La grieta conservacionista

Se realizó la Audiencia Pública por el proyecto de construcción de las mega-represas sobre el Río Santa Cruz. "En este tema no existe la grieta", fue un argumento recurrente para referirse al acuerdo entre los bloques mayoritarios de gobierno y oposición. Desde otro punto de vista, otra "grieta" aparece entre la virtual alianza que existía entre Cambiemos y representantes de ONGs conservacionistas. En el centro de la tormenta quedó el actual Secretario de Política Ambiental, Diego Moreno, quien fuera director de una de las ONG más convocante por la campaña #RioSantaCruzSinRepresas.

por Eduardo Soler

El proyecto para construir las represas bautizadas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic cuenta con el apoyo del actual gobierno de Cambiemos, continuando así el iniciado en 2005 por el anterior gobierno del Frente para la Victoria, relanzado con financiamiento de China en el año 2013. Se trata de una cuestión de trascendencia para las organizaciones ambientalistas, porque su construcción alteraría el único río glaciario que corre libre hasta desembocar en las costas argentinas. Además, su cuenca es el hogar del emblemático macá tobiano, una ave endémica en peligro de extinción, por lo cual está en el centro de la agenda del conservacionismo local.

Conservacionistas o Conservadores

Luego de la creación del Ministerio de Medio Ambiente encabezado por Sergio Bergman en diciembre de 2015, las críticas del sector ambiental frente a una persona sin ninguna trayectoria en el área se apaciguaron con el nombramiento de figuras que proveían de las ONGs. Entre ellas, Diego Moreno, Director General de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) desde 2008, asumió como Secretario de Política Ambiental, reactualizando así el vínculo entre (ex) directivos de esta organización que se habían sumado a la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

En las dos jornadas de Audiencia Pública que se efectuaron el jueves 20 y el viernes 21 en el Senado de la Nación, el moderador elegido para tal ocasión fue Javier Corcuera. Se trata de quien fuera director general de FVSA por nueve años, entre 1997 y 2006. Luego de un paso por la Fundación Avina, llegó a ejercer del 2010 al 2012 como la primer figura con trayectoria en ONGs conservacionistas que asumió un cargo importante con el PRO: presidente de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En esa función lo sucedió Juan Carlos Villalonga en noviembre de 2013. Si bien el otrora activista tomó notoriedad pública por su rol como director de Greenpeace Argentina hasta abril de 2011, desde ese momento pasó a liderar la agrupación los Verdes. Su paso a la gestión del APRA terminó sellando una alianza con el PRO. En efecto, se trató de un hecho político de envergadura, que se derivó en el alejamiento de figuras de Los Verdes que no acompañaron esta decisión, y se consolidó con la candidatura y asunción del propio Villalonga como diputado nacional por Cambiemos en 2015.

En diciembre de ese año, se produjeron otras incorporaciones además de la Secretaría de Moreno. Dolores Duverges, entonces en FARN, fue nombrada Subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental En aquel momento, el Presidente Mauricio Macri prometió que revisaría la construcción de las represas en Santa Cruz. Según difundió Clarín, fue en una reunión donde estaba presente Emiliano Ezcurra, quien lideraba la Fundación Banco de Bosques hasta ser designado vice-presidente de la Administración de Parques Nacionales por la misma época.

El rol de Banco de Bosques en este conflicto abierto es importante, porque se trata de una de las organizaciones que inició un amparo contra la construcción de las obras (junto con la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia). En diciembre del 2016, la Corte Suprema de Justicia dio lugar a la presentación y paralizó la obra legalmente. A partir de allí, el actual gobierno nacional se decidió a completarla, avalando un nuevo informe de impacto ambiental, que justamente es el que debe ser tratado por el Congreso luego de las audiencias públicas.

Aves Argentinas es otra ONG clave. La construcción de represas en el río Santa Cruz amenaza directamente al macá tobiano y otras especies en riesgo. "Esta cuenca no sólo no debería tener un emprendimiento de estas características, sino que debería ser convertida en un área natural protegida", había expresado su entonces Director de Conservación, Rodrigo Fariña. En mayo de este año, el PRO lo convenció para asumir como gerente del Eco-Parque. En el entonces Zoológico de la Ciudad había probado suerte sin éxito Claudio Bertonatti, durante años directivo de FVSA .

El breve recorrido por algunas de las figuras de ONGs conservacionistas que asumieron distintos roles de gestión en el gobierno de la mano del partido PRO excede este conflicto puntual, pero también le da el marco preciso para su análisis. En la Audiencia de la semana pasada, todas las organizaciones mencionadas tuvieron un rol activo y, más allá de los claros argumentos ambientales, hicieron énfasis en que el Estado debe escuchar las voces de la sociedad civil. Este pacto implícito es el que parece estar a punto de romperse por el dictamen conjunto de los Ministerios de Energía y de Ambiente de aprobación de la obra, publicado el pasado 30 de junio.

La Represa y la Grieta

Diego Moreno habrá tenido una de las jornadas más difíciles de tu trayectoria profesional. Debía dar la cara por el Ministro Sergio Bergman, y encabezar desde lo técnico la defensa de la aprobación de la factibilidad técnica del Impacto Ambiental. Pero más aún, frente a amigos y colegas de las ONGs conservacionistas con las cuales trabajó hasta hace menos de dos años. Cuando llegó su turno, la cuenta oficial de FVSA mencionó escueta: "Habla ahora @diegoimoreno". En su presentación se abordaron diversos puntos que traerían críticas y rechazos luego desde la sociedad civil. "Son mentiras muchas cosas que se dijeron, incluso del área ambiental", expresó Bertonatti.

Glaciar Perito Moreno. Uno de los puntos críticos es la posible afectación del glaciar más famoso de Argentina, fuente de atractivo turístico para Santa Cruz. Según el Secretario Moreno: "el proyecto se encuentra desacoplado hidráulicamente del Lago Argentino, descartándose impactos sobre los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur". Para las ONGs, el desacople no está garantizado y el IANIGLA no tuvo el tiempo suficiente de estudiar la situación en detalle. El representante de esta institución en la audiencia, Lucas Ruíz, expresó que "hay muy poca descripción de los glaciares" a pesar de que "existe numerosa bibliografía científica".

El macá tobiano. Un apartado especial se dedicó a este especie endémica, que sólo se encuentra en Santa Cruz. Moreno avaló que el informe demuestra que "no existe afectación directa sobre su hábitat reproductivo”. "Yo no pido que sea el Ministerio de Energía el que entienda la necesidad de conservar el macá tobiano..", manifestó luego Hernan Casañas, de Aves Argentinas, en un tiro por elevación al Ministerio de Ambiente. Criticó que en el Informe "la dimensión biológica tiene un nivel de amateurismo preocupante" y llamó a escuchar a los verdaderos especialistas sobre el macá tobiano, que sí advierten la peligrosidad de las represas sobre el hábitat de este ave.

Parques Nacionales. Según Moreno, la Administración de Parques Nacionales (APN) aseguró que las represas no afectan los Parques "Los Glaciares" ni "Monte León" (que fuera donado por la FVSA). Esto derivó en un cruce posterior con Pedro Friedrich, titular de la Fundación Banco de Bosques, quien resaltó que las ONGs que se oponen al proyecto no son improvisadas sino que "le han regalado al Estado tres millones de hectáreas". Y mostró su asombro al saber que "Parques Nacionales hace una declaración diciendo que el proyecto no afecta... No quiero decir que hay corrupción pero hay verticalismo". La frase parecía dirigida a Ezcurra, actual vicepresidente de APN.

Compensaciones. En el aspecto más controvertido, Moreno presentó un "Plan de Compensaciones Ambientales para los impactos que no pueden ser mitigados”. Por un lado, se propuso la "creación de nuevas áreas protegidas que abarcan 337 mil hectáreas". “De punto a punta del río es un área de extrema fragilidad ambiental y un área prioritaria para la conservación”, pareció contestarle Casañas. Por otra parte, se anunció que se erradicarían tres basurales a cielo abierto, que afectan al macá tobiano porque alimentan la proliferación de aves competidoras como la gaviota. Frente a ello, la respuesta contundente es que se trata de una responsabilidad del Estado que no puede usarse como elemento de negociación.

Durante la audiencia, una de las respuestas más firme vino de la FVSA: "No estamos analizando las acciones de compensación porque creemos que la obra no debe hacerse", expresó su actual director, Manuel Jaramillo. Y fue más incisivo al recordar que por la construcción de la represa Urugua-í, en Misiones, se extinguió el pato serrucho. "Esa obra la hizo la empresa SOCMA, y también hubo sobreprecio". La mención a la empresa de la familia Macri en este contexto fue uno de los puntos más elevados de crítica al Presidente. Y más aún cuando las obras también fueron sospechadas de corrupción en el anterior gobierno, en la órbita del ex-Ministro Julio De Vido, quien se manifestó en la audiencia por la continuidad de las obras.

“La contaminación institucional también se repite", fue la frase más destacada de Daniel Sabsay. El abogado, ex-director de FARN, y quien se hiciera conocido por su enfrentamiento con Cristina Fernández, comparó las situaciones que atravesó la obra en los dos gobiernos. Enfatizó para ello la "presencia del subsecretario Jorge Marcolini, polifuncionario, porque el que va a realizar el estudio va a ser controlado por sí mismo. Esto me recuerda a De Vido y su mujer". Del mismo modo advirtió que no se cumple con la Ley de Ética Pública y que "un funcionario debe ser el primero en ponerse adentro de la Ley".

Esta situación irregular fue primero denunciada por el Senador Fernando "Pino" Solanas en la audiencia y además fue llevada a la Justicia junto con el abogado ambientalista y actual candidato a diputado nacional, Enrique Viale. En la causa se explicita que Marcolini efectuó el Informe de Impacto Ambiental desde EBISA y es a su vez Subsecretario de Energía Hidroeléctrica. Para Solanas, el proyecto se trata también de "un ejemplo de la continuidad de proyectos entre Kirchner y Macri". Advirtió como mucho de los expositores que esto se debe a los contratos firmados con China, y que “es atentatorio contra el interés nacional y el cuidado del medio ambiente”.

"Las represas están ayudando a cerrar la grieta. No hay mayor oposición entre los partidos", expresó también Manuel Jaramillo. Esta fue una de las ideas que más circuló entre los representantes de las ONGs. Y, de hecho, a pesar de ser una instancia para escuchar las voces de la sociedad civil, gran parte del tiempo de exposiciones lo utilizaron el gobierno nacional y provincial (PRO y Frente para la Victoria) que defendieron en conjunto la realización del proyecto. En este punto, Andrés Nápoli de FARN manifestó su preocupación por declaraciones del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, de que se trata de "pasar por la formalidad de la audiencia" para arrancar con la obra.

En contraste, la buena noticia de la Audiencia tal vez pueda ser que las ONGs siguen demandando con el mismo rigor al Estado en cumplimiento del interés público, más allá de que ex-directivos estén hoy "del otro lado del mostrador". "Vivimos en un país raro. Donde ya no defendemos la naturaleza sino el sentido común. Estamos aquí para defender a nuestro país de su gobierno de turno", manifestó Claudio Bertonatti, quien tuvo una mala experiencia en su último paso por la gestión pública. A su vez, hizo énfasis en que la cuenca del Río Santa Cruz es "un sitio sagrado, con 170 sitios arqueológicos", algunos de los cuales podría quedar bajo el agua por las represas.

También la agrupación Los Verdes participó con una presentación en contra del Informe, aunque valoró "las modificaciones para disminuir los impactos". Su principal referente estuvo presente en la Audiencia, pero no hizo uso de la palabra en su rol de diputado. Desde su cuenta, Villalonga no se sumó a la campaña #RioSantaCruzSinRepresas y se expresó en los términos de "un proyecto que arrastra polémicas". Sí lanzó una encuesta on-line que tuvo como resultado que el 64 % se manifestó en contra. "Bastante previsible que la audiencia pública de ayer refleje fuertes preocupaciones y demandas", concluyó. Si tuviera que emitir su voto en la Cámara, ¿se uniría al rechazo generalizado de la sociedad civil?

Pedro Froedroch, en este contexto de participación de ex-integrantes de ONGs en el gobierno, realizó "un llamado a las personas que toman decisiones en este temática. Si no hacemos cosas extraordinarias el problema no lo vamos a resolver. Si no es el momento de hacer algo extraordinario, ¿cuándo lo será?". Del mismo modo, Fernando Miñarro, Director de Conservación de FVSA, manifestó: "Ojalá podamos contarle a nuestros nietos que tuvimos autoridades con el coraje de defender el último río glaciario libre del país".

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