Se
trata de El Gran Dorado III que Gama iba a construir en San Antonio
de Arredondo. La jueza admitió un recurso de amparo contra la firma,
el municipio y la Provincia. El instrumento legal fue presentado por
la ONG Adarsa en 2013.
La
jueza de Segunda Nominación de Villa Carlos Paz, Viviana Rodriguez,
admitió este miércoles el recurso de amparo ambiental presentado
por la Asociación de Amigos del río San Antonio (Adarsa) contra la
empresa GAMA, la Municipalidad de San Antonio de Arredondo y la
Provincia en 2013.
De
esta manera, la empresa no podrá construir el emprendimiento
inmobiliario El Gran Dorado III. De todas formar, la firma tiene la
posibilidad de apelar el fallo.
Pero
la jueza también ordenó a la empresa a “recomponer el daño
ambiental producido por el desmonte llevado adelante en el predio, en
un plazo de 180 días a partir de que quede firme la presente
resolución, previo relevamiento del daño que deberá realizarse en
conjunto con la Secretaría de Ambiente y de Bosques de la Provincia
de Córdoba”.
La
resolución judicial también declara como inconstitucional “por
vicio de ilegalidad”, la ordenanza N° 034/12 dictada por la
municipalidad de San Antonio de Arredondo, la cual autorizaba la
construcción del emprendimiento privado.
La
jueza ya había obligado a la Provincia a organizar una audiencia
pública que finalmente se concretó en enero pasado, con un record
de asistencia: 402 personas.
La
aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia
de este y otros emprendimientos ya se cobró las imputaciones de dos
exfuncionarios, Raúl Costa y Federico Bocco, extitulares de la
repartición.
Argumento
En su
momento el argumento de Adarsa para presentar el amparo ambiental se
basaba en que el emprendimiento está en un área de reserva y según
la ley nacional 26.631 de bosques nativos, en zona roja, en la cual
no se puede realizar ninguna tipo de desmonte como realizó la
empresa.
El
emprendimiento consistía en condominios en altura en un predio
serrano de 56,8 hectáreas, de las que iban a ser intervenidas 19,5
hectáreas.
Fuente:
La Justicia frena un barrio privado y ordena reparar el daño ambiental, 31/05/17, La Voz del Interior. Consultado 01/06/17.
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