por
Juan Parrilla
El
tribunal internacional popular que analizó en La Haya la historia de
la multinacional Monsanto -comprada el año pasado por Bayer-
encontró a la empresa culpable del delito de ecocidio, de crímenes
de guerra, de violaciones de los derechos a un medio ambiente sano y
equilibrado, a la salud y a la alimentación, y de quebrantar la
libertad científica.
Monsanto,
que desde principios del siglo XX ha comercializado productos
altamente tóxicos, como el PCB, el 2,4,5-T, el herbicida Lasso y el
famoso Roundup, elaborado a base de glifosato, fue sometida a un
tribunal ético integrado por cinco prestigiosos jueces, entre ellos,
la argentina Eleonora Lamm, subdirectora de derechos humanos de la
Suprema Corte de Mendoza. Para ello, se utilizaron los mismos
procedimientos que utiliza la Corte Penal Internacional de La Haya,
pero la compañía se negó a participar.
La
idea fue impulsada por más de mil organizaciones no gubernamentales
de todo el mundo. Si bien el tribunal era simbólico, sus
conclusiones empezarán a ser usadas en demandas a lo largo y ancho
del planeta, y se usarán para intentar que se modifique el Estatuto
de Roma y se incluya la figura del ecocidio.
Quizás
lo más esperado fue justamente la conclusión en torno a ese tipo
penal, el ecocidio, un término que empleó públicamente por primera
vez en 1970 el biólogo Arthur Galston, cuya investigación en el
Departamento de Botánica de la Universidad de Yale condujo a la
invención del agente naranja. La conclusión de los jueces no dejó
lugar a dudas. "Si el delito de ecocidio se reconociera en el
derecho penal internacional, las actividades de Monsanto posiblemente
constituirían un delito de ecocidio en la medida en que causan daños
sustanciosos y duraderos a la diversidad biológica y los
ecosistemas, y afectan a la vida y la salud de las poblaciones
humanas", advirtió el fallo.
El
primer punto tratado en el fallo es si Monsanto vulneró el derecho a
un ambiente sano y equlibrado, que es una precondición para el
ejercicio de todos los derechos humanos. Para ello, los expertos
analizaron testimonios de investigadores que detectaron casos de
malformaciones en Argentina y Francia causadas por el glifosato,
enfermedades renales crónicas por la aplicación de Roundup en Sri
Lanka y la suba de las tasas de cáncer en Brasil. También se
mencionó la pérdida de diversidad y fertilidad de los suelos, la
contaminación de las explotaciones agrícolas con transgénicos, y
las deficiencias de salud de los cerdos alimentados con plantas
modificadas genéticamente.
Hubo
más. Se habló de la falta de información a las comunidades,
fundamentalmente indígenas, en todo el mundo, la contaminación
producida por la canola transgénica en Australia y Canadá, la
imposibilidad de obtener un buen rendimiento en los cultivos de
algodón modificado genéticamente, los intentos de Monsanto de
monopolizar el mercado de semillas en la India, la fumigación aérea
de glifosato en la guerra fallida contra las drogas y la
contaminación con glifosato de las fuentes de agua en la Argentina,
muy estudiada en el caso del río Paraná.
Frente
a semejante nivel de pruebas, la conclusión fue tajante. "Monsanto
ha incurrido en conductas que tienen efectos graves y negativos en el
medio ambiente y han afectado a innumerables personas y comunidades
de muchos países, así como a la salud del propio entorno, con las
consiguientes repercusiones en las plantas y los animales y en la
diversidad biológica", estimó el tribunal.
El
segundo punto a tratar, el derecho a la alimentación, llama la
atención porque el combo "siembra directa + transgénicos +
agroquímicos" fue presentado desde el minuto cero como la
tríada que pondría fin al hambre en el mundo, algo que no sólo no
ocurrió, sino que, según el fallo, el mundo siempre estuvo en
condiciones de producir alimentos para todos apelando a la
agricultura tradicional.
En
este caso se tuvieron en cuenta las producciones de arroz de Sri
Lanka, que se volvieron arenosas y redujeron su rendimiento "de
forma significativa", y el ensañamiento con el monocultivo en
ese país, donde en algunas comunidades se reintrodujeron
exitosamente variedades tradicionales de mijo, sésamo, hortalizas,
frutas y cereales con las que se obtuvieron mejores cosechas. Debido
al daño causado por los agroquímicos, en 2015 se prohibieron el
Roundup y otros cinco productos en ese país.
El
tribunal también destacó los "daños producidos en el suelo,
en los nutrientes, que influyeron negativamente en las condiciones
que requieren los cultivos, y en las corrientes de agua utilizadas
para el mismo trabajo agrícola".
Además,
tuvo en cuenta el testimonio de dos argentinos. Por un lado, el
médico rosarino Damián Verzeñassi, quien señaló, en particular,
que "donde anteriormente se habían producido alimentos, ahora
había plantas transgénicas toxicodependientes que habían afectado
a la producción lechera y ganadera". El otro es el productor
Diego Fernández, que posee 150 hectáreas en Santa Fe y contó cómo
lo afectó la producción de soja transgénica a partir de 1996, que
cada vez requería un mayor uso de Roundup y desplazó al ganado.
"Antes de la conversión del campo utilizaba 1 litro de Roundup
por hectárea cada año; después de la conversión utilizaba entre
10 y 12 litros, lo que causó la compactación del suelo, la muerte
de las raíces y una reducción de la actividad microbiológica. La
compactación del suelo provocó también inundaciones porque el agua
había dejado de filtrarse. Otra consecuencia que señaló fue la
aparición de plantas invasivas resistentes a los herbicidas",
recordaron los jueces. Hubo testimonios similares de agricultores de
México, de la India, de Burkina Faso y de Bangladesh.
"Los
testimonios citados revelan que, en todos los casos, se ha producido
una vulneración del derecho a la alimentación de la que han sido
víctimas los testigos y las comunidades, así como las personas
mencionadas por los testigos", indicaron los jueces.
La
afectación al derecho a salud fue posiblemente la más fácil de
demostrar, ya que incluso hay jurisprudencia en varios países. En
este punto fue muy sólida la exposición del médico Verzeñassi,
quien dirige el Instituto de Salud Socioambiental, de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. El experto encabeza
un proyecto titulado "Campamento sanitario" en cuyo marco
se han realizado estudios en 27 localidades de cuatro provincias
argentinas. Después de recopilar datos de 96.874 personas de dichas
localidades, observó que en esas zonas hay altísimas tasas de una
serie de enfermedades vinculadas al uso de cultivos de organismos
modificados genéticamente y en la exposición al glifosato producido
y comercializado por Monsanto.
Al
respecto, los magistrados no sólo hicieron hincapié en los daños a
la salud física, sino también la mental, y pusieron énfasis en los
efectos perjudiciales del PCB, el glifosato y los transgénicos.
Otro
tema que también se sintió de cerca en Argentina es la libertad
indispensable para la investigación científica, una cuestión
archiconocida por los ambientalistas en el país, a partir de las
persecuciones que sufrió el fallecido médico Andrés Carrasco,
luego de sus históricas investigaciones sobre los efectos del
glifosato en animales vertebrados. En el Salón Illia del Senado,
donde se siguió la transmisión de la lectura de la sentencia, hubo
un cerrado aplauso una vez que se conoció el fallo y se invitó a su
esposa, Alicia Massarini, a decir unas palabras.
Varios
testimonios, al decir del tribunal, coincidieron en que "Monsanto
ha empleado de modo habitual tácticas deshonestas, engañosas y
opacas para conseguir la aprobación de sus cultivos obtenidos por
ingeniería genética y sus herbicidas asociados". La empresa
está acusada de operar para desacreditar y paralizar las
investigaciones científicas y debates que suponen una amenaza para
sus intereses comerciales.
Algunas
declaraciones fueron elocuentes, como la del paraguayo Miguel Lovera,
quien trabajó en el Gabinete del ex presidente Fernando Lugo, y que
habló de sobornos a funcionarios y calumnias a los que osaban
criticar. Y en particular, dijo que tras el desplazamiento de Lugo,
"el control reglamentario efectivo de los productos modificados
genéticamente y de los herbicidas dejó de existir y Monsanto tuvo
libertad para introducir algodón, maíz y trigo modificados
genéticamente, a menudo con consecuencias desastrosas para los
agricultores locales y poniendo en grave riesgo las semillas
autóctonas". Hubo testigos similares de Francia, Canadá y
Alemania, entre otros.
El
último tema que se analizó fue si Monsanto fue cómplice de un
crimen de guerra, ya que fabricó el Agente Naranja que los Estados
Unidos utilizaron durante la contienda bélica en Vietnam. El
tribunal aclaró que "no se ha presentado ante el Tribunal
ninguna evidencia relevante", pero aun así concluyó que
"habría que dar crédito a la hipótesis de que se disponía de
pruebas pertinentes en relación con los hechos de que Monsanto",
porque la empresa "proporcionó los medios necesarios para la
campaña estadounidense en Vietnam; sabía cómo se utilizarían sus
productos y tenía información sobre los efectos perjudiciales para
la salud y el medio ambiente".
Fuente:
Juan Parrilla jparrilla@infobae.com, Monsanto, hallado culpable por daños a la salud y el ambiente, crímenes de guerra y ecocidio, 19/04/17, Infobae.
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