Agustín Piaz analizó en su tesis doctoral la protesta social y la discusión
pública en torno a los movimientos ambientalistas que cuestionan el
desarrollo de la energía atómica en la Argentina. Los casos del
Centro Atómico Ezeiza y Dioxitek.
por Gaspar Grieco
Agencia TSS - Por
el riesgo asociado a la producción de daños irreversibles para la
salud y el medioambiente, la energía nuclear es una de las fuentes
energéticas más cuestionadas del mundo. Las imágenes de los
“hongos” nucleares en Hiroshima y Nagasaki, de las malformaciones
genéticas producto de la fuga radioactiva en Chernóbil o de una
Fukushima abandonada tras la explosión de su central nuclear están
presentes en todas las consignas de las manifestaciones antinucleares
del mundo. Son imágenes fuertemente arraigadas en el imaginario
colectivo que suelen reaparecer de distintas formas: desde Homero
Simpson jugando con desechos nucleares en la planta nuclear de
Springfield hasta la canción “Otro día para ser”, del grupo
argentino de heavy metal Hermética, que en 1986 denunciaba “Más
tecnologías, por más energía / fuga radioactiva del progreso”.
En el campo de la
industria nuclear, la Argentina es -junto con Brasil- uno de los
países más avanzados de América Latina y uno de los 10 países con
mayor desarrollo en el mundo. Cuenta con tres plantas de producción
de energía nucleoeléctrica -Atucha I, Atucha II y Embalse-, tres
centros atómicos que se dedican a la investigación y desarrollo de
tecnología nuclear -el Centro Atómico Ezeiza, el Centro Atómico
Constituyentes y el Centro Atómico Bariloche- y diversas empresas
estatales vinculadas al proceso productivo de la nucleoelectricidad
-como la planta productora de dióxido de uranio Dioxitek, la fábrica
de combustibles nucleares argentinos CONUAR y la planta productora de
agua pesada de la empresa neuquina de servicios de ingeniería ENSI.
Agustín Piaz,
coordinador de la nueva Licenciatura en Estudios de la Comunicación
y docente de la carrera de Comunicación Audiovisual de la UNSAM,
analizó en su tesis doctoral en Ciencias Sociales (Universidad de
Buenos Aires) la resistencia al uso y desarrollo de la tecnología
nuclear en la Argentina. Dirigido por Ana María Vara, secretaria
académica de la Escuela de Humanidades, Piaz analizó la protesta
social y la discusión pública en torno a los movimientos
ambientalistas que cuestionan aspectos de la política nuclear
argentina.
“Estudié los
casos de resistencia para poder identificar y caracterizar a los
actores que los promueven. Lo que observé es que, si bien no se
trata de grupos ambientalistas masivos, sus promotores han sostenidos
el reclamo desde la vuelta de la democracia, en 1983”, dice Piaz, y
agrega que, a diferencia de las protestas contra la megaminería y el
agronegocio -cuyos actores principales son las empresas extranjeras-,
la industria nuclear es completamente nacional. “La Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) promueve el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, que es el camino para industrializar y
desarrollar el país”, asegura.
Jorge Sabato, uno
de los investigadores argentinos más reconocidos en el campo de la
ciencia y la tecnología, definía a la energía nuclear como una
“industria industrializante”, es decir, una industria que, para
desarrollarse, requiere de otras especialidades como la ingeniería
en materiales, la metalmecánica, la metalurgia o la informática. La
energía nuclear, entendida como tecnología de propósitos
generales, fue una apuesta que comenzó durante el primer Gobierno de
Perón, con el desarrollo del Plan Nuclear Argentino en 1950.
“No hay que
olvidar que la Argentina hace desarrollo nuclear desde hace muchos
años. Hemos alcanzado un conocimiento de esa tecnología que nos
posiciona en la elite mundial y contamos con científicos y
tecnólogos muy capacitados. No obstante, no creo que haya que
desconocer los cuestionamientos o críticas al desarrollo nuclear. La
realidad es que hay gente que lo discute y conocer sus argumentos es
importante”, afirma.
De esta agua no
has de beber. ¿O sí?
El Centro Atómico Ezeiza (CAE) fue inaugurado en 1967 en el partido bonaerense que le da su nombre. Se trata de un polo industrial que cuenta con diversas instalaciones dedicadas a la investigación y al desarrollo de tecnología nuclear, entre las que se destaca el RA3, un reactor utilizado para la producción de radioisótopos para usos médicos e industriales.
Desde los
ochenta, el CAE estuvo en el centro de las discusiones planteadas por
los vecinos de los partidos de Esteban Echeverría, Ezeiza y La
Matanza, preocupados por el posible impacto ambiental de su
actividad. Uno de los métodos del CAE para deshacerse de los
residuos de uranio -material clave para la producción de
combustible nuclear-, es el descarte en las napas de agua. Por las
características del suelo arcilloso, en su momento la CNEA aseguró
que el mineral queda retenido y no llega al agua de consumo.
Encabezados por
Valentín Stiglitz, un reconocido pediatra de la zona, los vecinos
denunciaron un aumento de los casos de cáncer y enfermedades
digestivas, que atribuyeron al tratamiento de los residuos de uranio
del CAE. “Los vecinos denunciaron al CAE y el juez Alberto Santa
Marina ordenó hacer estudios del agua. Esto es interesante porque, a
raíz de un reclamo de la sociedad, comenzó a producirse
conocimiento científico”, señala Piaz.
Gracias a los
estudios realizados entre marzo y abril de 2004 por la Autoridad
Regulatoria Nuclear (ARN) y el Laboratorio Químico del Instituto de
Tecnología Minera (INTEMIN) -por entonces perteneciente al
Ministerio de Producción de la Nación-, en 46 pozos seleccionados
se detectó en el agua la presencia de diferentes concentraciones de
uranio. En algunos pozos se llegó a detectar un microgramo de uranio
por litro; en otros, 15; en otros, 30; y, en otros, más de 50. A
comienzos del nuevo milenio, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomendaba un máximo de 15 microgramos de uranio por litro,
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)
fijaba el límite en 30 y la legislación argentina establecía que
el máximo permitido para el agua de consumo era de 100. Basándose
en la reglamentación argentina, el juez a cargo de la causa
desestimó la denuncia a fines de 2005 y aseguró, a partir de
múltiples estudios realizados, la inexistencia de contaminación
radiactiva.
Pero, ¿cómo se
establecen los valores de contaminación? ¿Qué entidades
intervienen? “En su primera edición, de 1993, la Guía para la
calidad de agua potable de la OMS fijó los valores máximos de
uranio en agua en 140 microgramos; en 1998 los bajó a 2; luego, en
2003, los llevó a 9; en 2004 los elevó a 15; y ahora están en 30,
desde la quinta edición de 2011”, apunta el investigador.
El caso Dioxitek
En 1976, año en que la Argentina comenzaba a hundirse en la dictadura militar más sangrienta y económicamente devastadora de su historia, el sector nuclear tuvo un impulso sin precedentes. Uno de los grandes avances que experimentó durante ese período fue la decisión de construir una planta productora de dióxido de uranio en el barrio Alta Córdoba de la capital cordobesa, cuya instalación comenzó en 1982. Debido al aumento demográfico registrado en esa misma década, la planta quedó rodeada de viviendas y los vecinos comenzaron a elevar reclamos por la potencial contaminación ambiental.
Organizaciones
ambientalistas, como la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente
(FUNAM) -creada por el destacado biólogo Raúl Montenegro-,
visibilizaron los reclamos gracias a la repercusión que tuvieron en
los medios. Debido a la presión ejercida por esos grupos la CNEA
dispuso la relocalización de la planta en la localidad cordobesa de
Despeñadero, pero también enfrentó la resistencia de diversos
grupos ambientalistas.
A comienzos del
año 2000, la CNEA propuso trasladar la planta a la provincia de
Mendoza, pero, ante la resistencia local e intentos fallidos de
relocalización en La Rioja y las localidades cordobesas de Río
Tercero y Embalse, se decidió el traslado hacia la provincia de
Formosa.
“De acuerdo con
los estudios de riesgo ambiental desarrollados en ese momento, San
Rafael era el mejor lugar para instalar la planta productora de
dióxido de uranio, pero como es una zona que trabaja con el turismo
y la producción vitivinícola, los vecinos y las autoridades
municipales se opusieron. Entonces, la posición de Formosa fue: ‘Nos
traen una planta que no quiere nadie’. En ocasiones, puede que la
resistencia no tenga los efectos más funcionales para la disminución
del riesgo. El argumento esgrimido por aquellos movimientos
ambientalistas fue que no querían una planta purificadora de uranio
cerca de sus casas por la posible existencia de contaminación”,
dice Piaz.
Los miedos tienen
sus razones: la contaminación nuclear con plutonio permanece en el
medioambiente por 240.000 años. Y, según la OMS, la radiación
ionizante (en el caso de producirse un accidente) puede provocar
mutaciones genéticas, afectar el funcionamiento de órganos y
tejidos, y producir efectos agudos como enrojecimiento de la piel,
caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de
irradiación aguda. El organismo también advierte que sigue
existiendo un riesgo de efectos a largo plazo, como el cáncer, que
puede tardar años o incluso decenios en aparecer.
Los manifestantes
Piaz afirma que los manifestantes saben más de lo que uno podría imaginarse: “En el grupo de los resistentes hay biólogos, médicos, peritos hidrogeólogos, profesionales de radioactividad e ingenieros nucleares que elaboran los informes. Asimismo, el saber de la experiencia local también cuenta. Es decir, hay actores expertos de los dos lados, con argumentos políticos, culturales, económicos y técnicos”.
No obstante, el
investigador señala que, si bien se trata de grupos pequeños, las
manifestaciones en contra de la energía nuclear en la Argentina se
enmarcan en un ciclo de protesta ambiental que está vigente en toda
América Latina: “Cuando ocurre un accidente, hay una oportunidad
política para instalar la discusión, y sabemos que estas
discusiones adquieren bastante visibilidad. América Latina está
cuidando sus recursos y se protesta en defensa del ambiente. Es en
ese contexto que las protestas antinucleares se multiplican”.
En ese sentido, y
en un contexto actual de desfinanciamiento de la ciencia y la
tecnología, Piaz considera relevante “que la CNEA y la
investigación nuclear en la Argentina se mantengan activas. Hay que
capitalizar la inversión hecha hasta ahora y valorar a nuestros
científicos y tecnólogos, que son de primer nivel”.
Fuente:
Gaspar Grieco, Controversia nuclear, 13/07/17, TSS.
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