Mientras la
crisis climática pone en jaque a ciudades costeras de América
Latina y el Caribe, los decisores políticos se mantienen fuera del
consenso del sistema internacional. ¿Resolveremos las
contradicciones?
por Juan Carlos
Travela
A diferencia de
lo que un amplio sector de la sociedad cree, el peligro de extinción
no afecta solo a especies exóticas, o animales que habitan lugares
muy lejanos. Como sostiene el ecólogo uruguayo Eduardo Gudynas en su
libro Derechos de la Naturaleza, “se acrecienta a escala global la
extinción masiva de especies”, y la especie humana no está ajena
a esa posibilidad. Si tomamos por ejemplo el Informe Planeta Vivo
2014 publicado por World Wildlife Fund (WWF), los datos son
contundentes: "El Índice Planeta Vivo (IPV), el cual mide más
de 10.000 poblaciones representativas de mamíferos, aves, reptiles y
peces, ha disminuido un 52 % desde 1970. Dicho de otra manera, en
menos de dos generaciones humanas, el tamaño de las poblaciones de
animales vertebrados se ha reducido a la mitad".
Hace no más de
algunas décadas se trataba de locos a quienes hacían este tipo de
afirmaciones, pero transcurriendo el año 2017 y ante los efectos
visibles de la crisis civilizatoria, el consenso respecto a la
posibilidad real de extinción de la especie humana está cerca de
ser unánime. Desde Naciones Unidas y la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) hasta gran parte de la academia en su amplio
espectro ideológico concuerdan en este punto.
De esta forma, el
reciente Informe de la CEPAL titulado Horizontes 2030: la igualdad en
el centro del desarrollo sostenible afirma que “la humanidad se
encuentra ante un punto de no retorno: el impacto ambiental del
estilo de desarrollo dominante pone en peligro su supervivencia y la
de otras especies”, y destaca la necesidad de modificar el estilo
de desarrollo actual, que considera insostenible social y
ambientalmente.
Para este
organismo, el estilo de desarrollo dominante en la región se basa en
una estructura productiva cuya competitividad depende de la
abundancia y la explotación de forma intensiva de los recursos
naturales, y la mayor dificultad se encuentra en la economía, dado
el conjunto de intereses y alianzas que predominan y que definen las
reglas del juego. “Diversos actores, tanto públicos como privados,
tienen interés en proteger sus inversiones y la distribución
presente de rentabilidades”.
A su vez, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y La Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible son considerados un avance frente a lo que fueron los
Objetivos del Milenio, y destaca una nueva agenda de políticas en la
región que responden a la búsqueda de este nuevo estilo de
desarrollo.
Sin embargo,
cuando se va más allá del marketing verde que lleva adelante el
gobierno actual de Cambiemos, nos encontramos con lo que, de forma
muy acertada, Maristella Svampa y Enrique Viale definieron como la
“trumpización de la política ambiental”, que dista
completamente de ser la nueva agenda de políticas que resalta la
CEPAL.
Así como
sostienen estos autores, la gestión de Mauricio Macri está
caracterizada por la flexibilización de la normativa de protección
ambiental. La modificación de la Ley de Glaciares, el nuevo Acuerdo
Minero, la nueva Ley de Ordenamiento del Bosque Nativo de la
provincia de Buenos Aires al servicio de los negocios inmobiliarios y
el agronegocio, la modificación de la Ley Nacional de Tierras
Rurales, y el relanzamiento de Vaca Muerta, entre otras medidas
responden a esta lógica, sucediendo lo que paradójicamente resalta
la CEPAL sobre la década de los 90: “En los años noventa, la
humanidad transitó por dos mundos con agendas en tensión o en
abierta contradicción. Por un lado, estaba la agenda normativa de
las Naciones Unidas, antes descrita. Por otro lado, había un sistema
económico desregulado, en particular en lo que se refería al mundo
financiero, cuyos activos se multiplicaban a gran velocidad, con un
respaldo cada vez menor en la economía real. Ese sistema priorizó
la liberalización comercial, sin tomar en cuenta los problemas
específicos de competitividad, equilibrio externo y deterioro
ambiental que afectaban a las economías en desarrollo”.
Las
contradicciones entre el modelo que intenta proponer la CEPAL y las
decisiones tomadas desde la gestión de gobierno pueden fácilmente
ser explicadas desde este argumento, por lo que se puede sostener que
en este ámbito volvimos a los 90.
Por otro lado los
consensos continúan en todo el arco ideológico, así mientras desde
la Ecología Política se afirma que la crisis energética es
inminente y el agotamiento del petróleo está cada vez más cerca,
como destaca la CEPAL, el gobernador del Banco de Inglaterra alerta a
los inversionistas sobre los riesgos de invertir en petróleo debido
a la crisis climática.
Las ciudades
costeras son las principales afectadas por el cambio climático,
azotadas cada vez más por los frecuentes eventos extremos. Esto debe
ser un motivo adicional por el que la resistencia y la lucha por los
Derechos de la Naturaleza necesariamente logren conquistar las
ciudades.
No hay tibieza en
la CEPAL cuando afirma que “si se quemaran todas las reservas
probadas de combustibles fósiles, el hielo de la Antártida se
derretiría totalmente, el nivel de los mares se elevaría más de 50
metros, y se eliminarían las ciudades costeras”. En
correspondencia, tampoco somos tibios al afirmar que la Ciudad de
Buenos Aires está en peligro de verse sumergida bajo el Río de La
Plata.
Juan Carlos Travela es Licenciado en Comercio Internacional y miembro de la agrupación Hacia El Buen Vivir. Actualmente se encuentra doctorando en Desarrollo Económico.
Fuente:
Juan Carlos Travela, ¿Por qué corre peligro la Ciudad de Buenos Aires a causa del cambio climático?, 21/09/17, La Izquierda Diario. Consultado 25/09/17.
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