Relaciones cruzadas en los controles ambientales

Funcionarios actuales de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba fueron antes directivos en empresas o dueños de consultoras en el tema. También hay vínculos entre autoridades y un instituto encargado de hacer análisis a pedido del Estado. Legislador cuestionado. Por qué hacen tanto ruido estos casos. Britch: Hacemos un gran esfuerzo para profesionalizar el área.

por Lucas Viano

Parece que el mundo de los residuos peligrosos es muy pequeño en Córdoba. Tanto que actuales funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la Provincia alguna vez fueron directivos de la empresa Taym, una de las principales operadoras de estos desechos en Córdoba, que ahora está en el ojo de la tormenta.

El nombre que hace ruido es el de Gustavo Savanco, quien trabajó para el área de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente hasta septiembre de 2016, según confirmaron desde este organismo. Esta misma persona fue jefe de planta de Taym SA por lo menos hasta 2011. En octubre de ese año, participó de unas jornadas sobre ambiente en representación de esta empresa.

En un documento de marzo de 2008 al que pudo acceder La Voz, Savanco aparece firmando como representante técnico de Taym SA para solicitar más información sobre un trámite que esta empresa estaba realizando ante la Secretaría de Ambiente.

El expediente (0517-003622/2004) tiene fecha de inicio en 2004. Ese año, una auditoría determinó una situación irregular en la planta de tratamientos que Taym tiene cerca de Bouwer y que hace unos días se inundó por las fuertes lluvias en la zona. Savanco nunca fue designado oficialmente en su puesto. Desde la Provincia, reconocieron que ocupó ese lugar, pero que, desde septiembre de 2016, el encargado de Residuos 
Peligrosos es Eduardo Garro.

Desde abril de 2016 hasta marzo de este año, Savanco recibió una “ayuda económica” mensual de 4.800 pesos en el marco del programa Guardianes Ambientales, del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. La Voz pudo acceder al listado de voluntarios de 2016-2017 de este programa que está activo desde 2014.

Savanco es ingeniero civil y especialista en Ingeniería Ambiental, recibido en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Relaciones con la UTN

En tanto, Javier Britch, el actual secretario de Ambiente de la Provincia, fue durante mucho tiempo codirector del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (Ciqa) de la UTN Córdoba. Todavía figura en su sitio web.

Ciqa es la institución a la que el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (Ersep) recurrió para realizar los análisis de agua potable y cruda del canal Los Molinos luego del anegamiento que sufrió la planta de Taym.

Lo mismo sucede con Natalia Nachef, directora general de Instrumentos y Políticas de Gestión Ambiental de la Provincia desde enero de 2016. Entre 2009 y 2013 fue responsable del área de Gestión e Impacto Ambiental de esta institución de la UTN.

Héctor Macaño, director del Ciqa, aseguró que Britch está con licencia desde que es funcionario provincial, hace cinco años. “La página web no está actualizada”, reconoció. Y agregó: “La gente debe estar tranquila de que no hay nada raro. Los que firmamos los informes de los análisis nos hacemos legalmente responsables. Está mi matrícula profesional en juego”.

En la ley de bosques

Otro caso es el de Sergio Nirich. En diciembre de 2015, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunció que Nirich, asesor de Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, también figuraba como dueño de una consultora ambiental, llamada Moebius. Su socia era Flavia Franchi Lamberti, su esposa (al menos hasta 2014).

“La denuncia fue presentada a la Defensoría del Pueblo de la Nación porque en la maquinaria judicial de Córdoba todos estos temas se archivan”, aseguró Raúl Montenegro, de Funam. El organismo nacional también desestimó el pedido de la ONG.

Según el escrito de Funam, al que se adjuntaron varios documentos, Franchi Lamberti figuraba como asesora ambiental en varios proyectos. El más reciente es el 0517-020304/2014, por un loteo sobre la ruta E-53.

El cortocircuito se genera porque, en diciembre de 2014, Nirich asumió como coordinador de la Unidad Ejecutora del Proceso y Programa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, de la Secretaría de Ambiente, que tenía por objetivo reactualizar el mapa de la ley de bosques.

“¿Con qué imparcialidad Sergio Nirich puede contribuir a redefinir las zonas rojas, amarillas y verdes de la ley de bosques, habida cuenta de que sus clientes pretenden implantar sus loteos en zona de bosque nativo?”, se preguntaba Funam en la denuncia ante la Defensoría.

En este texto, Funam decía que era conveniente “tomar alguna medida precautoria para tener copias certificadas de los contenidos de páginas web correspondientes a la empresa Moebius y a sus propietarios”. Efectivamente, ya no existe la página web mencionada y Nirich asegura que la consultora Moebius se desarmó.

De todas formas, Franchi Lamberti figura en el último listado oficial de consultores ambientales, fechado en agosto de 2016.

La imparcialidad de Nirich como asesor de la Provincia también fue cuestionada durante la polémica instalación de Monsanto en Córdoba. El 11 de marzo de 2014, La Voz publicó que Nirich sostuvo vínculos profesionales con Jorge Dutto, ingeniero responsable del estudio de impacto ambiental de Monsanto.

Dutto trabajó con la empresa Innviron, la misma que en 2010 ofreció instalarse en Córdoba con un proyecto realizado por Nirich.

Nirich admitió estos vínculos. “No soy funcionario (de la Provincia), no firmo expedientes ni tengo incidencia en los trámites; sólo asesoro al ministro en cuestiones hídricas y ambientales”, argumentó.

En el caso Innviron, Nirich protagonizó otro hecho cuestionable. En 2010, fue representante de esta empresa, que estuvo a punto de quedarse con el tratamiento de residuos urbanos en Córdoba, en 
Villa María y en Río Cuarto, pero que al final resultó ser un fiasco. Meses antes había trabajado como funcionario en Obras Públicas del municipio capitalino.

Legislador cuestionado

Isaac “Chachi” López es uno de los coautores del proyecto de ley presentado a fines de 2016 para cambiar la ley de bosques. Integra la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Y también fue acusado de violar la normativa actual. Relaciones cruzadas en los controles ambientales.

Otro caso de conflicto de intereses es el del legislador provincial de Unión por Córdoba Isaac “Chachi” López.

Es uno de los coautores del proyecto de ley presentado a fines de 2016 para cambiar la ley de bosques. También es integrante de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

Y también fue acusado de violar la normativa actual. Según explicó a este diario, el legislador por Tulumba pidió hace varios años una autorización a la Secretaría de Ambiente para realizar un desmonte selectivo en 1.800 hectáreas para afectarlas a la ganadería en un predio de su familia.

“Por un error de cálculo se cortaron unas ‘cortinas’ (de árboles nativos), pero mi padre pagó la multa y remedió el error en los términos previstos por la ley”, aseguró López a fines de 2016.

Antes de que Javier Britch asumiera, el secretario de Ambiente era Germán Pratto, quien 
también tiene el expediente manchado.

Por qué hacen tanto ruido estos casos

El rol de los organismos ambientales en los distintos niveles gubernamentales debe ejercerse con el mayor celo posible. Relaciones cruzadas en los controles ambientales.

por Lucas Viano

Muchos empresarios y directivos de empresas han sido y son funcionarios públicos a nivel municipal, provincial y nacional. Esto no constituye un acto de corrupción ni tampoco una falta ética. Pero en los temas ambientales, la discusión puede ser más vidriosa.

El ambiente es patrimonio de toda la población de una ciudad, de una provincia o de un país.

El artículo 41° de la Constitución Nacional lo explica con más claridad: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

La idea de que las actividades productivas actuales no comprometan a las generaciones futuras no es muy tenida en cuenta en Argentina, tanto desde el Estado como desde las empresas (y también desde los ciudadanos).

Se piensa que el planeta y sus recursos son infinitos y que aire, suelo y agua podrán absorber para siempre cualquier sustancia contaminante que se les tire.

Infinidades de “accidentes” y tragedias ambientales demuestran lo contrario.

En este marco, el rol de los organismos ambientales dentro de los diferentes niveles gubernamentales debe ejercerse con el mayor celo posible, tanto en las autorizaciones como en los controles.

También debe estar libre de cualquier manto de sospecha. Es allí donde hace ruido la presencia de exdirectivos de empresas y consultoras ambientales (los que necesitan o piden autorización y reciben las auditorías del Estado) en cargos dentro de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.

En temas ambientales, el control ciudadano es clave. El Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 lo dice: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda”.

Y detalla la importancia de que las personas tengan acceso adecuado a la información sobre el ambiente y “la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones”.

Un claro ejemplo de participación ciudadana son las audiencias públicas, que las normativas provincial y nacional prevén dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental de un nuevo emprendimiento productivo.

En los últimos años, estos espacios se han poblado de ciudadanos interesados en dar su opinión.

Ejemplos: el proyecto para realizar una represa en el arroyo Carape (Ascochinga, 13 de junio de 2016), el emprendimiento inmobiliario en el ex Batallón 141 (ciudad de Córdoba, 14 de junio de 2016) y la construcción del country El Gran Dorado (San Antonio de Arredondo, 24 de enero de 2017).

Sin embargo, la audiencia pública ocurre en un solo momento (el inicio) de la historia de un emprendimiento productivo que potencialmente puede dañar el ambiente.

Quizá convendría que el ojo ciudadano esté presente en otras instancias, para despejar dudas y controlar a los que controlan.

Britch: Hacemos un gran esfuerzo para profesionalizar el área

El funcionario explicó que la nueva estructura orgánica de su área se aprobó recién el año pasado. Relaciones cruzadas en los controles ambientales.

Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, desestimó las sospechas que pueden generar estas relaciones cruzadas.

“Parece ser que estamos todos bajo sospecha, pero hacemos un enorme esfuerzo por profesionalizar el área. Esas personas tienen una historia profesional que a veces implica haber trabajado en empresas. Pero no hay dudas de su integridad”, indicó.

El funcionario explicó que la nueva estructura orgánica de su área se aprobó recién el año pasado. “Hemos pedido que sea designado, en el área de Residuos Peligrosos, Eduardo Garro, quien está a cargo del área desde septiembre. Antes estaba (Gustavo) Savanco dándonos una mano. Ahora está trabajando en residuos sólidos urbanos en el programa Córdoba Limpia”, detalló.

Luego defendió la experiencia e integridad de Savanco como asesor de su área.

“Tiene un conocimiento muy amplio sobre residuos peligrosos por su paso por Taym, de donde fue echado, con lo cual su vínculo no es muy bueno con esa empresa. Es una de las personas que más saben de residuos en Córdoba. Y es una persona íntegra, que no va a tener ninguna concesión por haber trabajado antes en una empresa”, aseguró Britch.

Sobre su paso por el Ciqa, el funcionario también descartó que eso pueda afectar los resultados de los estudios que le encargan a este centro de la UTN.

“No se puede poner en duda a un centro de primer nivel como el Ciqa. El que piense que por haber trabajado allí puedo digitar algún resultado no conoce cómo funciona el sistema científico del país. Se pueden cuestionar las decisiones que se toman con esos resultados, pero jamás se puede meter una mano a los números”, dijo.

Fuentes:

Lucas Viano, Relaciones cruzadas en los controles ambientales, 16/04/17, La Voz del Interior. Consultado 17/04/17.

Legislador cuestionado, 16/04/17, La Voz del Interior. Consultado 17/04/17.

Lucas Viano, Por qué hacen tanto ruido estos casos, 16/04/17, La Voz del Interior. Consultado 17/04/17.

Britch: Hacemos un gran esfuerzo para profesionalizar el área, 16/04/17, La Voz del Interior. Consultado 17/04/17.