Con todo, una
investigación publicada en una revista académica de la Universidad
Nacional de Córdoba sostiene que la protección puede fracasar por
el modelo de gestión instrumentado para tal fin. Áreas protegidas, con aportes muy desiguales.
Córdoba es la
segunda provincia del país con mayor superficie incluida en algún
tipo de área protegida, después de Misiones.
Hay parques
nacionales, reservas y parques provinciales, corredores
biogeográficos, áreas protegidas municipales y áreas protegidas
privadas.
Estas tipologías
apuntan a proteger la flora y la fauna autóctonas, así como las
cuencas hídricas. De ese modo, no sólo se conserva el ambiente,
sino que dichas áreas se vuelven puntos de referencia para el
turismo y la recreación.
La tarea de
protección tiene un gran valor. Recordemos, por ejemplo, que apenas
nos queda un tres por ciento de nuestros bosques nativos, proporción
que año tras año se resiente por el desmonte y los incendios, entre
otros factores.
Con todo, una
investigación publicada en una revista académica de la Universidad
Nacional de Córdoba sostiene que la protección puede fracasar por
el modelo de gestión instrumentado para tal fin.
Los
investigadores detectaron la regular ineficiencia estatal: cuando las
áreas protegidas están gestionadas exclusivamente por el Estado, es
muy baja la probabilidad de que se cumpla el objetivo de la
conservación.
Por el contrario,
cuando la administración de las áreas protegidas queda en manos de
un municipio y se incluye la participación ciudadana, hay casi un 50
por ciento de probabilidad de lograr el objetivo.
El ejemplo a
seguir sería la Reserva Hídrica y Recreativa Los Manantiales, de
Río Ceballos. Tiene un consejo de gestión participativo,
presupuesto propio, guardaparques asignados por concurso público y
actividades colaborativas de cartelería, senderismo y recreación.
Las reservas de
Achiras, Bell Ville, la comuna de La Rancherita y Las Cascadas, San
Antonio de Arredondo, Jesús María, Cosquín y Capilla del Monte
también eligieron este modelo. Para los investigadores,
institucionalizar la participación ciudadana es la clave para una
mejor administración de las áreas protegidas.
Es lógico. Si
una comunidad toma conciencia de la necesidad de proteger su medio
ambiente y se organiza en pos de ese objetivo, con la asistencia
técnica requerida y la asignación de fondos necesarios, podrá
emprender la tarea y controlar a sus responsables de una manera más
eficiente que una oficina estatal, que suele encontrarse a
considerable distancia del terreno.
Es, además, una
buena forma de poner en práctica el principio de subsidiariedad: un
problema debe ser resuelto por la autoridad más cercana a él. Esta
es una de las reglas que sostiene todo el andamiaje de la Unión
Europea, que la tomó de la Doctrina Social de la Iglesia: cuando la
comunidad puede hacer algo en pos del bien común, el Estado debe
abstenerse de intervenir.
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Fuente:
Participación ciudadana para cuidar el ambiente, 06/02/18, La Voz del Interior.
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