martes, 13 de junio de 2017

Desafío democrático ante la cuestión nuclear

por Martín Lozada

La iniciativa de instalar una planta nuclear en la zona atlántica de la provincia de Río Negro permitirá verificar si el diálogo y el debate tienen lugar dentro de las prácticas institucionales del presente.

Asegurar que los asuntos públicos sean resueltos conforme una discusión que involucre a todos los potencialmente afectados por la decisión que vaya a tomarse resulta una prueba de madurez política nada desdeñable.

La discusión pública permite el traspaso de información y propuestas que son así sometidos a la opinión de los intervinientes en ese intercambio.

Ella requiere, sin embargo, que el acceso y las oportunidades de hacerse escuchar sean iguales, y que no medien discriminaciones o coacciones que limiten la voz de los implicados.

Según el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, la democracia representativa, con su consabida elección de representantes políticos, no basta para resolver los problemas relativos a la toma de decisiones públicas.

Y tal cosa por cuanto hay perspectivas de la realidad, aspiraciones e intereses sectoriales, que no pueden incorporarse a través de la sola acción de esos representantes políticos.

La toma de decisiones políticas, según quienes postulan una democracia deliberativa, se enriquece a través de la participación directa de los propios grupos interesados en la temática de que se trate.

Por ejemplo, para un adecuado trato legislativo relativo a las personas discapacitadas, es indispensable contar con la voz y participación de aquellas.

No hacerlo, en tanto tema que los afecta directamente, puede conducir a que la decisión final no contemple sus intereses y necesidades.

Las formas de democracia participativa, a su vez, también suponen un incremento sustancial de los espacios de involucramiento por parte de los ciudadanos.

Tal cosa se ha venido produciendo, en términos institucionales, mediante la incorporación de las formas semidirectas de democracia, a modo de referendos, plebiscitos, consultas populares y revocatorias de mandato.

Luego, mediante el dispositivo de las audiencias públicas, que ponen al alcance de los miembros de una comunidad distintas posibilidades de intervención durante los procesos de toma de decisión.

En nuestro país, el derecho público provincial se anticipó al nacional al receptar medios para canalizar la participación ciudadana en las constituciones.

Prueba de ello resulta el artículo 2º de la Constitución de la Provincia de Río Negro, que estipula: “El poder emana del pueblo, quien delibera y gobierna por medio de sus representantes y autoridades legalmente constituidas, con excepción de los casos del referéndum, consulta, iniciativa y revocatoria populares”.

Suiza y California son dos lugares emblemáticos en donde se ensayan modos de la democracia directa, a través de referendos e iniciativas populares vinculantes, que de algún modo condicionan la política del Ejecutivo.

El pueblo suizo, por ejemplo, goza del derecho de someter a referéndum cualquier ley que aprueben sus representantes estatales, autonómicos o municipales.

En California, durante los años sesenta, el número de consultas populares fueron nueve; en los noventa llegaron a 61 y desde 2000 a 2010 alcanzaron las 74.

En nuestro ámbito cultural se destaca la experiencia uruguaya. Allí, mecanismos inherentes a la democracia directa están a disposición del Poder Ejecutivo, y también de la voluntad popular y de la del parlamento.

A punto tal de haber actuado como un notable factor de legitimación política.

Suele argumentarse que la participación colectiva complejiza y hace más lentos los procesos de tomas de decisiones. Sin embargo, el criterio para medir la calidad de las opciones políticas no debiera ser el mismo que rige las adoptadas a nivel empresarial.

Las más importantes medidas políticas merecen ser socialmente legítimas y justifican mayores esfuerzos y tiempo en los procesos decisorios. No sería conveniente perder de vista que, en muchos casos, son momentos de aprendizaje colectivo que sirven para potenciar la construcción de un determinado bien común.

Las más importantes medidas políticas merecen ser socialmente legítimas y justifican mayores esfuerzos y tiempo en los procesos decisorios.

Fuentes:
Martín Lozada, Desafío democrático ante la cuestión nuclear, 12/06/17, Río Negro. Consultado 13/06/17.
La obra de arte que ilustra esta entrada es "Reactor" del artista Cris Hernández.

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