Los funcionarios no pudieron precisar una fecha en una audiencia ante la Corte Suprema. Acusaron al ente responsable, ACUMAR, de "inoperancia" y "redireccionar" recursos.
por María
Belén Etchenique
“Tiene
que ser más serio”, “Le pido que sea concreto”, “¿No le
parece demasiado precario lo que está diciendo?”, fueron algunas
de las frases que la Corte Suprema de Justicia repitió durante la
última audiencia pública de la causa Riachuelo. Los pedidos no
funcionaron como exabruptos, sino como llamados de atención,
recuerdos -por momentos, casi constantes- de la responsabilidad que
pedía el momento. Ocurrió esta mañana en una jornada de tres
horas, convocada por el máximo tribunal para que se rindieran
cuentas sobre el fallo que ordena a los estados nacional, bonaerense
y porteño a sanear en forma integral la cuenca Matanza-Riachuelo, la
más contaminada de la Argentina. Un dictamen que en julio cumple
diez años y que no se sabe cuándo se alcanzará. Ningún
funcionario se animó a ponerle fecha, pese a la insistencia de los
magistrados, pese a estar obligados a informar.
Sólo
con preguntas la Corte Suprema dejó en evidencia el estado crítico
en el que está la recomposición ambiental de la cuenca. No era un
descubrimiento: desde el fallo, poco se hizo y muy lento. Pero el
nivel de desinformación, dudas e imprecisiones de los funcionarios
pocas veces irritó tanto al Tribunal y sorprendió -preocupó- a los
asistentes. Por momentos, la sala de audiencias de la Corte, en el
cuarto piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, parecía
el despacho de un director de escuela primaria al que asistían
alumnos que se habían portado mal. El carácter de las respuestas de
los funcionarios, en especial, recordaba esa escena infantil.
-
¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir con la
sentencia? ¿En qué tiempo? -preguntó el juez Ricardo Lorenzetti a
las dos horas de iniciada la exposición de la presidenta de la
Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Dorina Bonetti.
- Nosotros
vamos cumpliendo con la sentencia a partir del cumplimiento de cada
una de las mandas, que se pueden mensurar por los indicadores…
- El
tiempo -la interrumpió Lorenzetti y siguió: Le pido que seamos
precisos. Usted debe tener una planificación que le permite estimar
que va a cumplir la sentencia cuándo. ¿En un año, dos, diez?
- La
planificación estratégica la estamos trabajando desde el año
pasado...
- ¿No
la tienen? -volvió a interrumpirla, con una molestia más obvia.
- Nosotros
nos regimos por el plan...
- ¿La
tienen o no la tienen? Concretamente responda.
Lo
que siguieron fueron diez minutos en los que Lorenzetti dijo que
ninguna de las metas impuestas en la sentencia se había cumplido,
puntualizó que “hasta ahora (ACUMAR) estuvo siempre recalculando y
cada funcionario nuevo -desde 2015 se cambió cuatro veces al
presidente del organismo- parecía pretender que lo hecho en forma
anterior no existía” y recordó que el saneamiento del Riachuelo
es una obligación legal. Fueron diez minutos en los que repitió
ocho veces la palabra cuándo hasta lograr esta contestación:
- No
puedo darle una fecha con exactitud.
No
fue el único juez que mostró su incomodidad. Horacio Rosatti estuvo
entre los más críticos: “En el cumplimiento de una sentencia que
lleva diez años, es relevante que ustedes (por ACUMAR) tomen razón
de que están cada vez más lejos del cumplimiento del fallo”,
dijo. Y, al comparar indicadores de 2010 con los actuales,
diagnosticó que hay más retrasos y que ese problema se reproduce en
todos los puntos: erradicación de basurales, respuestas
habitacionales, saneamiento ambiental, etc. “¿Son conscientes de
que, además del retraso histórico, están yendo más lento de lo
que la realidad les demanda?", remató.
Minutos
más tarde, la mayor crispación volvería a Lorenzetti, ante el
director Nacional de Vivienda Social, Ramiro Masjuan. Al también
pedirle mayor precisión sobre cuántas viviendas serán entregadas y
en qué plazo, y frente a que el funcionario empezó a hacer cuentas
en el momento, parado detrás del atril, le consultó: “¿Es una
estimación que acaba de hacer o está firmado? ¿No le parece
demasiado precario lo que está diciendo?”.
También
estuvieron presentes en la audiencia los ministros Carlos Rosenkranz,
Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. En el caso de la jueza, la mayor
preocupación se centró en el seguimiento que se le está dando a
los chicos que viven en la cuenca; contaminados con plomo, con
erupciones, con asma, sarna, anemia, rodeados de basura y ratas,
impedidos de crecer. Como al resto de los jueces, las respuestas no
la tranquilizaron. Por último, Maqueda tampoco fue la excepción: su
impaciencia giró en que, a meses de cumplirse diez años del fallo,
un representante de AySA le informara que la construcción de una
planta de tratamiento de agua en Berazategui no está incluida en el
plan de saneamiento. “¿Cómo me va a decir eso? ¿Yo mismo en
otras audiencias he consultado sobre esto?” "Sus antecesores
jamás expusieron lo que usted dice", repitió atónito.
A las
exposiciones las completaron el Cuerpo Colegiado, un ente civil que
controla el avance del plan, y la Auditoria General de la Nación.
"La inoperancia de ACUMAR agrava los daños a la salud pública",
puntualizó el abogado y diplomático Raúl Estrada Oyuela en
representación del Cuerpo. Del lado de la Auditoria tampoco hubo
elogios y se habló de una subejecución del orden del 41 % en 2016.
Subejecutar significa redireccionar y quitar recursos que habían
sido adjudicados a un fin a otro. La acción podría pasar
inadvertida, pero en el Riachuelo es obvia, como la contaminación.
Fuente:
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María Belén Etchenique, Riachuelo: a diez años del fallo que obliga a limpiarlo, aún no saben nicuándo lo podrán cumplir, 14/03/18, Clarín.
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