Las asambleas
ambientales advierten que resistirán el cambio que impulsa el
Gobierno. Las organizaciones de pueblos y ciudades cordilleranas
rechazaron la modificación a la ley de glaciares y anunciaron que se
movilizarán para garantizar el cumplimiento de la norma actual. “El
Gobierno trabaja para favorecer a los grandes grupos empresariales”,
denunciaron.
por Darío Aranda
El Gobierno
impulsa la modificación de la ley de glaciares para avanzar con
megaminería en zonas prohibidas. Las asambleas socioambientales a lo
largo de la Cordillera advierten que resistirán la modificación de
la norma y movilizarán para su cumplimiento efectivo. Duras críticas
al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, anuncios de mayor
conflictividad y aumento de la criminalización.
El gobierno
nacional tomó medidas en favor de la minería desde el primer mes de
gestión, cuando anunció el quite de retenciones a la actividad. A
inicios de 2017 dejó trascender que pretendía modificar la Ley
26.639 de “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación
de los glaciares y del ambiente periglacial” (más conocida como
“ley de glaciares”) y derogar las leyes provinciales que limitan
la actividad.
El 14 de
noviembre, el presidente Mauricio Macri se reunió con Eduardo
Elsztain (Grupo IRSA y accionista de la minera Austral Gold) y a
Carlos Miguens (titular de M.B. Holdings, Agropecuaria Cantomi y
director de Patagonia Gold). También participaron los ejecutivos de
la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), los sindicatos
Uocra (Unión Obrera de la Construcción) y AOMA (Asociación Obrera
Minera), funcionarios provinciales y de los ministerios de Ambiente y
Minería. Macri confirmó la modificación de la ley de glaciares.
La misma semana,
el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, sostuvo que las leyes de
glaciares y de bosques son “grandes ideas irreales” y que su
sanción respondió a una “épica legislativa”. Justificó su
posible modificación.
El 4 de diciembre
se cumplieron quince años de la primera gran movilización que se
produjo en Esquel contra la megaminería y que tuvo un hito en marzo
de 2003, cuando el 82 por ciento de la población votó contra la
instalación de un proyecto minero. Los día 4 de cada mes se marcha
en la ciudad, desde hace quince años.
“El gobierno
está trabajando para favorecer los intereses de los grandes grupos
empresariales y como ha venido pasando hace décadas sigue la línea
de promover el extractivismo con argumentos de supuestas
oportunidades económicas para la población. Las muestras de
falsedad del beneficio económico y el riesgo socioambiental para las
comunidades hace tiempo que es evidente, solo es preciso analizar la
situación de los pueblos que vienen sufriendo la explotación
megaminera”, alertó Corina Milán, de la Asamblea de Vecinos de
Esquel. “La mina Pascua Lama está sobre suelo periglaciar. Por lo
cual, en San Juan no se cumple la ley”, denunció Nina D’Horacio,
asambleísta de Esquel.
En Catamarca
conocen de megaminería desde hace veinte años, cuando se instaló
Minera Alumbrera (hoy en manos del consorcio Suizo-Canadiense
Glencore, Goldcorp y Yamana Gold). En la misma zona, oeste
provincial, el gobierno de Lucía Corpacci impulsa la instalación de
Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Manifestamos
nuestro enérgico repudio a las declaraciones del ministro Sergio
Bergman. Exigimos que no se modifique la ley de glaciares. Que se
haga efectivo la realización del inventario tal como lo dispone la
ley, es decir que se releven los glaciares de cualquier tamaño y el
ambiente periglaciar”, destacó el comunicado de una decena de
asambleas socioambientales nucleadas en la organización Pucará
(Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación).
Las asambleas
catamarqueñas recordaron que en sus territorios está la mayor
prueba “del engaño minero”, que no significó progreso. “Ya
aprendimos que la megaminería no trae bienestar para los pueblos. Al
contrario, nos sacan el agua, la contaminan y nos degradan social,
cultural, económica y ambientalmente”, afirmaron.
Mendoza es una de
las provincias que tienen leyes que limitan la megaminería. Y
resisten desde hace años al lobby minero. Marcelo Giraud, de las
asambleas mendocinas, precisó que el área de glaciares donde se
prohíbe la minería es menor al uno por ciento del territorio
nacional (exceptuando la Antártida). Destacó que todas las
asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia “repudian
terminantemente cualquier intento de modificar la ley de glaciares
que tienda a reducir el área donde rigen las prohibiciones”.
Entre las medidas
planificadas señaló que se avanzará en un plan de
“re-concientización de los impactos mineros”. Recordó que la
Ley de Bosques también corre el mismo riesgo y alertó sobre el
intento de una ley de semillas en favor de las empresas transgénicas.
“Todo se enmarca en la profundización del extractivismo, pero
también esto suscitará crecientes resistencia en los territorios”,
afirmó Giraud.
Recordó que el
Inventario Nacional de Glaciares aún no está concluido a pesar de
que la Ley preveía su terminación en un plazo de cinco años.
La Rioja echó a
cuatro empresas mineras en los últimos diez años, entre ellas a la
poderosa Barrick Gold. Jenny Luján, de la Asamblea de Chilecito,
consideró que la norma es “una herramienta muy importante a la
hora de fundamentar desde lo legal el no rotundo a la minería” en
el Cordón del Famatina. “El agua es el mayor tesoro que tenemos,
aún más en estas regiones, y la vamos a defender”, aseguró.
Desde la Asamblea
de Chilecito alertaron que el avance extractivo también implica
modificaciones en el sistema judicial para “legalizar la
criminalización y judicialización de las protestas”. Luján
también llamó la atención en el rol de los grandes medios de
comunicación: “Transmiten una realidad ficcionada que demoniza a
los movimientos campesinos, indígenas, socioambientales y agudiza la
lucha de pobres contra pobres”.
Las críticas a
Bergman
por Darío Aranda
Las críticas al
ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fueron unánimes. “Bergman no
tiene la más pálida idea de cómo preservar el ambiente, parece más
un promotor de los agronegocios y la megaminería”, denunció Nina
D’Horacio, de la Asamblea de Esquel. “La gestión del Ministro
desde el inicio fue vergonzosa y nefasta para el ambiente y nuestros
bienes comunes, y lejos de mejorar ha ido empeorando”, resumió
Giraud de Mendoza. Todas las asambleas advirtieron que resistirán en
las calles, rutas y territorios. También destacaron que en Argentina
rige el “principio de progresividad del derecho ambiental”, que
lleva implícito el de no regresión. Por lo cual la modificación
que planean el Gobierno y las empresas es inconstitucional.
Fuentes:
Darío Aranda, En defensa de los glaciares, 09/12/17, Página/12. Consultado 09/12/17.
Darío Aranda, Las críticas a Bergman, 09/12/17, Página/12. Consultado 09/12/17.
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