
marzo, Lleral pidió todas las causas referidas a la Pu Lof, y en ese
momento la APDH solicitó investigar el contexto represivo previo al
1º de agosto, tal como informó Cadena del Sur. La hipótesis es que
Gendarmería buscó generar las condiciones de una "flagrancia"
para poder reprimir luego, lo que terminó con la desaparición y
muerte de Santiago Maldonado.
En el video,
luego de anticipar que iban a quemar y romper todo a los mapuches,
los gendarmes hablan distendidos sobre el cobro de su sueldo. Al
rato, según los audios que constan en la causa se permitirían otras
frases que los inculpan, tales como "vamos a darle corchazo para
que tengan", "fuego al negro escopeta", "la
sargento Sartirana lo tiene en la camioneta", y otras con
similar sentido de un ataque premeditado, un claro abuso de su
condición de miembros de una fuerza de seguridad.
Fuente:
Adriana Meyer, Imágenes que comprometen a la Gendarmería, 16/04/18, Página/12. Consultado 17/04/18.
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